Escuelas Católicas se defiende del ataque de varios medios que acusaban a la concertada de cobrar cuotas ilegales

Escuelas Católicas ha negado con rotundidad una serie de acusaciones que varios medios de comunicación han vertido contra la educación concertada, en relación con la posibilidad de un incremento de fondos para este modelo educativo por parte del Gobierno, a fin de evitar la supuesta segregación escolar existente en algunas zonas.

Según han informado en nota de prensa, Escuelas Católicas ha mostrado «su preocupación por algunas de las afirmaciones vertidas en las que se sugiere, sin base alguna, que los centros concertados cobran cuotas ilegales y discriminan a los alumnos en los procesos de admisión».

Desde esta asociación defienden que la normativa vigente sobre la admisión de alumnos es «clara e igual para los centros públicos y concertados». Añaden, además, que «todos los centros concertados cumplen estrictamente con dicha normativa a través de las plataformas digitales creadas por las Administraciones educativas competentes, y rechazamos cualquier práctica que implique segregación o discriminación de los estudiantes».

Por otro lado, han denunciado que estas acusaciones «denigran a una red consolidada y valorada por las familias» y consideran que las conclusiones que se resaltan en ciertos informes sobre el cobro generalizado de cuotas ilegales en la educación concertada «son sesgadas y no reflejan la realidad de nuestro modelo educativo».

Piden el cumplimiento de la LOE

En cuanto al «positivo» anuncio del Ministerio de Educación de estudiar el coste real del puesto escolar, Escuelas Católicas pide «que no se quede en palabras y que por fin se cumpla con la LOE en dos aspectos fundamentales»:

1. Constitución de la Comisión de estudio del coste de impartición de enseñanza: solicitan que se constituya a la mayor brevedad la comisión establecida en la Disposición Adicional 29 de la LOE, encargada de actualizar el módulo de los conciertos educativos para que refleje de manera adecuada los costes reales de la enseñanza, en condiciones de gratuidad.

2. Suficiencia de la financiación pública: exigen que la financiación pública destinada a la educación concertada sea suficiente para cubrir completamente el coste de impartición de las enseñanzas concertadas, tal como establece el artículo 88.2 y el artículo 117 de la LOE, en condiciones análogas a la enseñanza pública.

Por otro lado, reafirman su «compromiso con una educación de calidad y con el cumplimiento estricto de todas las normativas vigentes, tanto en materia de financiación como de admisión de alumnos». Asimismo, defienden que «la educación concertada es un pilar esencial dentro del sistema educativo, y su correcta financiación y funcionamiento son imprescindibles para garantizar el acceso a una enseñanza equitativa y plural para todas las familias».