El Ministerio de Hacienda, culpable de dilatar la firma de las tablas salariales en la enseñanza concertada

Parálisis total en la firma del VII Convenio de Enseñanza concertada. Este 16 de julio la reunión de la mesa negociadora terminó sin acuerdo debido a que a fecha de hoy «no se ha publicado la actualización del módulo económico de conciertos correspondiente al año 2023».

Las organizaciones patronales de la concertada –Escuelas Católicas (EyG), CECE, FED-ACES y APSEC– destacan que durante los casi dos años de negociaciones, «de forma unánime y por responsabilidad con el sector», han ido renunciando a muchas de sus propuestas «en aras de firmar un convenio que diera estabilidad al sector».

Algunas de ellas son, por ejemplo, la modificación de la cláusula de incapacidad temporal, la flexibilización de la jornada, introducir modificaciones en la gratuidad del comedor o la escolaridad de los hijos de los trabajadores o la modificación del régimen disciplinario. De igual manera, estas organizaciones mantenían la propuesta de que se diese un escenario de contención en lo relativo a las subidas salariales, «que no castigase aún más a un sector muy dañado en la actualidad por cuestiones como la caída de la natalidad, el impacto de la Covid-19 o el incremento de los costes laborales como el Salario Mínimo Interprofesional».

Tal ha sido la situación de bloqueo que, durante los últimos siete meses, la negociación se estaba llevando a cabo en el seno del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), a través de un procedimiento especial de impulso de las negociaciones. Según han ido avanzando las negociaciones, y tras innumerables propuestas patronales en cada uno de los puntos citados, estas organizaciones subrayan que no han tenido más remedio que «ir renunciando a muchos de ellos para conseguir alcanzar un acuerdo».

Sin embargo, uno de los grandes escollos se halla en la actualización del módulo económico de conciertos. Desde las patronales aseguran que no se ha publicado la actualización a pesar de las gestiones realizadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, «debido a la oposición del Ministerio de Hacienda y de la Abogacía del Estado, que entienden que la competencia es de cada comunidad autónoma y que son estas las que tienen que aprobar la actualización de los módulos del Anexo IV conforme a la disposición adicional tercera del RD-l 8/2023».

Explican que algunas regiones «no han procedido a aplicar los incrementos salariales establecidos para el año 2023 en homologación con los funcionarios públicos», lo que genera una falta de seguridad jurídica para las escuelas concertadas.

Por todo ello, las patronales de la concertada «siguen apostando por la mayor seguridad jurídica posible, por lo que hasta que no exista un compromiso por escrito, o un incremento real en los salarios en todas las comunidades autónomas que supongan que a todo el personal en pago delegado afectado por el VII convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos se les apliquen los mismos incrementos salariales para el año 2023 que a los funcionarios públicos, no se puede proceder a la firma de estas tablas salariales».

Impacto en la calidad educativa

La falta de claridad y la incertidumbre en la actualización de los módulos económicos de conciertos están generando una situación delicada para las escuelas católicas y concertadas. Esta situación podría afectar la calidad de la educación que reciben los estudiantes de estos centros, al limitar los recursos disponibles para invertir en infraestructura, materiales didácticos y contratación de personal docente.

Es crucial que las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como autonómico, tomen medidas urgentes para resolver esta situación y garantizar la estabilidad financiera de las escuelas concertadas. Solo así estas instituciones educativas podrán continuar brindando una educación de excelencia a los alumnos de todo el país.

«Huye de los problemas reales»

Desde los sindicatos, en concreto UGT, apuntan que no han firmado el convenio por considerarlo «una mera revisión salarial que huye de los problemas reales del sector y que impide los avances, durante los próximos tres años, reclamados por los trabajadores».

UGT, junto con el resto de sindicatos (CC.OO., FSIE y USO) lamentan que las patronales se hayan negado a firmar las tablas salariales y lo consideran una clara «dejación de su responsabilidad en la negociación colectiva en favor de que las administraciones públicas hagan los que les corresponde a ellas».

Creen que las tablas se pueden firmar perfectamente porque «hay normativa legal suficiente para hacerlo, el porcentaje de subida es conocido desde hace tiempo y el Ministerio de Educación ya comunicó en la reunión de la mesa sectorial que no está obligado a publicar los nuevos módulos tal y como dictamina la Abogacía del Estado».