El Gobierno asegura que aumentará los fondos para los colegios concertados pero les pone una condición

El Ministerio de Educación, liderado por la socialista Pilar Alegría, ha asegurado que negociará con las patronales de los colegios concertados para actualizar los fondos que estos centros reciben de las arcas públicas. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, a El País, y ha asegurado que se establecerá de forma objetiva «el coste real del servicio educativo» de la concertada.

De la Rosa ha afirmado asimismo que se recalcularán las partidas que reciben los centros concertados y se aumentará la financiación que éstos reciben. Sin embargo, ponen como condición indispensable a los colegios que reciban estas ayudas un compromiso en materia de «transparencia en los procesos de admisión y gratuidad real de la escuela concertada», es decir, en la eliminación de las supuestas cuotas obligatorias.

Este anuncio de la cartera dirigida por Alegría a uno de sus medios afines supone un avance en el problema de la infrafinanciación de la educación concertada. Según explicó a El Debate Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el hecho de que el Gobierno no destine una partida de dinero importante «hace que los centros tengan que pedir unas aportaciones voluntarias a las familias».

Además, desmintió la existencia de cuotas obligatorias en la concertada: «Las familias tienen derecho a hacer donaciones voluntarias, o a suscribir actividades fuera de horario escolar, que en la mayoría de los casos son imprescindibles para la conciliación laboral y familiar». Asimismo, Aguiló incidió en que «lo que no está bien es que si el concierto financia las 5 horas lectivas de los alumnos, se pretenda que las otras 3 horas salgan gratis. Son voluntarias y las tienen que financiar las familias. Las familias suelen necesitar que se atienda a su hijo al menos 8 horas».

En conversación con este medio, relató que «hay muchos países en nuestro entorno de la Unión Europea que financian por igual a la enseñanza pública y concertada. En cambio, en España la financiación es aproximadamente la mitad y eso supone una discriminación a las familias que eligen la concertada».

Esta infrafinanciación fue también denunciada por un informe de Save The Children, que instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «actualizar los módulos económicos de los conciertos. Objetivo, por cierto, en el que coinciden prácticamente todos los actores políticos relevantes y que formaba parte del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar».

En otro orden de asuntos, según el informe Índice de libertad de enseñanza 2023, elaborado por Oidel, Funciva y Fundación Civismo, «las libertades están hoy en día más amenazadas que nunca». «Hay una conquista de la escuela concertada por el sector público. La extorsionan para conquistarla, ofreciéndoles sufragarlas para que pasen a formar parte de la red de escuelas del Gobierno», denunció durante la presentación del documento Albert Guivernau, director de Fundación Civismo.

Ignasi Grau, director de Oidel, defendió durante su intervención en la Sala Cánovas del Congreso que «la financiación de la concertada es imprescindible para garantizar una libertad constitucional». Además, alertó de que «lo primero que hacen los gobiernos que temen a la sociedad civil es quitar la libertad de educación».