La auditoría sobre los errores de la pandemia que Sanidad prometió hace un año ni ha empezado

España va camino de despedir el segundo año de pandemia sin la auditoría independiente que tantas veces ha prometido el Ministerio de Sanidad para evaluar la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la COVID-19.

La gestión sanitaria, porque de la política ya se ha encargado el Tribunal Constitucional al demoler toda arquitectura del primer y el segundo estado de alarma, inconstitucionales a su juicio.

La auditoría ha sido una petición recurrente de la comunidad científica española desde hace más de un año, primero al ministro Salvador Illa y después a Carolina Darias. Sin embargo, y después de 21 meses de pandemia, el Ejecutivo sigue sin abrir las ventanas ni levantar las alfombras. Pese a que España fue, durante meses, un gran agujero negro mundial del coronavirus, con tasas de incidencia acumulada y mortalidad entre las más altas del planeta y las más altas de la UE.

A mediados del pasado mes de septiembre, y después de muchos retrasos, Sanidad pactó con las comunidades autónomas una lista de cuatro expertos que debían analizar los pozos de la gestión de un Gobierno que ni siquiera ha sido capaz de ofrecer jamás un recuento real de muertos.

Se suponía –así lo aseguró Darias– que la metodología de trabajo estaba acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud desde mucho antes, así que debían ponerse manos a la obra enseguida.

Desde el comité de expertos reconocen que no hay aún ni metodología ni calendario

Sin embargo, a día de hoy ni eso hay avanzado, como reconocen a El Debate fuentes de ese reducido comité de expertos: «Aún se está en una fase muy inicial», explican. Uno de los cuatro elegidos añade en declaraciones a este periódico: «Estamos trabajando en definir la metodología y el calendario, nos parece prematuro hablar del tema».

El equipo lo componen Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; Rosa Urbanos Garrido, una autoridad en Economía de la Salud y quien fuera primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud; Carmen Pérez Romero, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud; y Xurxo Hervada Vidal, experto en Epidemiología.

Desde el Ministerio de Sanidad, y ante reiteradas preguntas de este diario, se limitan a responder que los expertos «están trabajando en ello» y que cuando haya «alguna novedad» informarán. La ministra señaló hace mes y medio que tienen «una responsabilidad muy grande».

España, una anomalía en la UE

Si el comité aún está definiendo el esquema de trabajo y éste será arduo y complicado es de prever que aún falten meses para conocer los resultados de su evaluación. Algo insólito en la UE, donde la mayoría de países miembro ya hace tiempo que examinaron su respuesta a la pandemia. Han hecho auditorías Alemania, Bélgica, Chipre, Letonia, Lituania, Holanda, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia. Otros países están en proceso. En Italia en julio empezó un juicio civil de 520 demandantes contra el Estado por las muertes en Bérgamo.

El Gobierno siempre ha intentado posponer lo máximo posible el momento de ponerse ante el espejo de sus errores, ya no digamos de asumir responsabilidades. Durante muchos meses se escudó en que no era momento de despistarse con auditorías porque su prioridad era luchar contra el mortífero virus.

Sánchez llegó a poner a la Fiscalía como dique contra querellas y denuncias a miembros del Gobierno

Es más. El presidente se negó a una comisión de investigación en el Congreso y puso a la Fiscalía General del Estado como dique de contención frente a cualquier querella o denuncia en el Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno por posibles delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidio imprudente, prevaricación administrativa o cualesquiera.

Además santificó y envió al ministro de la pandemia, Salvador Illa, como candidato a las elecciones catalanas en plena Navidad de restricciones. Mientras en otros países la gestión del coronavirus hacía caer, uno tras otro, a los ministros de Sanidad de la República Checa, Chile, Brasil, Guatemala, Panamá, Nueva Zelanda, Rumanía, Holanda y hasta el Reino Unido (este último por saltarse sus propias normas de distanciamiento social).

Sin embargo, ahora que casi el 90 % de los mayores de 12 años está vacunado, el Ejecutivo se ha quedado sin excusas. En paralelo a la auditoría de nunca acabar, el Congreso inició la semana pasada lo más parecido a una comisión de investigación sobre la gestión del coronavirus… pero restringida al ámbito de las vacunas.

Inicialmente estaba previsto que se centrara en los políticos y demás cargos públicos que se habían saltado la cola en las primeras semanas de vacunación. Pero es que cuando fue aprobada la creación de la comisión, en marzo de 2021, aquello tenía sentido. Y ya no.

Sus señorías se han dado cuenta de que para eso llegan muy tarde, entre otras cosas porque todos los casos conocidos acabaron en dimisión, ahí sí, y han reconducido sus trabajos. Los socialistas quieren centrarla en evaluar la estrategia de vacunación para echarse flores, puesto que es de lo poco que ha ido bien en toda la pandemia. Y los populares pretenden aprovechar la comisión para que comparezcan, entre otros, Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

De momento, respuestas pocas; excusas y evasivas todas.