Llop y Delgado se activan de urgencia para evitar una condena por tener a los fiscales sin plan de prevención laboral

El pasado mes de agosto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitió a trámite una demanda presentada el 22 de junio por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado por la inexistencia de un plan de prevención de riesgos laborales para la Carrera Fiscal. Las partes tendrán que verse las caras el próximo día 19 de octubre a las 09.30 horas para celebrar un acto previo de conciliación y en caso de no llegar a un acuerdo, el juicio. Fuentes próximas al Departamento que dirige Pilar Llop, así como a la Fiscalía (FGE) de Dolores Delgado, han confirmado a El Debate que ambas instituciones se han «activado con la máxima urgencia» para evitar una condena. 

Las mismas fuentes han apuntado que tanto Justicia como la FGE estarían a punto de firmar un Convenio para dotar a los fiscales del de plan de prevención de riesgos laborales del que actualmente carecen pese a que la ley establece la obligatoriedad del mismo. No en vano, una vez conocedoras de la demanda planteada por los fiscales, se conformó una comisión específica que está presidida por el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral Félix Pantoja. Por su parte, desde APIF han advertido que no aceptarán un mero gesto «para cubrir el expediente» que no atienda a «una voluntad real» de cumplir con las obligaciones legales vigentes. 

Los fiscales han lamentado en declaraciones a El Debate que los organismos en los que se integran y que deberían, entre otras cuestiones, velar por sus intereses, incumplan las exigencias normativas por las que ellos mismos, como fiscales, «perseguimos y acusamos a los empresarios y empleadores» e incluso, en los casos más graves «pedimos penas de cárcel». 

Desde 1995 ambas administraciones incumplen su obligación legal de tutelar la salud laboral de los fiscales

El Código Penal establece, en su artículo 317, que como mínimo, los que «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses». 

Los fiscales, a través de APIF, han tratado «sin éxito» de arreglar la situación irregular en varios intentos con comunicaciones dirigidas a la Fiscal General del Estado pero al no recibir «ni siquiera respuesta», decidieron buscar amparo judicial. La gota que colmó el vaso fue la decisión de Dolores Delgado de enviarles a trabajar «de forma temeraria, en plena pandemia, sin medios de prevención, ni criterios médicos» y «expuestos a un contagio letal» por coronavirus, ha lamentado Salvador Viada, presidente de APIF.  

5.000 fiscales desprotegidos 

Pese a que desde el año 1995 es obligatorio que las administraciones públicas tengan activo su plan personalizado de prevención de riesgos laborales, ni el Ministerio de Justicia ni la Fiscalía General del Estado han abordado lo que, hasta la fecha, es una normativa formal pero no real, según ha reflejado APIF en su demanda. Algo que habría dejado expuestos a los más de 5.000 fiscales que integran la Carrera del Ministerio Público en España. 

Si bien es cierto que en 2014 el secretario general de la Administración de Justicia aprobó un Manual de Prevención de Riesgos Laborales, sin trámite de participación de las asociaciones de fiscales, en el mismo no se recoge, como tal, la protección de los fiscales ni se establece su participación activa en la vigilancia ya que, según confirman a El Debate fuentes conocedoras del caso, en los Comités de Seguridad y Salud no se encuentran actualmente representados.

En dicho documento, según ha denunciado APIF ante la Audiencia Nacional, no se hace ninguna referencia a las cargas máximas de trabajo, a las circunstancias específicas de los fiscales de mayor edad o con enfermedades crónicas, a la protección de las fiscales embarazadas,... pese a que a Delgado, como fiscal general del Estado, es a quien corresponde en último término «velar por las condiciones y la carga de trabajo de todos los fiscales de España».

La Inspección de Trabajo también se habría desententido del seguimiento e investigación del caso ya que, hasta la fecha, no consta expediente o sanción al Ministerio de Justicia o a la Fiscalía General del Estado pese a «la absoluta ausencia de normas preventivas».

Cita en la Audiencia Nacional 

La APIF solicitó en su demanda, registrada el 22 de junio, la declaración de los máximos representantes tanto del Ministerio como de la Fiscalía General del Estado, así como la testifical de Félix Pantoja, pero Llop y Delgado contestarán por escrito a las preguntas formuladas por los fiscales a raíz de la citación prevista por la Audiencia Nacional. 

 Ambas han pisado el acelerador de sus respectivos departamentos para suscribir un convenio que quieren tener listo antes de ese día para evitar una condena judicial. La estrategia conjunta de Llop y Delgado es presentarlo en el acto de conciliación al que las partes han sido convocadas antes de la vista p ara resolver la demanda de los fiscales sin tener que llegar a celebrar el juicio cuya vista se celebraría, en el supuesto de no llegar a un acuerdo, inmediatamente después ese mismo día.  

Por su parte, la APIF aportará en el acto de la vista la documentación complementaria acreditativa de la ausencia de un sistema de riesgos laborales para los fiscales.