¿Hasta dónde llegará la Ley de Eutanasia? «Es inconstitucional»

La Ley Orgánica 3/2021 que regula el «derecho a morir» cumple más de medio año enfangada. Las diferentes velocidades del desarrollo normativo autonómico, la polémica creación de un registro con los médicos objetores o el surgimiento de casos de ciudadanos que deciden quitarse la vida ante la espera de aprobación de su muerte o la negativa médica de dársela, se erigen ya como algunas de las graves consecuencias de un sistema que nació sin escuchar ni a los afectados ni a la comunidad médica y sin informes previos. Lourdes Méndez, diputada de Vox, ha analizado para este periódico cómo el papel mojado de la «buena muerte» ha asimilado «la dignidad de la persona con su calidad de vida», cambiando la forma en que concebimos a los que ya no son útiles para la sociedad.

La primera cuestión de la joven regulación surge de su exposición de motivos. ¿Se pueden igualar los derechos fundamentales de la vida y la integridad física y moral a otros bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad?

¿Es inconstitucional la Ley?

Contestar a la pregunta anterior conlleva cuestionar la propia constitucionalidad de la norma. Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, lo tiene claro: «Es absolutamente inconstitucional», pues siguiendo la jurisprudencia del Alto Tribunal, «nadie tiene derecho a solicitar ni a decidir sobre su muerte, no existe un derecho a morir». En este mismo sentido se posiciona el Recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Como explica para este medio Lourdes Méndez, «el artículo 15 de la Carta Magna configura el derecho a la vida de una manera positiva: el Estado tiene la obligación de proteger todas las vidas, no cabe la interpretación en ese precepto de que el Estado pueda procurar la muerte».

En opinión del académico, cuestión diferente son «las medidas que medicamente se puedan aplicar (cuidados paliativos) a una persona enferma, pero nunca encaminadas a terminar con su vida». Siguiendo esta propuesta, el grupo parlamentario de Vox presentó «una Ley de cuidados paliativos a nivel nacional, que no existe» subraya Méndez, a lo que añade: «nosotros ofrecemos un tratamiento de carácter existencial, positivo, en el momento tanto del fallecimiento como para las personas con una discapacidad crónica, que no son autónomos y son más vulnerables». De hecho, la diputada del Congreso por Murcia confirma que «la Asociación Nacional de Cuidados Paliativos explica que cuando a una persona se la cuida, se le alivia el dolor insoportable y sobre todo, no se considera una carga cuando no es autónoma, prácticamente casi ninguna solicita la muerte».

Otro punto interesante es «la incongruencia en la ayuda al suicido que procura esta Ley» sentencia Méndez, pues «por un lado se ofrece asistencia para que las personas no se suiciden y por otro lado, ayuda al suicidio con muy pocas garantías, pues no establece que el paciente antes de solicitar la muerte, haya pasado por un especialista de enfermedad mental». Un hecho denunciado por el Colegio de Psiquiatras.

¿Qué cuesta más?

La pregunta deviene de forma natural: ¿Qué le cuesta más al aparato estatal, ayudar a morir al ciudadano enfermo o financiar los cuidados paliativos y las subvenciones a los familiares? Méndez lo tiene claro: «Es bastante más barato (acabar con la vida de) una persona, que va a costar al Sistema Nacional de Salud mucho dinero, que cuidarle padeciendo una enfermedad crónica y grave». Una terrible conclusión a la que se une, a los ojos de la parlamentaria, «una visión materialista de la existencia» al subvertir los valores de la vida con el de la cultura de la muerte: «la vida no vale nada y estará a disposición del Estado» que decide qué vidas son dignas de ser vividas y cuáles no. La diputada subraya que esta línea de actuación «recuerda a épocas pasadas, en las que precisamente partiendo de esta premisa» sucedieron hechos graves para la sociedad.

La tardanza del TC

El gran interrogante a fecha presente es si el Alto Tribunal tardará en responder al recurso presentado por Vox. En opinión del académico, como ya sucedió con la ley del aborto «el retaso es debido, tanto a la presión política como mediática. Hemos convertido deseos en derechos, las ideas de que el cuerpo de la mujer es suyo y hace lo que quiere». Según el profesor Murillo, «cualquier postura en favor de la vida será duramente atacada por todos los sectores sociales y políticos. Es un trabajo que debemos hacer: iluminar la verdad de la dignidad tanto del nasciturus como de la persona que se encuentra en una situación tal, que desea morir».

Consecuencias más allá de la Ley

Más allá de cuestionar la constitucionalidad de la norma, o la idoneidad con la que se hubiera debido aprobar y desarrollar, existen datos no oficiales sobre su repercusión social. Por ejemplo, son ya algunos los casos que, unidos a los estados depresivos provocados por el confinamiento de la Covid-19, han alentado los suicidios de ciudadanos al demorarse la respuesta por parte de los médicos o al haberles sido denegada la muerte deseada por no cumplir con los requisitos mínimos. 

Por otro lado, la comunidad médica tiembla con el registro público de médicos objetores propuesto por la ministra Irene Montero. En opinión de la diputada de Vox, lo que debería existir es «un registro de los médicos que están decididos a procurar la eutanasia o el aborto» pues de la otra manera, pueden darse consecuencias no queridas para el ejercicio del derecho de objeción de conciencia. ¿Y si dichos registros tuvieran algún tipo de consecuencia en la labor o vida profesional de los médicos?

Más allá de la moralidad de esta Ley, en las facultades de Derecho siempre se enseña que la norma debe seguir a la realidad y no al revés. ¿Cómo afirmar que el deseo a la muerte es una realidad para una mayoría de españoles cuando no se ha escuchado ni a la comunidad científica ni a los colectivos de afectados? 

Sea cual fuere la bandera ideológica enarbolada, el maremágnum legislativo con origen en promesas políticas se ha materializado antes de la aceptación social del hecho. Una circunstancia que atisba consecuencias negativas tanto para los que sí desean dejar en manos del Estado su vida, como para aquellos que no y que hoy gozan de salud pero que mañana puedan acabar en un estado grave sin capacidad para decidir qué médico les atiende, si aquel que decidió inscribirse en un registro de ‘procuradores de muerte’ o aquel al que obligaron a figurar en el registro de objetores.