Financiación autonómica
Estado de las autonomías
Traducimos el «sudoku» del sistema de financiación autonómica
Los expertos apuntan a criterios como la dispersión, la conectividad o el corte de servicios sociales para mejorar el modelo
Con la llegada de noviembre, comienza la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Los presidentes autonómicos construyen sus barricadas frente al Ejecutivo nacional para proteger sus intereses regionales en el reparto de los ingresos públicos. Sánchez arma filas intentando evitar que sus barones acudan al congreso organizado por Feijóo. Se declara la enésima guerra de los reinos de taifas autonómicos donde el incremento de la capacidad recaudatoria precede incluso a los signos políticos de los interesados.
Si bien la reunión entre los representantes del Gobierno en las regiones se había fijado para este martes, finalmente se trasladó al próximo 23 de noviembre. Ese día se celebrará en Santiago de Compostela la cumbre convocada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la que ya han confirmado su asistencia los líderes autonómicos de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura. La intención de esta reunión es conseguir una alternativa a la «mesa bilateral» entre el Gobierno central y Cataluña. Ni siquiera Sánchez ha podido evitar que sus barones vayan al encuentro. Pero ¿a qué se deben las diferencias entre las regiones? ¿Cuáles son las claves regulatorias que el Ejecutivo pretende modificar?
Las diferencias entre las comunidades
Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), existen diferencias de hasta 700 euros por habitante entre las regiones mejor y peor financiadas, que se podrían solucionar con ajustes por población, equiparación del esfuerzo fiscal o por el coste público en función de la edad media de la población. «Es natural que haya diferencias en financiación, entre otras razones, porque el coste de prestación de los servicios públicos es menor en las comunidades autónomas que tienen más densidad de población o que son más eficientes en la gestión de los recursos públicos, circunstancias ambas que coinciden por ejemplo en Madrid», señala Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) para El Debate. Según el Doctor en Ciencias Económicas y empresariales, el sistema penaliza al que es más eficiente en la provisión, por lo que la referencia debería ser los «estándares objetivos de prestación de servicios públicos» para garantizar su igual acceso.
El moderno «Madrid nos roba»
Frente a la antigua máxima catalana de 'España nos roba', la obsesión de corte autonómico se centra ahora en Madrid y su supuesto ‘dumping fiscal’. En esta nueva campaña armada contra la capital, el director del IEE recuerda que «existen comunidades autónomas cuyos habitantes, en términos per cápita, pagan muchos más impuestos». En concreto, los madrileños: «un 63,6 % más». Del otro lado de la balanza la región económicamente menos desarrollada: «los extremeños, con un 48 % menos que el promedio». Por ello, el directivo encuentra «totalmente injustificado que unas regiones pretendan imponer sus equivocados modelos a las regiones con modelos fiscales y modernos y competitivos a nivel internacional».
El PSOE comete un error histórico atacando a la Comunidad de Madrid
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Mario Garcés afirma a este medio que «el PSOE comete un error histórico atacando a la Comunidad de Madrid», algo que ya «lo han intentado con 3 presidentas: Cifuentes, Aguirre e Isabel Díaz-Ayuso». En opinión del político, «en el imaginario colectivo del nacionalismo catalán y de la periferia socialista se ha impuesto la necesidad de buscar un enemigo». Según Garcés, «lo que es autonomía fiscal, un principio constitucional y que está previsto también en el bloque de constitucionalidad que es la lógica, lo han convertido en algo que han llamado dumping, hasta el punto de querer hacer un impuesto colectivo sobre una Comunidad, algo que es absurdo intelectual y tributariamente».
La dispersión de la población
Esta es una de las claves que algunas comunidades autónomas buscan se revise para que el sistema riegue más en su favor. El director del IEE lo subraya claro: «La dispersión de población afecta de forma directa al coste de prestación de los servicios, por lo que es razonable su consideración en el sistema de financiación autonómica, pero el sistema se debe diseñar de tal forma que incluso en estos supuestos se incentive la eficiencia en la gestión de los recursos públicos». Por su parte, el que fuera secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con Rajoy recuerda que «el reparto hasta ahora ha sido mayoritariamente por población, pero es evidente que hay otro tipo de criterios como son la dispersión, la conectividad, el coste de servicios sociales» a ser considerados. Para el también inspector de Hacienda, «hay varias fórmulas hacendísticas» como «una clave de reparto general o un fondo de reparto adicional» con el que se cubrirían «las deficiencias de financiación de determinados sectores».
La temida limitación de la autonomía fiscal
Según Izquierdo, «limitar la corresponsabilidad fiscal va en contra del Estado Autonómico» y conllevaría «la pérdida del principal incentivo para la eficiencia pública». El director general del IEE desde junio de 2019 subraya que «al igual que es bueno descentralizar el gasto, también lo es la corresponsabilidad fiscal» para que cada territorio tenga el sistema fiscal que su ciudadanía desee en cada momento. Para Izquierdo, con esta limitación de la autonomía fiscal «se quieren imponer unas figuras tributarias obligatorias como Patrimonio –que no existe en ningún país de la UE– o Sucesiones –que no existe en la mayor parte de la UE y si existe, lo hace con unas cargas muy inferiores–». Además, recuerda que la subida impositiva podría provocar la deslocalización de contribuyentes y patrimonios y cómo «en Alemania se estimó que el Impuesto de Patrimonio podría reducir su PIB hasta en un 5 % y reducir su recaudación total en términos netos consolidados».
Núñez Feijóo en el debate sobre la financiación de las autonomías del Foro La Toja 2021
Siguientes pasos en la negociación
El director del IEE confiesa a este periódico que tienen «esperanzas de que el informe del Comité de Expertos no concluya en una propuesta de armonización de mínimos» y que se cuenten con consensos para con las regiones para que «ningún territorio tuviera un sistema fiscal distinto al que sus ciudadanos hayan preferido mediante sus preferencias electorales». Además, destaca que «si la legislación española establece que las normativas de financiación autonómica deben hacerse mediante leyes orgánicas es porque el legislador pensó en su día en la necesidad de mayorías cualificadas y por lo tanto de mayores consensos para aprobar las normativas que afectan a este ámbito».
Mientras el Ejecutivo prepara de forma casi unilateral el borrador del nuevo modelo de financiación autonómica, los presidentes autonómicos arman filas conjuntamente precisamente para unirse en lo que, signo político aparte, más interesa a todos: el reparto de los ingresos públicos. Como aseguró Feijóo este viernes, la reunión del próximo 23 de noviembre con siete comunidades autónomas es entre presidentes, «no militantes de partidos».
Madrid, viento en popa. Con su rebaja de 0,5 puntos del IRPF y la supresión de todos los tributos propios a partir del próximo ejercicio fiscal 2022, continua haciendo lo que mejor sabe: llamar a la riqueza.