Los 10 números negros de Sánchez que arruinan su relato de la España idílica

A lo largo de las dos jornadas que esta semana duró el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, la ministra de Hacienda dio muchas cifras. Cuentas y… «cuentos», como le recriminó Inés Arrimadas refiriéndose a la escasa solidez de las previsiones contenidas en las cuentas públicas.

Al Gobierno le gustan los números, pero no todos. La mejor prueba es que en todo el debate, María Jesús Montero no hizo una sola mención a la subida incontenible de la inflación, que en octubre se disparó hasta el 5,5 % –la mayor en 29 años– y puede acabar el año en torno al 6 %. Con lo que ello conlleva tras la reindexación de las pensiones al IPC por parte del Gobierno, salvo que encuentre alguna fórmula mágica para no subirlas tanto.

Ésta es solo una de la decena de cifras del sanchismo a las que ni Pedro Sánchez ni sus ministros se refieren nunca. Las conocen, pero no las utilizan, porque suponen un misil de flotación en el relato gubernamental de que España está saliendo de la crisis del coronavirus a pasos agigantados. Crisis que, en lo humano, se ha cobrado la vida de más de 90.000 ciudadanos, aunque el Ministerio de Sanidad rebaja el dato a 87.477. Y costó muchos meses que Ejecutivo empezara a dar algunas cifras de fallecidos, aunque fueran por lo bajo.

De todos los números negros de Sánchez el peor es el de los cuatro millones de parados. El miércoles, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicó que en octubre había descendido el paro por primera vez en toda la serie histórica, que se remonta a 1975. Y cifró el número de desempleados en 3.257.068.

Sin embargo, el truco del Ejecutivo, que vienen denunciando Pablo Casado y diversos economistas, es que no está incluyendo en las estadísticas ni los 200.000 trabajadores que siguen en ERTE, ni los 200.000 autónomos en cese de actividad, entre otros olvidos.

La precaria situación económica de muchas familias ha elevado a 12,5 millones el número de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe recientemente publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que engloba a 38 organizaciones no gubernamentales. Son 620.000 más que antes de la pandemia.

Todos ellos son especialmente vulnerables a la subida de la electricidad, que es otra de las cifras que trae de cabeza al Gobierno aunque trate de no mirarla a los ojos. El precio medio en octubre se situó en 200,6 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, y pulverizó todos los registros históricos el día 7 de ese mes, con 288,53 euros.

Por más que Sánchez intente escapar de ella, la factura de la luz corre más que el presidente. A buen seguro los grupos de la oposición le preguntarán al respecto el miércoles, cuando comparezca en el Congreso para informar, teóricamente, de las últimas reuniones del Consejo de Europa.

Lo último que ha intentado el socialista es que Bruselas autorizara al Gobierno de España a fijar los precios al margen del sistema europeo de tarificación, pero la vicepresidenta Teresa Ribera recibió un portazo a esa pretensión en un consejo extraordinario de ministros de Energía celebrado el pasado 26 de octubre.

Para el Ejecutivo de Sánchez, las comparaciones con el resto de la UE siempre han sido odiosas, puesto que los españoles pagan la electricidad un 151 % más cara que los franceses y alemanes. Los primeros apuestan por la nuclear; los segundos siguen dependiendo del carbón, del que procede más de la cuarta parte de la energía que producen.

El precio de los carburantes es otra de esos números tabú para el Gobierno de coalición. La gasolina encadena nueve semanas de subidas y ya se paga a 1,505 euros el litro, su precio más caro desde finales de 2013. Entre eso y que el Ministerio de Transportes ha reconocido abiertamente que trabaja en un «sistema de tarificación» para circular por autovías y autopistas a partir de 2024 –la forma eufemística de referirse a los peajes–, el coche se ha puesto por las nubes.

En esa decena de cifras se incluye también la de las violaciones, máxime después de la brutal agresión sexual sufrida esta semana por una menor de 16 años en Igualada. Según los datos del Ministerio del Interior, que recogió El Debate el 22 de octubre, las violaciones han aumentado en España un 66 % desde 2016 y un 15 % respecto a 2019, porque el año de la pandemia y el confinamiento no es equiparable.

Ello a pesar del presupuesto cada vez mayor del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y su lucha contra lo que llaman «violencias sexuales», que en 2022 alcanzará los 525 millones de euros, frente a los 459 millones del año pasado y los 181 millones de 2019 (con los Presupuestos prorrogados de Cristóbal Montoro).

Por último, al Ejecutivo tampoco le gusta hablar de la inmigración ilegal, que sigue disparada. Incluso dejando al margen el episodio de los días 17 y 18 de mayo en Ceuta, cuando Marruecos empujó a España a entre 7.000 y 9.500 de sus ciudadanos.

La estadística ha aumentado un 51 % en el último año, y según un informe de la Oficina de Asuntos Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores que este periódico publicó a finales de octubre, Marruecos sigue siendo un coladero: solo intercepta un tercio de las salidas de sin papeles que se producen desde sus costas, fundamentalmente desde el Sáhara Occidental.