El juez del caso Ghali afeó a Laya sus constantes evasivas para proteger a Sánchez

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se sentaba el pasado lunes 4 de octubre frente al juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, para dar cuenta de las condiciones en las que el Gobierno de Pedro Sánchez, y el Departamento que ella misma dirigía, autorizó la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido de un cuadro grave por coronavirus en un hospital de Logroño. Según el testimonio del segundo de abordo de Laya, Camilo Villarino, ante el magistrado, fue la propia ministra quien habría dado la orden directa. Pese a los intentos de Lasala por esclarecer lo ocurrido, las evasivas constantes de Laya durante su declaración para salvaguardar a Sánchez, escudándose en la Ley de Secretos Oficiales, llevaron al juez a afearle su actitud: «Me está diciendo cada dos por tres esto no lo respondo porque estoy vinculada al principio de reserva en virtud de algo que dice que ocurrió, entre no se sabe quiénes… Si esas son las reglas del juego, yo ¿cómo actúo?».

Todo apunta a que el líder del Frente Polisario en España, Brahim Ghali, accedió a territorio español, el pasado mes de abril, no sólo sin aportar la documentación ordinaria que se exige a cualquier extranjero que se adentra en nuestras fronteras sino, presuntamente, con un pasaporte falso pero el interrogatorio del juez Lasala resultó tan tenso como infructuoso con una Laya enrocada en la posición estratégica definida por la Abogacía del Estado que la representa.

«¿La decisión, entonces, fue solamente suya, fue colectiva o de alguien más?», preguntó Lasala. «La decisión fue la propia de un acto político en nuestro país. Esto no es una decisión administrativa que tiene un cauce administrativo, señoría», respondía Laya visiblemente incómoda.

«No me refiero a la decisión de este señor entre o no entre. Me refiero a la decisión de que entre sin control. A mí me vincula el tema del control. O, más bien, el no control de la documentación. ¿Quién dice que no se le controle?», insistió el juez. «Señoría, le vuelvo a explicar el contexto en el cual nos encontramos y, en el ejercicio de cuándo va a llegar, cómo va a llegar, sí que al amparo de la legislación en vigor se busca facilitar su llegada lo más expedita posible, insisto, dentro de la ley», volvió a reiterarse la exministra.

Usted me está hablando de una especie de adaptación de la Ley de Secretos Oficiales  a un acuerdo de ministros que ni siquiera está publicadoJuez Rafael Lasala

Es en ese momento cuando el magistrado zaragozano se dirige a Laya para afearle su actitud: «Entenderá, ya que está usted haciendo referencia constante al cumplimiento de la ley, que yo me rijo por el principio de legalidad en los procesos penales. En todos los procesos, realmente. Usted me está hablando no ya de la Ley de Secretos Oficiales del Estado que es del año 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo de ministros del año 2010 que, según Villarino, no está ni publicado ni comunicado. Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo?».

«Estoy obligado a seguir el principio de legalidad y me está diciendo cada dos por tres esto no lo respondo porque estoy vinculada al principio de reserva en virtud de algo que dice que ocurrió, entre no se sabe quiénes que, por lo visto, deben de pasárselo como un relevo de un Gobierno a otro. Como si fuese un elástico», sentenciaba el juez Rafael Lasala.

La extitular de Exteriores protegió en todo momento a Pedro Sánchez, evitando aclarar si fue el presidente quien tomó la decisión de acoger a un dirigente que, por aquel entonces, tenía una causa abierta en la Audiencia Nacional por genocidio.

Arancha González Laya se limitó a relatar al juez cómo el 14 de abril recibió una llamada de una autoridad argelina, cuya identidad también se ha negado a revelar, que le pidió que Ghali, enfermo de coronavirus y de cáncer de estómago, pudiera ser tratado en España por razones humanitarias.

Cuando el magistrado Lasala le preguntó si lo puso en conocimiento de alguien, González Laya contestó: «Esto sigue los cauces propios en nuestro país de una decisión que es, recordemos, una decisión política, una decisión de ejercicio de la soberanía de nuestro país. No es un procedimiento administrativo, es una decisión política que pertenece al ámbito político y como tal seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas».