El Gobierno multará la exaltación del franquismo pero seguirá sin perseguir los homenajes a etarras

Un acto de exaltación del franquismo que implique «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares» se considerará infracción muy grave, multado con entre 10.001 y 150.000 euros. Por el contrario, uno de exaltación del etarra Henri Parot o cualquier otro etarra sanguinario seguirá saliendo gratis a sus promotores y participantes. La impunidad va por barrios.

Ésta es una de las grandes contradicciones en las que cae el Gobierno en su Ley de Memoria Democrática, que este jueves se enfrenta a su primer gran examen parlamentario con el debate en el Pleno del Congreso de las tres enmiendas a la totalidad que el PP, Vox y ERC han presentado al proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha propuesto perseguir y castigar con suma dureza cualquier acto de apología personal o colectiva de la dictadura mientras, en paralelo, mantiene congelada sine die la reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Esta reforma es un compromiso personal que el ministro del Interior adquirió con las víctimas allá por el verano de 2018. Y está pensada para multar por la vía administrativa los ongi etorris y demás homenajes a etarras si, como viene sucediendo, ni la Justicia ni las administraciones los prohíben antes.

Los homenajes a etarras seguirán gozando de total impunidad mientras la apología del franquismo será duramente castigada

Se da la circunstancia de que, mientras el Gobierno aceleraba la aprobación de la secuela de la Ley de Memoria Historia que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, Fernando Grande–Marlaska metía en un cajón la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo. Ésta debía haber sido aprobada el curso pasado y, recientemente, ha sido excluida del último Plan Anual Normativo del Ejecutivo; la hoja de ruta legislativa.

Desde el colectivo de víctimas piden al Gobierno que tenga la misma «celeridad» contra los ongi etorris que contra los actos franquista, en palabras de la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara. 

En verano Interior les comunicó que el Ministerio había decidido esperar a conocer una revisión que la Comisión Europea está haciendo sobre la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo para comprobar si afecta a la reforma de la ley española. Pero supuestamente iba a estar en septiembre. Y tampoco. Desde entonces las asociaciones no han recibido noticias del departamento de Grande–Marlaska.

Para el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos siempre fue prioritario que la Ley de Memoria Democrática multara con rotundidad cualquier acto de exaltación. Tanto es así que en el anteproyecto de ley que envió a los órganos consultivos del Estado, ni siquiera figuraba la coletilla «que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

El informe del CGPJ

Pero el Ejecutivo reculó cuando el Consejo General del Poder Judicial le hizo ver en un informe aprobado en junio que ello iba totalmente en contra del derecho constitucional de reunión pacífica y sin armas, regulado por una ley orgánica de 1983. Y contra la libertad de expresión. Y que además no podía invocar algo tan ambiguo como «actos contrarios a la memoria histórica», así con trazos gruesos.

No solo en lo referente a actos de exaltación, sino también a la polémica extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por no perseguir «fines de interés general» y hacer «actividades contrarias al mismo».

La entonces ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, echó una capa de barniz al articulado y añadió el requisito del «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas». Pero el agravio comparativo con las víctimas de ETA continúa intacto.

Las sanciones muy graves podrán ser castigadas con multas de hasta 150.000 euros

Las sanciones se tipifican en leves, con multas de entre 200 y 2.000 euros; graves, con cuantías que van de los 2.001 a 10.000 euros; y muy graves, castigadas con hasta 150.000 euros. 

Y no solo. El Gobierno se reserva la potestad de cerrar temporalmente entre seis meses y dos años los locales o establecimientos públicos donde se cometan infracciones; el «comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción»; y la pérdida, durante hasta cinco años, de «la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones públicas en materia de memoria democrática».

Pablo Casado ha prometido que derogará la ley cuando llegue al Gobierno y la sustituirá por una de concordia. La oposición da por hecho que entrará en vigor y lo hará: a Sánchez le sale la suma en el Congreso.