Caso ERE: una sentencia dictada y cuarenta juicios pendientes

Los ERE andaluces son uno de los casos de corrupción política más graves de la historia de nuestro país. No sólo por el número de investigados, que superó los 300, sino porque el dinero defraudado en el marco de las irregularidades cometidas por el PSOE ascendió a 680 millones de euros. Pese a que la cúpula del socialismo andaluz implicada en la trama, con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al frente, fue condenada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla por sendos delitos de prevaricación y malversación lo cierto es que, hasta la fecha, sólo una de las más de 100 piezas judiciales abiertas por este tema ha sido sentenciada. 

En un fallo de mil ochocientos veintiún folios, el magistrado encargado de redactar la sentencia, Juan Antonio Calle, detalló cómo la Junta de Andalucía había diseñado un modelo de gestión irregular de los fondos públicos para dejarlos fuera de los mecanismos de control oficiales. La maniobra consistió en hacer múltiples modificaciones presupuestarias, para extraer dinero de forma arbitraria de la partida 31L, también llamada 'fondo de reptiles'.

Las cantidades obtenidas de ese modo se desviaban para declarar ERE innecesarios en empresas afines al régimen socialista y para otorgar ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta. El sistema se mantuvo vigente durante más de diez años, los que fueron desde el 2000 hasta el 2010, en plena crisis económica. 

Dada la complejidad y gravedad del caso, tras más de diez años de recorrido judicial, sólo ha podido liquidarse la pieza más relevante, la política, y celebrarse el juicio de la aceitunera Acyco, pendiente el contenido de la sentencia. Todavía restan por abordar más de un centenar de procedimientos, derivados de las más de 200 causas que pidió la Fiscalía, de los cuales casi la mitad estarían en fase de abreviados. 

La pieza política

Arrancó en 2017, se prolongó durante más de un año y la sentencia no es todavía firme, puesto que la mayoría de los condenados recurrieron en casación ante el Supremo. El fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Mientras, en el caso de José Antonio Griñán, acusado de prevaricación y malversación, fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo público por un total de 15 años y dos días.

Junto con ellos, fueron juzgados un total de 21 exaltos cargos del PSOE andaluz. Los tres magistrados que integraron el tribunal: Juan Antonio Calle Peña (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez, sentenciaron un proceso al que el Supremo tendrá que dar firmeza. De entre todos los sentados en el banquillo, solo dos resultaron absueltos: Francisco del Río, exjefe del gabinete jurídico de la Junta y Manuel Gómez, exinterventor general de la insitución.

Las penas más elevadas fueron, sin embargo, para Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010. Recibió una pena de siete años, once meses y un día de prisión, y 19 años y medio y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación por su «dejación absoluta» de sus funciones que permitió «el despilfarro continuado» de los fondos públicos. Lo mismo que para Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y principal acusado de la trama. Guerrero recibió una condena de siete años y once meses y un día de cárcel. Mientras que su inhabilitación es de 19 años y medio y un día. Ingresó en prisión al día siguiente de prestar declaración ante la instructora de la causa, la juez Mercedes Alaya, y falleció el pasado mes de octubre sin conocer la decisión final del Supremo en el caso. 

Su entonces chófer, Juan Francisco Trujillo, contó ante Alaya cómo Guerrero llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en cocaína para consumo propio y de su jefe, con el dinero de las ayudas públicas irregulares concedidas por la Junta a sus empresas.

El que fuera mano derecha de Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías , también fue condenado, como su exjefe, a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Y José Antonio Viera, el consejero de Empleo que ratificó el convenio marco del año 2001 en base al que se concedían las ayudas irregulares, lo fue a siete años y un día de cárcel y a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.

Juan Márquez siete años e inhabilitación absoluta para cargo público es durante 18 años y un día. Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina junto al tercer secretario general técnico de Empleo juzgado en los ERE, Juan Francisco Sánchez, han sido condenados a penas de entre ocho años y medio y nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, siendo absueltos de malversación, por lo que no llegaron a ingresar en prisión.

En cuanto al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, fue castigado con siete años y un día de cárcel y 18 años de inhabilitación por ambos delitos. La exministra Magdalena Álvarez y entonces consejera de Hacienda de la Junta resultó condenada a nueve años de inhabilitación.

Para la viceconsejera de Economía y posterior titular de la cartera Carmen Martínez Aguayo se impusieron seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación. Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo en la etapa de Antonio Fernández, fue condenado a siete años y un día de prisión e inhabilitado durante 18 años y un día. En cuanto a 

Jesús María Rodríguez Román, el exviceconsejero de Innovación, fue sentenciado a seis años y dos de días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación.

Un total de nueve años de inhabilitación recibieron tanto José Salgueiro, exviceconsejero de Economía y Hacienda con Magdalena Álvarez, y Antonio Lozano, ex director general de Presupuestos en la etapa de Griñán como consejero de Hacienda.

Visto para sentencia

En la pieza seguida contra Aceitunas y Conservas (Acyco) la causa quedó vista para sentencia a comienzos de este mismo año. El juicio arrancó contra un total de 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía que ya fueron juzgados y condenados en el proceso específico de la causa política: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; su exviceconsejero Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien falleció por una neumonía, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; y, el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Además de ellos, se encuentran acusados la presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto; el abogado de la empresa y responsable de recursos humanos Gabriel Barrero; los directivos de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; el exmiembro del despacho de abogados Garrigues José Miguel Caballero; y, Andrés Carrasco, vecino del pueblo sevillano donde fue alcalde Guerrero y amigo personal de éste.

Cuarenta piezas pendientes

Lejos de concluir con el juicio más mediático y sonado de los últimos años, la macrocausa despiezada de los ERE tiene pendientes hasta un total de cuarenta instrucciones más en fase de procedimiento abreviado:

• Yogures Andaluces, S.A. (Yogan). Para tres exdirectivos de la actualmente denominada Corporación Alimentaria Peñasanta, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dictó un auto el pasado 5 de octubre en el que se acuerda continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas por unas ayudas que habrían ascendido hasta los 6,4 millones de euros. Esta decisión afectó al exsindicalista de UGT y presunto conseguidor de subvenciones en la trama de los ERE Juan Lanzas, al que se han unido hasta tres directivos de la mercantil.

• Siemens Metering. Otra de las piezas es la referida a la ayuda de cerna de millón y medio de euros que durante la época de Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía, se pagó dicha cantidad, en octubre de 2002, para que la empresa tecnológica declarase un ERE entre su plantilla que afectó a 36 trabajadores. Lo más llamativo de este caso es que al menos nueve de los trabajadores prejubilados por este método, ni siquiera habían cumplido los 50 años.
• Caso Altadis. El juez instructor Villaplana también acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra ocho personas, inicialmente dieciséis, investigadas en esta pieza separada de los ERE. Villaplana se centró en las presuntas irregularidades de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la tabaquera Altadis, entre 2004 y 2010, por un importe total de 35.400.789,37 euros que fueron un «cheque en blanco contra los fondos andaluces».

Los jueces instructores

La juez Mercedes Alaya, entonces en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, abrió las primeras diligencias de investigación el 19 de enero de 2011 al hilo de las presuntas irregularidades detectadas en la empresa pública Mercasevilla. La magistrada rastreó una partida destinada a prejubilaciones que se habrían concedido extrayendo sistemáticamente dinero de las arcas públicas y sin que sus beneficiarios actuasen de mala fe. Una línea que derivó en secuelas como el caso Avales, IDEA o el fraude de los cursos de formación. 

La toma de las declaraciones empezó en marzo de 2012, coincidiendo con las autonómicas andaluzas donde los socialistas perdieron la mayoría absoluta, aunque pudieron conservar el poder junto con Izquierda Unida. Solicitó la imputación en el caso de los mismísimos presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán el mismo día en el que Susana Díaz tomó posesión como presidenta de la Junta tras la dimisión del último, en agosto de 2013.

La sucesora de Alaya, María Núñez Bolaños, fue quien decidió trocear la macrocausa de los ERE en piezas separadas. Tras sostener en una de sus resoluciones que «lejos de poder ser considerados delincuentes», muchos de los imputados en la trama «podrían ser consideradas víctimas» resultó denunciada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por «desatención y retraso» en la tramitación del caso.

Aunque la denuncia fue archivada en septiembre, Núñez Bolaños se ha retirado voluntariamente del caso para delegar todos los temas pendientes en el juez de refuerzo de su juzgado, José Ignacio Villaplana.