Las deudas pendientes del 1-O: una docena de causas judiciales y 10 millones de euros

El referéndum inconstitucional celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña continúa causando estragos judiciales –cuatro años después de su celebración– más allá del mediático juicio al procés que el Supremo resolvió con un total de nueve líderes separatistas condenados por sendos delitos de sedición y malversación. Una docena de causas judiciales contra varios de los actuales miembros del Parlament, la trama rusa del expresidente y prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, la multimillonaria reclamación del Tribunal de Cuentas a los artífices del 1-O y los procedimientos contra la violencia de los CDR, complican la plácida llegada de Pere Aragonés al frente de la Generalitat, de la mano de las mesas de diálogo y los encuentros bilaterales con Pedro Sánchez.

Diputados y consejeros en el banquillo

Cerca de una decena de los actuales diputados del Parlament, elegidos en los comicios autonómicos catalanes del pasado 14 de febrero, tienen cuentas pendientes con la justicia y podrían no concluir la legislatura en sus respectivos cargos. Se trata del expresidente del propio órgano, Roger Torrent, hoy al frente del Departamento de Empresa y Trabajo, que está siendo investigado junto a otros cuatro consejeros de Esquerra Republicana (ERC) por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, al tramitar varias resoluciones favorables a la autodeterminación.

Al igual que Torrent, la titular de Cultura, Natàlia Garriga; la consejera de Feminismos, Tània Vage, nombrada síndica, encausada y absuelta por el Penal número 11 de Barcelona por un delito de desobediencia y usurpación de funciones, espera de la decisión de la Audiencia de Barcelona, sobre el recurso de la Fiscalía; y, el responsable de Educación, Josep González-Cambra, están pendientes de juicio por su participación activa en diferentes momentos del procés.

Supremo castigo

El Alto Tribunal tendrá que revisar los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a Oriol Junqueras y al resto de cabecillas políticos del desafío separatista del 1-O. La puesta en libertad del propio Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no sólo no ha supuesto el fin del peregrinaje judicial de los presos sino tampoco la tranquilidad para otros altos cargos, activistas, intelectuales y empresarios catalanes vinculados al mismo.

Mientras los sediciosos esperan a que la Sala Tercera del Supremo se pronuncie sobre la medida de gracia concedida por el Ejecutivo socialista, previo informe del recién estrenado fiscal Tirado Estrada, varios juzgados de Barcelona siguen el curso de los procedimientos abiertos por malversación, desobediencia o prevaricación contra decenas de exconsejeros, directivos y mandos de los mossos durante el Govern de Carles Puigdemont.

Bajo fianza de 4,1 millones de euros

El indulto no ha extinguido la responsabilidad patrimonial de los líderes del procés por la que el Tribunal de Cuentas inició dos expedientes de investigación. El primero, sobre los gastos necesarios para la organización de la consulta ilegal del 1-O, ha implicado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 40 excargos por un total de unos 4,8 millones de euros de fondos públicos desviados para financiar el referéndum. El segundo, trata de identificar los gastos indebidos, cerca de 5,4 millones más, empleados en la promoción exterior del procés entre 2011 y 2017.

La denuncia de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas cifró en 2,3 millones de euros los gastos por la «acción de la Presidencia catalana» en el extranjero en las fechas del referéndum. Por su parte, el Supremo cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta y condenó por malversación tanto a Junqueras como a los exconsejeros Romeva, Turull y Bassa. Los condenados del procés ya han abonado un total de 4,1 millones de euros en concepto de fianza.

Los preparativos del referéndum

Más de 30 altos cargos del Ejecutivo de Puigdemont han sido procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en una causa que afecta a distintos funcionarios y empresarios –Albert Royo, como exsecretario general de Diplocat; Núria Llorach, como vicepresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; Vicent Sanchís, director de TV3 o Saül Gordillo, responsable de Cataluña Radio– por presuntos delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación durante los preparativos del 1-O.

También en la causa del 13, recientemente reabierta por la Audiencia Provincial para ahondar en los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, se encuentran inmersos Francesc Sutrias, nuevo director de la agencia catalana de Consumo, y Marta Garsaball, al frente de los servicios de la Consejería de Cultura.

El mismo motivo llevó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un auto de la magistrada María Eugenia Alegret, a procesar a los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Josep María Jové y Lluis Salvadó –ambos detenidos durante los registros judiciales practicados en la Consejería catalana de Economía y Hacienda, el 20 de septiembre de 2017– por su participación «activa» en la organización del referéndum ilegal y en el diseño de las denominadas «estructuras» del futuro estado independiente.

Un millón contra Romeva

La puesta en libertad del exconsejero Raül Romeva, gracias a los indultos concedidos por el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, no ha significado el fin de su periplo judicial.

Un juzgado de Barcelona investiga, desde el pasado mes de mayo, al político de ERC y a una decena de cargos del Departamento de Acción Exterior que éste dirigía, por una presunta malversación de caudales públicos. Hasta un millón de euros habrían asignado arbitrariamente Romeva y los suyos a favor de 11 contratos y varias subvenciones concedidas a dedo para la internacionalización del procés. Los informes del Tribunal de Cuentas han sido determinantes para la apertura de esta causa penal.

Operación Volhov: el Tsunami Democratic

Volhov es el nombre de la macrooperación policial en la que Guardia Civil detuvo en Barcelona y Gerona a una veintena de personas, próximas al Gobierno de Puigdemont, llevando ante el juez al director de oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, al exconsejero de ERC Xavier Vendrell, al empresario Oriol Soler y al que fue persona de confianza de Artur Mas y exdirigente de CDC, David Madí. Pero también ha salpicado, de manera directa, al hoy consejero de Educación Josep González-Cambray, investigado por varios delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias por presuntamente haber tenido un trato de favor con el propio Vendrell en la concesión de conciertos educativos.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, investiga si los imputados usaron fondos públicos -procedentes de la Diputación de Barcelona y de la Plataforma de Selecciones Deportivas Catalanas- para financiar la infraestructura y los gastos del expresidente y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, en Bélgica. Además, el magistrado trata de esclarecer si participaron de una manera determinante en el impulso del movimiento que abanderó las protestas contra la sentencia del procés, conocido como Tsunami Democràtic.

Según las pesquisas iniciales, Rusia habría ofrecido a Puigdemont soporte militar y económico para declarar la independencia de Cataluña, según se desprende de una conversación telefónica grabada entre uno de los detenidos en los registros, Xavier Vendrell, con el exdirigente de Convergencia Víctor Terradellas.

La fuga dePuigdemont

En 2019, la Fiscalía presentó una querella contra el exconsejero de Interior Miquel Buch, por sendos delitos de prevaricación y malversación, tras destinar un escolta a Puigdemont durante su fuga a Bélgica. El agente asignado al expresidente de la Generalitat, miembro del cuerpo de Mossos d’Esquadra, fue supuestamente pagado con cargo al erario público entre 2018 y 2019.

Según la tesis del Ministerio Público, para justificar el desvío de fondos para el pago del servicio, Buch habría nombrado al sargento su asesor. En un ilegítimo e indisimulado propósito de dar «cobertura y protección» a Carles Puigdemont, en busca y captura por eludir un requerimiento judicial.

Tampoco se ha levantado la orden de detención internacional que pesa sobre los otros miembros del Govern también huidos de la Justicia española, así como contra el CDR Adrián Carrasco o el rapero Valtònyc, fugado a Bélgica. Sin duda, el activismo de los Comités en Defensa de la República es uno de los frentes que más causas judiciales ha proporcionado al separatismo catalán tanto por agitar las calles durante el procés, como por las numerosas manifestaciones convocadas en rechazo a la sentencia del Supremo sobre los líderes del 1-O. El activista Marcel Vivet es el último nombre propio en sumarse a la lista de los ya condenados.

El propio Puigdemont sigue a la espera de que se esclarezcan los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Pablo Llarena, que fijarán la posición a los tribunales belgas pendientes de su entrega, así como de que la Corte de Apelación de Sasser decida sobre su detención y su futura situación procesal en Cerdeña (Italia), el próximo 4 de octubre. 

Los 'Judas' a la Audiencia Nacional

En los próximos meses se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio contra los trece supuesto miembros de los CDR, detenidos en el marco de la conocida como ‘Operación Judas’, acusados por pertenencia a organización terrorista. Además, el juez Manuel García-Castellón procesó a nueve de ellos por varios delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas e inflamables con finalidad terrorista.

El magistrado responsable de la causa consideró que los integrantes de la célula detectada eran especialmente peligrosos por su «radicalidad» y planearon materializar varios atentados para forzar la declaración de independencia de Cataluña. 

En un contundente auto, García-Castellón sostuvo que los acusados «habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado» una entidad «paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».