La Generalitat quiere promover el catalán en las universidades con privilegios para los profesores que lo usen

El catalán se ha convertido en el gran caballo de batalla del independentismo tras el fracaso del referéndum ilegal del 1 de octubre, y el elemento al que agarrarse cuando las discrepancias entre los separatistas afloran por cuestiones políticas. Y han lanzado el mantra que repiten, de forma machacona, de que «el catalán está en peligro», por el retroceso del uso social. De ahí que el objetivo sea el de catalanizar, aún más, todos los ámbitos, como en las escuelas, la sanidad y las universidades. Y un ejemplo es la «Guía para la elaboración de planes de incremento de la docencia en catalán en las universidades de Cataluña».

El objetivo está claro: quieren que un 80% de las clases de grado se den en catalán en el 2025. Y para ello, no dudan en ofrecer ciertos «privilegios» para los docentes que usen esta lengua y también se hará un seguimiento exhaustivo sobre el cumplimiento de la lengua anunciada en el plan docente para evitar que un profesor cambie al castellano.

En este plan, se deja claro que el uso del catalán «es cada vez más susceptible de retroceder tanto en las aulas como en los pasillos», de ahí que se pida a las universidades que desplieguen «una política de responsabilidad social» por el compromiso «con la lengua propia e histórica de Cataluña». También se dice en el texto que el profesorado y el alumno tienen el derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que prefieran, pero eso sí, se deja claro que «la planificación lingüística de la docencia tiene que garantizar que esta libertad emisiva no vaya en ningún caso en detrimento del derecho a recibir docencia en catalán».

Hay libertad para escoger la lengua, aseguran, pero el departamento de Universidades ha marcado unos objetivos claros: el próximo curso se tiene que conseguir que el 70% de las horas de docencia en los grados de las universidades públicas sean en catalán y que el 80% de asignaturas disponibles esté en esta lengua; y para el 2025-2026 esos porcentajes tienen que subir al 80 y al 90% respectivamente.

El profesorado, clave

¿Y cómo se va a poder conseguir ese objetivo? ¿Cómo se va a hacer esa planificación el profesorado? De entrada, se va a pedir que las universidades, para tener en cuenta cómo está la situación en sus centros, recojan datos como las horas de docencia que se imparten en castellano, catalán y terceras lenguas; la disponibilidad de grupos en cada una de las lenguas, de grupos de catalán en asignaturas con más de un grupo o la disponibilidad de asignaturas en catalán.

Y los profesores, evidentemente, juegan un papel clave. Por ese motivo, en la guía se recuerda que es necesaria la «aprobación de la normativa interna para la acreditación del nivel C1 de catalán por parte del profesorado para garantizar la disponibilidad lingüística para impartir docencia en esta lengua». Pero también contempla que se incluyan «cláusulas de disponibilidad» para utilizar el catalán en los contratos de nuevo profesorado, a los que se les hará «formación sobre la política lingüística de la universidad».

Y otra de las cuestiones que plantea dudas es que se vincule la docencia en catalán a la hora de evaluar los méritos docentes. Es decir, aquellos profesores que usen esta lengua tendrán ciertos privilegios, para, por ejemplo, solicitar años sabáticos, en la movilidad o en la promoción a una categoría superior.

Y, como no, la universidad también tiene que tener en cuenta el envío del informe semestral de quejas e incidencias del Departamento de Universidades. Todo ello, a raíz de los «buzones» de quejas que activaron los centros, a instancias de la consejería, para denunciar a los profesores que cambiaran de lengua docente. Y este es precisamente uno de los puntos en los que más incide la guía, porque, por ejemplo, se dará al profesorado «criterios y estrategias» para mantener la lengua anunciada en la guía docente. Y no solo eso, sino que se incluirá una pregunta sobre si se cumple o no esta cuestión en las encuestas de valoración para los estudiantes. Y, evidentemente, si se detectan incumplimientos, se activará «el protocolo» establecido y se «restituirá la lengua anunciada en la guía docente en el máximo número posible de casos».

Profesores consideran la guía inviable

En cualquier caso, profesores universitarios no acaban de ver claro, ya no solo el contenido de la guía, sino también su aplicación, que consideran prácticamente «inviable» ante la falta de profesorado que ya sufren las universidades en Cataluña, y que, se complicaría aún más, si se le suma el requisito del catalán. Y luego están, aseguran, las dudas legales que existe también sobre las medidas que se plantean.

Así lo expone la profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, que también es miembro de Universitarios por la Convivencia. Ella es de las que cree que esta guía puede hacer «inviable la planificación docente» y que habrá problemas para ajustar las plantillas por esa falta de profesores. Eso es desconocer, explica a El Debate, cómo está la situación.

Fernández Alonso dice que se han encontrado situaciones en que «han desaparecido profesores con los que contabas, porque han encontrado otro trabajo mejor. Y si viene otro, a lo mejor no usa la misma lengua para la docencia». Pero no solo se trata de esta cuestión: «¿Es que un profesor no puede utilizar indistintamente las dos lenguas? ¿Qué tiene que hacer si un alumno le pregunta en una lengua o en la otra? ¿No tiene que cambiar si conoce ambos idiomas?», se pregunta esta docente, que considera que lo único que se consigue con este tipo de medidas es «crear problemas donde no los hay».

Además, esta profesora de la UAB considera que «no se puede forzar a las personas a usar una lengua en concreto». Y, en ese sentido, muestra sus dudas sobre lo que se puede considerar como «un cambio de lengua». Puede ser, explica, que se anuncie la asignatura en catalán, pero «qué pasaría si la bibliografía está en otros idiomas, está en inglés o en español, porque el profesor considera que es necesario». «Esto es como intentar ponerle puertas al campo», precisa.

Además de que duda sobre la legalidad de lo que se pretende, por intentar forzar a las personas a utilizar una lengua en concreto, y que se pueda «primar» a alguien por la lengua en la que se expresa, y no en «cómo expresa» los conocimientos. Y a todo eso hay que añadir «la presión» que supone sobre los docentes. Y todo esto, según Isabel Fernández Alonso, embarra los campus, porque pretende «convertir la universidad en un campo de batalla lingüística».

Esta docente también se pregunta qué criterio pedagógico se sigue o qué gana la universidad para que se propongan medidas de este tipo. «Nada», asegura. Porque, además, dice, se puede perder la atracción de talento y que vengan estudiantes de fuera de Cataluña. Y pone encima de la mesa otra duda: por qué no valen los porcentajes para impartir clases en la educación primaria y secundaria, pero sí valen para las universidades.

Por todo ello, no descartan desde Universitarios por la Convivencia llevar a cabo alguna medida, si es que finalmente se acaba implantando los contenidos de esta guía docente. De lo que está segura Isabel Fernández Alonso, es que habrá «mucha resistencia» por parte del profesorado.