Dos universidades públicas no llegan al número mínimo de alumnos que el Gobierno exige ahora a las privadas

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha iniciado una cruzada contra ciertas universidades privadas a quienes, a partir de ahora, comenzará a exigir una serie de exigentes requisitos para su apertura y permanencia en el sistema de educación superior español. El nuevo Real Decreto redactado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant no aceptará universidades privadas cuyo número de alumnos sea menor a 4.500.

Esta exigencia no se extrapola a la red pública de universidades, donde hay dos en concreto que no cumplen con los requisitos que pide el Ejecutivo central a los centros privados de educación superior. Según los últimos datos, relativos al curso 2022-2023, la Universidad de Cartagena –con 4.395 alumnos– y la Universidad de La Rioja –con 3.582– no alcanzan el nivel de alumnado mínimo que ahora el Gobierno exige a las universidades privadas.

Según informó el presidente del Gobierno este lunes durante su intervención en el acto 'En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social', el Ejecutivo aprobará por tramitación de urgencia un Real Decreto que pondrá coto a las universidades privadas de todo el territorio nacional, endureciendo los criterios para su creación.

Los nuevos requisitos de las privadas

Estos cambios en los requisitos para la creación de nuevas universidades plantean también revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5 % de su presupuesto total a investigación, según se desprende del nuevo decreto que este miércoles entró en consulta pública.

Según reza el borrador del decreto, al que ha accedido El Debate, el Ejecutivo avisa de que estas nuevas medidas «lógicamente afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento».

En el documento, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la socialista Diana Morant, utiliza como excusa para cerrar universidades privadas que «la norma introduce una serie de medidas encaminadas a reforzar los requisitos de calidad en el proceso de creación, reconocimiento y autorización de las universidades, destinadas, precisamente, a robustecer la confianza del estudiantado, de sus familias y del conjunto de la ciudadanía en el rigor de sus instituciones universitarias»

Además, recalca que serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), en el caso de una universidad de ámbito estatal, de la agencia de evaluación autonómica en caso de ámbito regional, y el de la Conferencia General de Política Universitaria, donde está presente el ministerio y las comunidades autónomas.

Otra de las nuevas peticiones más polémicas que tiene como fin poner coto a la creación de nuevas universidades privadas, es la exigencia al promotor de la universidad un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar y detallar si detrás de la universidad hay un fondo de inversión español o extranjero, una multinacional o forma parte de un grupo de universidades ya existente.

La universidad también deberá garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado, y lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.

Por otra parte, deberá captar en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años y, en caso de incumplimiento y tras una moratoria de dos años más, «será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad».