Los jueces piden un complemento para incentivar Cataluña como destino

La propuesta es sencilla: asignar a los jueces y magistrados destinados en Cataluña un complemento salarial que no sólo incentive los destinos voluntarios a una territorial en déficit de efectivos sino que, además, ayude a quienes ya ocupan plazas en la comunidad autónoma a sostener el elevado nivel de vida en la misma. Así lo ha reiterado la delegación catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tras conocerse que, un año más, el número de vacantes en la Justicia catalana es muy superior a la media nacional y que, además, quienes eligen la región como primer destino no se quedan más allá del año obligatorio.

Desde el año 2008, la APM ha venido proponiendo la necesidad de conceder a los jueces y magistrados en Cataluña un «complemento de destino en atención a circunstancias especiales», similar al que ya disfrutan aquellos de sus compañeros que  trabajan en el País Vasco y Navarra, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La petición que, hasta la fecha, no se ha materializado, cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia catalán que ha asumido la iniciativa como propia.

En idéntico sentido, el Consejo General del Poder Judicial, en especial con el apoyo expreso de los vocales Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Mozo, apoya la reivindicación de la asociación profesional. No en vano, todos ellos son conscientes de los esfuerzos que, desde 2017, han venido haciendo en el Consejo por paliar la sangría de jueces en Cataluña fruto del movimiento secesionista que, a raíz del procés ha venido agravando la situación de la Justicia en la región. Hasta tal punto están mal las cosas que, en los cinco últimos años, el saldo neto de los jueces que salen frente a los que llegan voluntariamente arroja un «preocupante déficit» estructural.

El porqué del complemento

El movimiento secesionista catalán ha agravado la tradicional situación de movilidad de los miembros de la Carrera Judicial que viene observándose en Cataluña. El ataque masivo y constante que está sufriendo el Poder Judicial con carácter general a nivel nacional y, particularmente en esta comunidad, con una propaganda que pretende lograr el desprestigio social de los miembros de la Magistratura, y el proceso de descrédito de los poderes del Estado abanderado por el movimiento independentista, ha hecho mella en los jueces y magistrados que ocupan plazas en la jurisdicción catalana. 

A ello se suma, además, la presión emocional e incluso el peligro que está suponiendo conocer determinados asuntos judiciales en Cataluña, especialmente los que se refieren a causas políticas o vinculados con las administraciones independentistas. 

La imperiosa necesidad de pasar desapercibido ante los ojos separatistas a fin de evitar ataques de todas índole, como los dirigidos contra las sedes de los edificios judiciales de todo el territorio catalán; y, la frustración que provoca en los magistrados la ampliamente aceptada desobediencia a las resoluciones judiciales en Cataluña, no mejora el escenario.

Las nuevas prioridades políticas de los dirigentes autonómicos catalanes también han provocado un efecto negativo en materia de inversión en servicios públicos, singularmente en Justicia. La lamentable situación de gran parte de los edificios judiciales catalanes, la falta de provisión de medios materiales e incluso personales y, en definitiva, la falta de fondos destinados a la actividad judicial, son las consecuencias palpables de la desatención de la Administración autonómica.

Además, los jueces destinados en Cataluña se encuentran en una comunidad con un coste de la vida que supera en un 7,4% la media española mientras que en la capital Barcelona, la media excede en un 21 %, según el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos (Iermb). 

Y se trata de una comunidad autónoma que tiene una presión fiscal muy elevada. Según datos del Instituto de Estudios Económicos, Cataluña es la comunidad autónoma española con mayor presión fiscal normativa (134,5 puntos), superando a la media  nacional (110 puntos) y la europea (100 puntos).

Otro problema añadido para los jueces destinados en Cataluña con hijos menores es el de la escolarización, singularmente si son jueces procedentes de fuera de la comunidad con perspectiva de volver a sus lugares de origen. El denominado sistema de «inmersión lingüística» que implica la priorización del idioma catalán, con especial incidencia en la escuela pública, obliga a muchos jueces y magistrados a hacer un sobreesfuerzo económico para llevar a sus hijos a centros privados o concertados a fin de minorar en lo posible el impacto del método separatista.

Evitar el efecto salida

En el último Congreso celebrado por la APM se estimó necesario establecer mecanismos para fomentar la estabilidad y permanencia de los jueces en Cataluña, mediante un incentivo económico que evitase la movilidad y una constante desertización de plazas judiciales catalanas especialmente agravada con la situación derivada del proceso soberanista. 

En Cataluña se ha puesto en el «punto de mira» a los jueces como «enemigos» en tanto que garantes del Estado constitucional de Derecho, se lamentan desde la territorial de la APM en Barcelona, lo cual «hace imprescindible la aprobación del complemento territorial» por circunstancias especiales para los jueces destinados en Cataluña «como mecanismo compensatorio» para la plantilla judicial de la comunidad. 

El reconocimiento económico reclamado desde la APM, por importe similar al del País Vasco, que se sitúa entorno a los 500 euros, «ayudaría a los jueces, en gran medida, a sobrellevar estas dificultades y la dureza del especial desprestigio y penosidad que sufre la función jurisdiccional en Cataluña, derivada de la anormal situación política y social» del destino catalán. 

En opinión de los miembros de APM para contar con una plantilla de Jueces y Magistrados estable en Cataluña, «no sólo bastaría con el reconocimiento del complemento antes comentado sino que tendría que garantizarse el reconocimiento de un complemento de carrera adicional que premiara, específicamente, la estabilidad en territorio de Cataluña tras la prestación de servicios efectivos durante un periodo determinado».

«Sólo de esta manera podrá evitarse el efecto salida que la situación de Cataluña está provocando y que, fuera de toda duda, seguiremos experimentando en lo sucesivo», han declarado.