Políticos valencianos sometidos a penas de telediario que fueron absueltos por la Justicia

Francisco Camps es uno de los casos más sangrantes de una larga lista de damnificados por las conocidas como penas de telediario, en la Comunidad Valenciana. Pese a que la región mediterránea está lejos de ser la más numerosa en cuanto a casos de corrupción, por detrás de Andalucía, Baleares, Cataluña o las Islas Canarias, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial,  la opinión pública la ha situado en cabeza en el ranking de los políticos salpicados por este tipo de delitos. 

El expresidente de la Generalitat Valenciana llegó a estar implicado en hasta nueve procedimientos judiciales por causas vinculadas a la corrupción que han finalizado en sobreseimientos o absoluciones. El más reciente es el que le ha relevado de cualquier responsabilidad en las presuntas irregularidades que se cometieron para la contratación de los servicios necesarios para organizar la visita del Papa Benedicto XVI a la capital valenciana, en 2006.

Sin embargo, el más mediático –y el que más ha lastrado la imagen pública de Camps– fue el primero que le llevó a sentarse en un banquillo cuando, en 2008, se le acusó de un delito de cohecho impropio por, presuntamente, haber aceptado varios trajes obsequio de la trama 'Gürtel'. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, previa decisión de un jurado popular, absolvió al expresidente autonómico de todos los cargos. El Tribunal Supremo ratificó, con posterioridad, la inocencia de Camps al rechazar un recurso presentado por el PSOE contra la decisión de la Audiencia y confirmar la decisión de la instancia inferior.

Rita Barberá

La popular y querida regidora de Valencia, durante más de 24 años (1991-2015), cayó en desgracia cuando tras la celebración 32º edición de la Copa América de Vela y el circuito de Fórmula 1 por las calles de la capital del Turia, el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, al que había prestado su apoyo explícito en ambos proyectos, se vio implicado en la conocida como 'causa de los trajes'.

Posteriormente, la posibilidad de resultar imputada en el 'caso Noos' –que llevo al entonces cuñado del actual Rey al banquillo y, finalmente, a prisión– por ciertos contratos firmados para la celebración del Valencia Summit, desgastó la figura de Barberá pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) nunca llegó, ni siquiera, a imputarla.

Alejada ya del ámbito local en su tierra natal y tras incorporarse como senadora del Partido Popular, en enero de 2016, Rita se vio obligada a dar nuevamente explicaciones por una presunta trama de corrupción que afectaba a varias Administraciones de la Comunidad Valenciana: la llamada 'operación Taula'. Barberá siempre aseguró que no existieron amaños «en ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia» ni hubo «ninguna mordida, ni desvíos ilegales». Sin embargo su propio partido le pidió que renunciase a presidir la Comisión Constitucional del Senado.

El juez del 'caso Imelsa' solicitó posteriormente al Senado que acreditase la condición de senadora de Barberá con el fin de determinar si era competente para investigarla. Y, en 2016, el Supremo decidió hacerlo, finalmente, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Ni dimitió ni jamás asumió que existiese ningún tipo de financiación ilegal en el PP valenciano. Se vio sometida hasta en cuatro acusaciones de corrupción pero falleció, en noviembre de ese mismo año, antes de que pudiese demostrarse, si es que alguna vez existió, algún delito contra ella.

Isabel Villalonga

La subsecretaria de Presidencia de la Comunidad Valenciana sufrió, en 2012, una «imputación policial» en el marco del caso Urdangarin. Villalonga se unió así a otros cuatro cargos valencianos ya señalados en la misma operación por la Fiscalía: los exdirectores de CACSA Jorge Vela y José Manuel Aguilar, la exdirectora de gestión de la misma entidad Elena Maldonado, y el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío. 

En septiembre de ese mismo año, el juez instructor del 'caso Noos' retiró a Villalonga la condición de imputada, que quedó libre de toda sospecha. 

Sonia Castedo 

La exalcaldesa de Alicante saltó a la actualidad informativa en 2010 tras ser acusada de varios delitos de corrupción de autoridades, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada, en el marco del 'caso Brugal'. Castedo fue señalada por modificar el Plan General de Ordenación Urbana para, presuntamente, beneficiar a su amigo el empresario Enrique Ortiz, financiador confeso de la 'Gürtel' y propietario de más del 70 % del suelo urbanizable de Alicante.

Tras doce años de instrucción de la causa, Castedo fue absuelta por la Audiencia Provincial de Alicante, a lo largo de casi 300 folios de sentencia, el pasado mes de julio.

Manuel Vilanova

El alcalde de Villarreal fue absuelto tras más de doce años de proceso judicial por el Supremo. El Alto Tribunal, en cumplimiento de una sentencia de Estrasburgo, tuvo que anular el fallo condenatorio emitido por uno de sus propios magistrados, el progresista José Antonio Martín Pallín.  

Vilanova, del Partido Popular, se vio obligado a abandonar la Alcaldía al resultar inhabilitado tras una sentencia desfavorable por un delito de prevaricación. Según la resolución de Martín Pallín, el entonces regidor de Villarreal omitió el deber de vigilancia sobre el exceso de ruido generado por una fábrica que molestaba a los vecinos. La Audiencia de Castellón le absolvió en un primer momento pero el Supremo revocó el fallo. Años más tarde, Estrasburgo apercibió al Alto Tribunal por lo que fue una condena sin garantías y le obligó a anularla. Vilanova ya había dimitido de su cargo por una acusación que acabó en absolución. 

Alfonso Grau , Jorge Vela,  Luis Lobón

En 2018, el Supremo confirmaba la absolución dictada por la Audiencia de Palma para los cinco acusados en la pieza valenciana del 'caso Nóos'. Entre ellos, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón. En la misma sentencia que resolvió el recurso de casación, el Alto Tribunal confirmó también la inocencia de José Manuel Aguilar y Jorge Vela, ambos exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA); y, de la que fuera su  responsable jurídica, Elisa Maldonado. 

José Uncio y Enrique Pérez Boada

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a los exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Uncio y Enrique Pérez Boada –así como al responsable de inversiones Enrique Benedé y a otros siete acusados– de unas supuestas irregularidades en la gestión del hotel El Valle Jalance. Nueve años después de resultar implicados, todos ellos quedaron absueltos en una sentencia que calificó de «temeraria e incomprensible» su presencia en la causa.

Miguel Navarro y Luis Esteban

Luis Esteban y el que fuera director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, fueron absueltos en abril de 2016 por la Audiencia de Valencia, tras una instrucción judicial de más de diez años que, en cambio, sí condenó a otros directivos del parque temático y a una veintena de empresarios más.  

Alfonso Bataller y Jorge Bellver

Alfonso Bataller, el exalcalde de Castellón de la Plana, llegó a estar imputado hasta en dos ocasiones: en mayo de 2013, en el marco del caso Gürtell, y en junio de 2015, al ser incluido en la investigación de la trama Púnica. En el primer caso –como consecuencia de las decisiones adoptadas en su etapa en la consejería de Sanidad– para ser desimputado año y medio después. En el segundo, cuando como concejal asumió la Alcaldía en funciones, que se vio obligado a abandonar tras haber renunciado al acta, para quedar liberado pocos meses después cuando, levantado el secreto de sumario de la instrucción de Púnica, se reveló que su nombre no estaba entre los señalados. 

Jorge Bellver también sufrió dos señalamientos que nunca terminaron en condena. Fue absuelto un año y medio después de ser acusado de prevaricación en el Ayuntamiento valenciano. Lo mismo le volvió a suceder entre septiembre de 2015 y abril de 2016, con el mismo desenlace a su favor. 

Johnson, Romeral y Motes

Compromís denunció a la exdirectora de la televisión valenciana, exconsejera y exsecretaria autonómica de Comunicación del Consell Lola Johnson y a los directivos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Nuria Romeral y Lluis Motes por provocar, presuntamente, un agujero en las cuentas del ente público por valor de mil trescientos millones de euros. El partido político que formuló la acusación les señaló por supuestos contratos irregulares por los que permanecieron en condición de imputados durante un año y medio. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna archivó la causa contra todos ellos. La juez al frente de la investigación decretó el sobreseimiento de las pesquisas al entender que, a la luz de las acusaciones formuladas por Compromís, no se derivaba su posible intervención concreta y personal en los negocios jurídicos bajo sospecha. 

Caso Palau de les Arts

En marzo de 2020 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia absolvía a los cuatro acusados por presuntas irregularidades en los contratos suscritos, entre 2008 y 2011, por la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía con varias empresas. Los implicados habían sido detenidos, en 2015, en una operación policial muy sonada. 

Sin embargo, la sentencia consideró que no había pruebas acreditadas de los delitos de prevaricación y malversación por los que fueron señalados los responsables pero el fallo llegó tarde para uno de ellos. La intendente del recinto operístico, Helga Schmidt, fallecía cinco meses antes. Schmidt murió sin conocer su absolución. 

Un millar de inocentes, señalados

En circunstancias muy similares a las anteriores se han encontrado: José Clerigues, director general de Farmacia, salpicado por la trama Gürtel; Rafael Aznar, expresidente de la Autoridad Portuaria, desimputado en 2016 por la Audiencia Provincial de Valencia por sendos delitos de  prevaricación y malversación que la Fiscalía recurrió y el Tribunal Supremo desestimó, nuevamente, en 2017, al igual que en haría en 2019 para dejarle al margen de una segunda causa vinculada con el puerto; Cristina Morató y Eusebio Monzo, directores generales de la Generalitat envueltos sin motivo en el caso Calatrava, en Castellón; Santiago Arévalo, alcalde de Enguera (y con él siete concejales más del Partido Popular) investigado por un presunto delito urbanístico, a partir de una denuncia socialista que fue sobreseída en mayo de 2016. 

José Vicente Morata, expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Héctor Blasco y Pilar Soriano fueron liberados del caso Umivale, en 2016. En el mismo año, el exalcalde de Calpe, Javier Morato, y dos de sus concejales fueron absueltos de un delito de prevaricación, al igual que el primer teniente de alcalde de Alicante, absuelto de sendas acusaciones de prevaricación y malversación. 

El exalcalde de Gandía Arturo Torro vio cómo resultaba archivada una denuncia del PSOE contra él por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración. En el caso del diputado del PP Oscar Clavell sería el Supremo, nuevamente, quien corrigiese lo instruido por una juez castellonense. También el Alto Tribunal confirmó, en 2016, la absolución a Roberto Abad y otros directivos de la CAM, por un presunto cobro de dietas indebidas. 

La misma suerte corrieron el presidente de la Feria de Valencia y su directora general, Belén Juste. El fiscal solicitó al Juzgado el archivo de la denuncia cursada contra ellos por presuntas irregularidades. Angelica Such, exconsejera de turismo y un funcionario de su Departamento, Juan Bover, resultaron absueltos en 2017 de la trama Gürtel. 

José Juan Morenilla, gerente de EPSAR, fue absuelto de un delito de prevaricación por una presunta contratación irregular de cinco trabajadores. Y Manuel Corredera, exalcalde de Mislata por un supuesto troceamiento de contratos que no fue tal. Peor fortuna tuvo el exalcalde de Torreblanca denunciado hasta en tres ocasiones por prevaricación y malversación por la socialista que se postulaba para sucederle en el cargo. Las acusaciones no prosperaron. 

En noviembre de 2018, siete años después de su primera imputación, la Justicia absolvió de un total de seis delitos –entre ellos falsedad, malversación y prevaricación– a Manuel Álvaro, exalcalde de Alboraya. En cuanto al alcalde de Enguera y a cuatro de sus ediles, a quienes el PSOE había acusado de un delito de prevaricación urbanística, quedaron definitivamente limpios en 2018, dos años después del  primer archivo de la causa, en 2016, que los socialistas recurrieron. 

La causa contra el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, y tres de sus concejales, por prevaricación y malversación, según una denuncia del PSOE valenciano que nunca llegó a concretarse acabó en sobreseimiento. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Requena ordenó el archivo de la denuncia formulada por el grupo de la oposición conta el Gobierno local ante la Fiscalía Anticorrupción por una presunta «doble facturación» del Ayuntamiento entre los años 2012 y 2016 del ayuntamiento. La jueza consideró que no se había acreditado debidamente la comisión de ningún delito.

Y en absolución concluyó la situación procesal del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, acusado de tres delitos fiscales y uno de cohecho. El juez tardó 14 meses en dictar sentencia desde la finalización práctica del juicio. La Audiencia de Alicante confirmó, el pasado mes de mayo, la sentencia absolutoria inicialmente dictada por el Juzgado de lo Penal número seis. 

El fiscal reclamaba para la ex alcaldesa de Puzol, Mercedes Sánchez, nueve años de inhabilitación que el juzgado de lo penal número siete de Valencia no aplicó, al considerar que no se había negado de mala fe, ni deliberadamente, a firmar una resolución para que una empresa del polígono abonara al ayuntamiento más de 223.000 € por los daños causados en el alcantarillado municipal. 

Por el contrario, en el caso del concejal popular de Benaguacil, Stefan Soriano, fue la propia Fiscalía quien instó el archivo de la denuncia presentada por el PSOE contra él por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.