El futuro educativo de los vascos: «Si siguen imponiendo el euskera, los niños no podrán obtener los títulos»

La inmersión lingüística en el País Vasco sigue en continuo crecimiento cada día, con un 94 % de los alumnos escolarizados en centros cuya lengua vehicular es exclusivamente el euskera, relegando la lengua materna de una amplia mayoría de vascos —el español— a un lugar secundario. Como consecuencia de estas políticas orquestadas por los partidos nacionalistas vascos con fines ideológicos, el nivel educativo en la región está cayendo en picado, mientras que el fracaso escolar se multiplica.

Ricardo Arana, profesor y exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del País Vasco, atiende a El Debate por teléfono para hacer una radiografía completa de la ley educativa que rige la región y que en diciembre cumple su primer aniversario.

En primer lugar, Arana aclara «la ley obliga a que los centros financiados con fondos públicos deben priorizar la lengua vasca, y como dice la norma de una forma exhaustiva, tanto en la actividad educativa como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado».

Este cambio de la normativa, que modifica la ley educativa vigente desde el año 1993, «ya había empezado antes de que se aprobase» esta nueva norma, ya que situaciones como «la desaparición de cualquier estrategia lingüística distinta de la de inmersión para todo el alumnado» ya estaban produciéndose. «La ley solo le da cuerpo para legalizarlo», apunta.

Instituto para el Aprendizaje del Euskera

Esta nueva legislación contiene la creación de varios organismos educativos, el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas, entidad que el Ejecutivo vasco ha regado con una primera partida de 23 millones de euros, de los que 16 irán únicamente destinados a sufragar los gastos de personal.

Según reza la citada norma, esta institución «tiene como misión principal tanto el tratamiento de las metodologías lingüísticas como la formación del profesorado, al objeto de reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística, en función de las exigencias que el sistema educativo presente en cada contexto».

Arana explica a este periódico que «todo el mundo sabe perfectamente que la idea de este centro es realizar un comisariado de las prácticas lingüísticas que llevan adelante los centros, y además no lo ocultan». La función de este organismo «es controlar, o intentar controlar, que las estrategias lingüísticas en los centros solamente se cumplan. Esta priorización de una lengua sobre otra es absolutamente anticonstitucional», asegura.

El Tribunal Constitucional indica que «en relación con la necesidad de protección y respeto de las distintas modalidades lingüísticas, no son pocas las ocasiones en que este tribunal ha sostenido que no es conforme con la Constitución otorgar normativamente preferencia en el uso por parte de los poderes públicos a una lengua oficial con relación a otras que también los son, esto es, establecer normativamente un trato prioritario en favor de alguna de las lenguas cooficiales».

Es por esto que este exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del País Vasco sostiene que «si de alguna redacción tenía que huir esta ley, para asegurar su integridad jurídica, era de fórmulas que dieran primacía a alguna de nuestras dos lenguas oficiales, pero no lo ha hecho».

Consecuencias para los alumnos

Respecto a las consecuencias de esta imposición exacerbada del euskera en la educación vasca, Arana augura que «la situación del alumnado castellanohablante es de marginación. Si se les sigue exigiendo estudiar en vasco e imponiendo una lengua que no es la suya, les van a acabar impidiendo la obtención de la titulación».

Sobre estas declaraciones asegura que «es algo que ha estado en los debates, no es algo tan lejano, ya que se condena a dos tercios del alumnado a fracasar» con la exigencia del B2 de euskera, que, en palabras de Arana, «está comprobado por el Departamento de Educación que no lo pueden alcanzar».