El juez del 'caso Ghali' rechaza la petición de la Abogacía de archivar la causa: «Ha sido una vulneración frontal de Schengen»

De nada han servido los intentos de la Abogacía del Estado para evitar que la exministra de Exteriores Arancha González Laya se libre de la investigación que el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, el juez Rafael Lasala, mantiene abierta sobre ella y sobre su segundo al frente del Departamento, Camilo Villarino, por la presunta entrada irregular del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali en nuestro país, para ser atendido en un hospital de Logroño por motivos humanitarios. Lasala ha vuelto a desestimar una petición de los servicios jurídicos del Gobierno que aspiraban a archivar la causa tras la comparecencia de Laya el pasado lunes 4 de octubre. 

El juez ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un auto notificado este lunes, tal y como avanza Vozpopuli, que se amparase en razones humanitarias para violar la obligación de informar al resto de Estados miembro del Tratado de Schengen, sobre la llegada de Ghali a nuestro territorio.

«No sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada 'fuera discreta'», asegura Lasala en su resolución para denegar la petición de la Abogacía del Estado. 

El juez ha considerado, además, que el argumento principal de la exministra, y supuestamente principal responsable de autorizar la entrada de Ghali en España sin aportar la documentación obligatoria, hace aguas. Tras abroncarla en el transcurso de su declaración por escudarse en la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, para evitar señalar a Pedro Sánchez, Lasala considera, ahora, que el Ejecutivo habría  hecho «un uso parcial e interesado» del ordenamiento vigente para permitir el acceso al jefe polisario, incluso con pasaporte falso. 

En especial, reza el auto del juez instructor cuando hay evidencias sólidas del conocimiento que tenía el Ejecutivo español sobre las investigaciones pendientes, en aquel momento, en la Audiencia Nacional contra varios miembros del Frente Polisario, entre los que se encontraba el propio Ghali: «Con lo expuesto ya es suficiente para denegar la pretensión de archivo, pero no ha de olvidarse que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país de quien de manera tan peculiar entraba, pues caso de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado». 

Arancha González Laya se limitó a relatar al juez cómo el 14 de abril recibió una llamada de una autoridad argelina, cuya identidad también se ha negado a revelar, que le pidió que Ghali, enfermo de coronavirus y de cáncer de estómago, pudiera ser tratado en España por razones humanitarias.

Tal es así que, cuando el magistrado Lasala le preguntó si  puso la decisión en conocimiento de alguien, González Laya contestó: «Esto sigue los cauces propios en nuestro país de una decisión que es, recordemos, una decisión política, una decisión de ejercicio de la soberanía de nuestro país. No es un procedimiento administrativo, es una decisión política que pertenece al ámbito político y como tal seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas».