Políticos y partidos sentenciados en los telediarios que nunca fueron condenados por la Justicia

Las noticias de políticos sentados en el banquillo salpicados por causas judiciales o en casos de corrupción se han convertido, en los últimos años, en el tema más cotizado para abrir informativos y llenar portadas enteras en medios de comunicación no sólo por lo reprobable de las conductas de los implicados en su condición de cargos públicos, sino por el perjuicio que tales comportamientos provocan en el prestigio de las instituciones y en el coste que suponen para las arcas públicas. Aunque con frecuencia, tras largos y engorrosos procedimientos penales se producen sentencias condenatorias, también, en numerosas ocasiones, llegan las absoluciones y los sobreseimientos. Pero, curiosamente a estos últimos nunca se les dedica el mismo tiempo ni los protagonistas no culpables ocupan la misma cantidad de minutos y especiales que recibieron en el momento en el que se produce el escándalo. Son las popularmente conocidas como penas de telediario en las que la imagen personal y profesional de los ya perjudicados queda en entredicho sin posibilidad de acceso a una reparación pública, justa y adecuada al daño causado.

Los ejemplos más icónicos se han producido, de manera especialmente incisiva, en causas relacionadas con el Partido Popular pese a que otras formaciones, como el propio PSOE, acumulan un mayor número de investigaciones, imputados e incluso condenados, o cuantías más altas, como en los ERE de Andalucía.

La diputada Pilar Barreiro

Es uno de los ejemplos más sangrantes de la historia reciente. Hasta en dos ocasiones las investigaciones judiciales abiertas contra ella han sido archivadas por el Supremo. En mayo de 2015 y en octubre de 2018, la exsenadora del Partido Popular y alcaldesa de Cartagena desde 1995 Pilar Barreiro Álvarez quedó definitivamente fuera de todas las sospechas que la Justicia albergaba sobre ella. Era la propia Barreiro quien, al conocer la última decisión del Alto Tribunal, apelaba a cómo la sociedad debe tener «un punto de cordura» y respetar «para todos» la presunción de inocencia. 

En una primera ocasión, el Supremo dio carpetazo a una causa contra Barreiro tras cerrar las pesquisas por su presunta implicación en una trama urbanística bautizada como Novo Carthago, sobre unos terrenos próximos al Mar Menor en los que se planeó la edificación de un total de 10.000 viviendas y varios hoteles de lujo ubicados en las inmediaciones de sendos campos de golf. En el segundo caso, la magistrada Ana Ferrer archivó la causa que pesaba sobre ella por una presunta relación con el caso Púnica que, finalmente, y según el auto de la juez contaba con «un débil, equívoco y ambivalente material probatorio» que justificase la continuidad de la instrucción por los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación y cohecho por los que estuvo señalada. 

La alcaldesa Rita Barberá

La popular y querida regidora de Valencia durante más de 24 años (1991-2015), cayó en desgracia cuando tras la celebración 32º edición de la Copa América de Vela y el circuito de Fórmula 1 por las calles de la capital del Turia, el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, al que había prestado su apoyo explícito en ambos proyectos, se vio implicado en la conocida como 'causa de los trajes'. 

Posteriormente, la posibilidad de resultar imputada en el 'caso Noos', que llevo al entonces cuñado del actual Rey al banquillo y, finalmente, a prisión, por ciertos contratos firmados para la celebración del Valencia Summit, desgastó la figura de Barberá pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) nunca llegó, ni siquiera, a imputarla. 

Hasta en cuatro ocasiones Rita Barberá fue señalada públicamente por una presunta corrupción por la que nunca fue condenada

Alejada ya del ámbito local en su tierra natal y tras incorporarse como senadora del Partido Popular, en enero de 2016, Rita se vio obligada a dar nuevamente explicaciones por una presunta trama de corrupción que afectaba a varias Administraciones de la Comunidad Valenciana, la llamada 'operación Taula'. Barberá siempre aseguró que no existieron amaños «en ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia» ni hubo «ninguna mordida, ni desvíos ilegales». Sin embargo su propio partido le pidió que renunciase a presidir la Comisión Constitucional del Senado. 

El juez del 'caso Imelsa' solicitó posteriormente al Senado que acreditase la condición de senadora de Barberá con el fin de determinar si era competente para investigarla. Y, en 2016, el Supremo decidió investigarla, finalmente, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Ni dimitió ni jamás asumió que existiese ningún tipo de financiación ilegal en el PP valenciano. Se vio sometida hasta en cuatro acusaciones de corrupción pero falleció, en noviembre de ese mismo año, antes de que pudiese demostrase, si es que alguna vez existió, algún delito contra ella. 

Cristina Cifuentes

El 16 de febrero de este mismo año, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes resultó absuelta por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid del delito de falsedad en documento público del que fue acusada en calidad de inductora tras conocerse que la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado falsificó el acta de notas de la política del PP, por orden de su jefe, el ya  fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde, para sortear la crisis surgida en marzo de 2018, al hacerse públicas ciertas irregularidades en un máster obtenido años antes por Cifuentes en dicha institución. 

Rosado, autora del documento manipulado, fue condenada a un año y medio de prisión por la falsedad, pero el tribunal le atenuó la pena consciente de la presión bajo la que la hizo. En cambio, en el caso de la presidenta madrileña se concluyó que «las sospechas legítimas que pudieran existir» no se convirtieron «en prueba suficiente para justificar su responsabilidad». 

«Ni consta la presión inductora ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito», sentenciaron los magistrados encargados del caso. 

Francisco Camps

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha llegado a estar implicado en hasta nueve procedimientos judiciales por causas vinculadas a la corrupción que han finalizado en sobreseimientos o absoluciones. El más reciente es el que le ha relevado de cualquier responsabilidad en las presuntas irregularidades que se cometieron para la contratación de los servicios necesarios para organizar la visita del Papa Benedicto XVI a la capital valenciana, en 2006.

Sin embargo, el más mediático y el que más ha lastrado la imagen pública de Camps, fue el primero que le llevó a un banquillo cuando, en 2008, se le acusó por, presuntamente, haber aceptado varios trajes obsequio de la trama 'Gürtel' de un delito de cohecho impropio. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, previa decisión de un jurado popular, absolvió al expresidente autonómico de todos los cargos. El Tribunal Supremo ratificó, con posterioridad, la inocencia de Camps al rechazar un recurso presentado por el PSOE y confirmar la decisión de la instancia inferior. 

Sandro Rosell

La Audiencia Nacional absolvió, en 2019, al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell tras pasar 643 días en prisión preventiva acusado de blanquear comisiones de derechos audiovisuales de un total de veinticuatro partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de patrocinio con la marca deportiva Nike. Junto con él fueron absueltos otros cinco acusados señalados, inicialmente, por los mismos hechos. 

Y ello pese a la fuerza inicial del caso, que se inició a petición de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York a raíz de la participación de funcionarios de la FIFA en actividades delictivas que conectaban con ciertas empresas de medios de comunicación y de marketing deportivo, entre las que se encontraba la de Sandro Rosell. 

El abogado y sus letrados siempre insistieron en su inocencia. No en vano, el tribunal, una vez practicadas todas las pruebas necesarias, no pudo acreditar las acusaciones vertidas contra el catalán y, en consecuencia, tuvo que dejarle en libertad tras casi dos años privado de libertad de manera provisional. 

Banco de Madrid

Dos sociedades empresariales, Marine Instruments y Luiniaski, presentaron una querella contra el consejo de administración del desaparecido Banco de Madrid por la presunta existencia de una estructura de blanqueo de capitales. La causa salpicó, entre otros, a los hermanos Cierco, los hermanos Higini y directivos como Joan Pau Miquel, bajo la lupa por la práctica de ciertas presuntas irregularidades en el seno de la entidad. 

El Banco de España decidió, en paralelo a las pesquisas judiciales, apoyarse en un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre la entidad señalada para intervenir la misma, aunque tiempo más tarde el organismo apuntó a que pese a que los controles y protocolos internos de Banco Madrid eran mejorables, las detalladas investigaciones no arrojaban actuación delictiva alguna.

En un auto dictado el 2 de enero de 2019, el magistrado Juan Antonio Sáez, titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, archivaba, 6 años después de la liquidación del banco, las acusaciones vertidas, al no acreditarse ningún hecho delictivo en la gestión de la entidad financiera. Es más, el juez descartó, rotundamente, que el banco hubiese cometido «por acción u omisión ningún ilícito ni penal ni administrativo contra la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales». Una prueba evidente de que la Justicia lenta no puede ser justa.

Los hermanos Cierco demandaron al Banco de España, en 2020, al entender que la liquidación de la entidad fue «un fraude irracional» y reclamaron 250 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, «por los cuantiosos daños y perjuicios causados a raíz de la intervención y liquidación» de esta entidad, en 2015.

Vitaldent

El caso más reciente ha sido el de la franquicia de clínicas dentales Vitaldent. Esta misma semana, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordaba el archivo del procedimiento al concluir que los delitos que se atribuían a la antigua directiva del entramado por estafar, presuntamente, más de diez millones de euros a sus franquiciados y emplear el tejido de sus clínicas para blanquear capitales, no han quedado acreditados.

Las franquicias denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda que estaban obligadas a cobrar un porcentaje del coste de los tratamientos de sus pacientes en metálico, así como a pagar hasta un diez por ciento de su facturación total, sin declarar, al presidente del grupo Ernesto Colman. Motivo por el que el juez encargado del caso decretó el ingreso en prisión provisional de hasta 13 detenidos entre los que constaban el propio Colman y su vicepresidente, Bartolomé Conté. 

A juicio del instructor, ambos responsables y otros miembros de la cúpula empresarial de la empresa dental diseñaron y formaron parte de «un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa».

La dificultad del caso y las múltiples aristas que presentaba el mismo llevaron al instructor a elevar la causa a la Audiencia Nacional que, sin embargo, ha acordado el sobreseimiento libre del procedimiento y ha ordenado comunicar la resolución a la Agencia Tributaria para que esta, a su vez, deje sin efecto las inspecciones vigentes e iniciadas sobre la matriz societaria como resultado de la apertura de la investigación judicial.