Diana Morant limita a 6 las comunidades incluidas en el grupo de trabajo de la LOSU y veta a 6 del PP

La Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas que participan en el grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para abordar el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se ha reunido por primera vez este viernes.

En el grupo de trabajo han participado solo estas seis comunidades autónomas con el objetivo de que el número de participantes «sea reducido» y, además, están representados tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) y los rectores de las universidades españolas, según ha adelantado ABC y ha confirmado Europa Press.

De esta forma, se cuenta con cinco regiones gobernadas por el PP y una por el PSOE, y se dejan fuera a seis del PP y dos del PSOE, además de a las gobernadas por los nacionalistas y regionalistas (Cataluña, País Vasco y Canarias). Esto ha generado el enfado de los consejeros de educación de las regiones marginadas, ante lo que el ministerio ha argumentado que dada «la gran demanda» por parte de las comunidades, haría «inviable su correcto funcionamiento».

El Ministerio ha transmitido a las comunidades autónomas participantes que hagan de cadena de conexión con el resto sobre los temas abordados en la reunión, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Universidades de la Comunidad Valenciana, que aseguran que transmitirán al resto de autonomías lo acordado en el grupo de trabajo.

El grupo de trabajo que aborda el desarrollo de la Ley de Universidades, que será siempre el mismo a no ser que una comunidad autónoma no pueda asistir y entonces podrá dejar su lugar a otra, se volverá a reunir el próximo 15 de febrero. Desde la Consejería de Universidades valenciana han dejado patente que esta reunión, aunque refleja voluntad de acuerdo, «llega tarde», ya que las universidades públicas, en un ejercicio de responsabilidad, «han hecho los deberes».

La reunión de este viernes ha sido una «primera toma de contacto» y no contaba con una orden del día. En ella, se han puesto de manifiesto las intenciones del Ministerio de «flexibilizar y calendarizar» la aplicación de la LOSU, focalizándose en las disposiciones que afectan al régimen docente de los profesores asociados, que con la nueva ley pasa a ser indefinido y se reduce la dedicación docente, lo que tendrá un coste económico.

Las comunidades autónomas han planteado que la ley de Universidades plantea otras dificultades de aplicación vinculadas a las nuevas figuras de ayudante doctor o de profesor sustituto. «Esas cuestiones al principio el Ministerio ha dicho que no estaban previstas, que se iban a ceñir a las que afectan al profesor asociado», precisan las mismas fuentes.

La Comisión de Trabajo para avanzar en la implantación de la LOSU está diseñada con el objetivo de establecer un sistema de financiación de las universidades españolas que les permita alcanzar la disponibilidad de unos recursos que equivalgan al 1 % del PIB en el año 2030, fijando unos criterios comunes mínimos para todo el sistema y estables en el tiempo.

Además, la Comisión se ha puesto a trabajar desde este mismo viernes en una respuesta conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, «bajo el principio de corresponsabilidad, sobre la necesidad de las universidades de incorporar talento, rejuvenecer las plantillas y combatir la precariedad de determinados colectivos de profesorado», según ha informado el Ministerio.

El Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que ha presidido la reunión, ha manifestado la necesidad de que las universidades «dispongan de un profesorado estable, con una carrera profesional bien definida y con plena capacidad de desarrollar sus actividades docentes, de investigación y de transferencia para garantizar así el progreso de España».

Las propuestas que elabore la Comisión de Trabajo se debatirán y aprobarán posteriormente en el seno de la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.