Madrid pretende defendiendo la zona única escolar frente a la intención del Gobierno central de eliminar la libertad para elegir colegio
Educación
Qué es la zona única de escolarización y por qué enfrenta a Pilar Alegría con las comunidades del PP
La Comunidad de Madrid ha mantenido un histórico pulso con el Ministerio de Educación a cuenta de la libertad de las familias para elegir centro educativo, un modelo al que ahora se suman Aragón y La Rioja
La zona única de escolarización es aquel sistema que permite a las familias solicitar el centro que deseen para sus hijos independientemente del barrio o la localidad en la que residan. Para unos, sus defensores, supone defender el principio de libertad de elección de centro, por las cuales sean los padres y no la Administración pública quienes tengan la última palabra. Para sus críticos, es un modelo que provoca que sea los centros quienes elijan a sus alumnos, y no las familias que teóricamente deberían ser las beneficiadas, además de fomentar la segregación del alumnado.
La zona única escolar lleva tiempo enfrentando al Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo central, que deseaba eliminar este principio de libertad de elección de centro, pese a que este sistema lleva implantado en esta región desde hace más de una década.
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La entrada en vigor de la LOMLOE provocó que esta autonomía actualizase en su Decreto aspectos como la puntuación en los criterios de admisión para adaptarse a la normativa estatal, algo que provocó un requerimiento por parte del Ministerio de Educación solicitando modificaciones en al menos cuatro aspectos de este texto.
Aragón y La Rioja apuestan por ella
Ahora, otras comunidades han optado por recuperar la zona única de escolarización, ahondando en la brecha entre las consejerías de Educación autonómicas y el departamento de Pilar Alegría, que desea frenarlo.
Aragón ya ha presentado al Consejo Escolar de esta región el borrador del nuevo decreto de escolarización de cara al próximo curso, cuya principal novedad es la creación de un espacio único para elegir colegio. En el caso de que la demanda se concentrara en el mismo sitio, se crearían anillos de proximidad para ofrecer preferencia. El borrador también incorpora el concepto de proximidad lineal.
La Rioja también optará por recuperar dicha zona. Así lo ha defendido el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ante las críticas de la izquierda. «Qué problema hay en que cada familia elija centro».
El dirigente popular contestaba así, en el pleno del Parlamento, a una pregunta de la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha querido saber qué medidas se van a tomar para que la zona única de escolarización no suponga que el sistema educativo se convierta en segregador.
La diputada de la izquierda ha defendido una «educación pública que garantice el principio de igualdad de oportunidades», considerado que «la zona única de escolarización segrega más de lo que la propia sociedad hace».
«Todos los informes vienen a demostrar que la desigualdad de oportunidades aumenta», ha replicado Moreno pidiendo al Gobierno riojano que deje de «seguir los dictados de la patronal de los concertados».
Enfrentamiento con el Gobierno
Aunque las competencias educativas están transferidas a las autonomías, desde el Ejecutivo central han intentado frenar este tipo de iniciativa.
La LOMLOE establecía desde su entrada en vigor que debía primar el criterio de proximidad al domicilio. Por ello, Pilar Alegría actuó contra Madrid en 2022 «por incumplir la ley estatal», es decir, la también conocida como ley Celaá. Por ello, envió un requerimiento para advertir a Isabel Díaz Ayuso de que la zona única incurría en un incumplimiento «de la normativa estatal básica».
Alegría defendía que aquellos que viven cerca de un colegio tuvieran más puntos, mientras que desde el Gobierno madrileño replicaron que su sistema permitía que los estudiantes de las zonas más desfavorecidas tuvieran la opción de elegir también las mejores escuelas, sin importar dónde se encontraran.
Ante esta disyuntiva, el Ministerio de Educación apeló al artículo 149.1.30 de la Constitución para defender que el Gobierno central tenía la potestad de elaborar las normas básicas, a la vez que invocó el artículo 27 de la Carta Magna que garantizaba la libertad de enseñanza.