El Supremo ultima el informe consensuado sobre el indulto de Juana Rivas

El debate jurídico sobre el indulto propuesto por el Gobierno, y respaldado por la Fiscalía, para Juana Rivas, la madre malagueña que fue condenada a dos años y medio de prisión por secuestrar a sus dos hijos menores de edad, en 2017, está cada vez más cerca del consenso. El Supremo ultima la redacción del que será el informe que, como tribunal sentenciador por ser el último que la condenó, presentará al Ejecutivo con su recomendación sobre la medida de gracia. Fuentes próximas al Alto Tribunal han señalado a El Debate que, si bien, tendrá que abordarse una última sesión para que el Pleno de la Sala Segunda, presidido por el juez Manuel Marchena, alcance una mayoría técnica sobre la cuestión, el contenido del texto está muy avanzado y podría darse a conocer en la próxima semana. 

Las mismas fuentes consultadas han señalado que el acuerdo entre los dieciséis magistrados que integran el Pleno «se dará más pronto que tarde» aunque ven «difícil una posición favorable», si bien está pendiente de «tomarse la decisión final». 

Hasta la fecha, el doble escenario en el que se mueve el Supremo pivota entre los partidarios de conceder el indulto parcial a Rivas para rebajar en seis meses la pena impuesta en firme por el propio tribunal y eliminar así la ejecución de la misma, esto es, que de facto pueda quedar en libertad sin ninguna medida de control; y, los que, por el contrario, consideran que dicha posibilidad no resultaría beneficiosa, toda vez que ya se rebajó la condena inicial de la instancia anterior y que, en la práctica, la madre malagueña ya está cumpliendo el tiempo de su sanción de una manera muy benévola, en su domicilio. 

En este último bloque, aquellos para quienes una vez analizado el caso concreto, aplicadas todas las consideraciones posibles al mismo y reducida la pena de la Audiencia de Granada a la mitad, no hay justificación jurídica para eliminar un reproche por «la desobediencia en el cumplimiento de una orden judicial». No en vano, Juana Rivas desoyó la decisión de un tribunal que ordenaba que sus dos menores hijos se quedasen a cargo de su expareja y los sustrajo de su compañía para ocultarse con ellos. 

«Flaco favor se estaría haciendo al mensaje de respeto a la Justicia» y «nula pedagogía y efecto disuasorio» a futuro, ante eventuales situaciones como la de Rivas, «si se conmuta la pena», han apuntado fuentes próximas a la causa. 

Además, «asumir como piden quienes defienden la concesión del indulto que la condena impide el contacto de la condenada con sus hijos es insostenible. De justificar esto se abriría la puerta a que todos los presos condenados de España, que por estar en prisión no pueden ver a sus hijos si los tienen, solicitasen su indulto por este mismo motivo», han subrayado. 

La ponencia será del magistrado Andrés Palomo, quien también redactó la sentencia firme sobre Rivas, que actualmente cumple condena en base a ella, y que rebajó de cinco a dos años y medio la pena inicialmente impuesta a la madre al considerar que los hechos punibles constituyeron un único delito de sustracción de menores y no dos, al contrario de lo sostenido por la Audiencia de Granada.

La solución intermedia de la Fiscalía

Por su parte, el Ministerio Público que dirige Dolores Delgado apoya la concesión de una medida de gracia parcial para Juana Rivas. Esto es, la solución intermedia de la Fiscalía pasa por admitir una rebaja de seis meses de la pena de prisión que actualmente pesa sobre ella para reducirla a dos años y conmutar, así, la obligación de ingreso en prisión de la malagueña. Además, la Fiscalía propone hacer lo mismo con la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad que, de este modo, pasaría de seis a cuatro años.

Los informes de Supremo y Fiscalía son preceptivos pero no vincularán a un Gobierno decidido a conceder el indulto a Juana Rivas

Juana Rivas se encuentra actualmente en tercer grado penitenciario, régimen al que accedió tan sólo cuatro días después de su entrada en el Centro de Reinserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir condena. El Juzgado de lo Penal 1 de Granada dictó un auto el pasado 27 de mayo, en el que le ordenaba a la condenada el ingreso en prisión antes del día 12 del mes de junio. Desde entonces y hasta hoy, fecha en la que el Supremo tendrá que pronunciarse sobre su futuro, la granadina ha estado cumpliendo su pena en arresto domiciliario sometida al control de un dispositivo de localización telemática.

La defensa de Francesco Arcuri, su exmarido y padre de sus hijos, calificó el hecho como algo tan inédito como «vergonzoso». Con tal motivo, la propia Fiscalía de Granada recurrió la situación y solicitó al Juez de vigilancia penitenciaria que revocase la decisión y devolviese a Rivas a prisión.

El representante del Ministerio Público emitió un duro informe sobre el caso en el que sostuvo cómo la madre de Maracena se saltó «deliberadamente nuestra legislación interna» e hizo «burla de los compromisos internacionales suscritos por España» para fugarse con sus hijos y permanecer con ellos, incluso, en paradero desconocido.

En su escrito el fiscal remarcó el hecho de que Juana Rivas estuviese en «franca rebeldía», en paradero desconocido de la Justicia española, y promovió «infructuosos incidentes, dilatando de forma indebida la ejecución» de las decisiones adoptadas por los diferentes órganos judiciales para que los niños regresasen con su padre a Italia, donde la familia residió junta, varios años, hasta el divorcio de los padres.