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La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores DelgadoEFE

Caso Stampa

Delgado llama a dos vocales del Consejo Fiscal cercada por las acusaciones de que maniobró a favor de su pareja Garzón

La fiscal general ha incluido en el orden del día del  próximo Pleno un punto específico para explicar las presuntas irregularidades de las que la acusan tras apartar al fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, de la Fiscalía Anticorrupción

Sigue enrareciéndose el llamado caso Stampa. Los fiscales exigen explicaciones a Dolores Delgado por presuntamente maniobrar contra el exfiscal el caso Villarejo, Ignacio Stampa, en un asunto en el que tenía intereses el despacho profesional de Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado. Ayer, 15 de noviembre, Delgado contactó telefónicamente con dos de los vocales electivos del Consejo Fiscal, los de mayor antigüedad, para comunicarles su «preocupación institucional» por las «gravísimas y difamatorias imputaciones» que han trascendido sobre el Consejo Fiscal y otros órganos del Ministerio Público. Así lo ha reflejado la propia Delgado en un mail remitido este martes a todos los miembros de la carrera fiscal, al que ha tenido acceso en primicia El Debate. 

Los fiscales quieren que la titular del Ministerio Público, Dolores Delgado, dé explicaciones sobre las presuntas maniobras desplegadas por la institución que dirige «en la reclamación de responsabilidad patrimonial» que presentó el fiscal Ignacio Stampa por un funcionamiento anormal de la Administración de Justica –supuestamente instado por la propia Delgado– que «determinaron finalmente el apartamiento» de Stampa de la instrucción de una causa judicial por graves delitos de corrupción, en la que el despacho profesional del que es titular la pareja sentimental de la fiscal general, el exjuez Baltasar Garzón, ejercía la defensa de varios implicados.

La reacción de la titular de la fiscal general del Estado se ha producido al hilo de las exigencias cursadas formalmente por parte de dos de las principales asociaciones de fiscales –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)– para que rinda cuentas sobre los indicios que la señalan como responsable última de frustrar el nombramiento para dos plazas concretas de dos fiscales Anticorrupción, Miguel Serrano e Ignacio Stampa. Además de prolongar, supuestamente, con dicho objetivo, unas diligencias de investigación penal abiertas contra el último de ellos por su estrecha relación con la abogada de Podemos, Marta Flor, mientras ejercía la acusación en una causa contra la formación morada,

Por todo ello, Delgado ha tomado «la decisión de añadir un punto específico en el orden del día del próximo Pleno del Consejo Fiscal, que tendrá lugar el día 24 de noviembre, al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión». 

Crisis de credibilidad de la Fiscalía

La Asociación de Fiscales (AF) a la que perteneció el propio Ignacio Stampa que, hasta la fecha había guardado un escrupuloso silencio sobre el tema, remitía a los fiscales un comunicado, con fecha 16 de noviembre, en el que anunciaba que pedirá explicaciones «muy detalladas de la propia Fiscal General del Estado, en el seno del Consejo Fiscal» sobre sus «supuestas maniobras» para que «no se nombrara a un fiscal para una concreta plaza en la Fiscalía Anticorrupción». 

«Su trayectoria al frente de nuestra institución da cumplida cuenta de la forma de entender su funcionamiento, marcada por el intencionado desconocimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento que lo desarrolla, cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber de abstención, a la obligada convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala a fin de tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten a miembros del Gobierno o al valor vinculante de las órdenes, instrucciones o circulares que en modo alguno pueden ser derogadas por una nota interior», reza el escrito al que ha tenido acceso El Debate.

Y concluye: «Desgraciadamente, el episodio que ahora se conoce no es nuevo, sino que forma parte de una manera de dirigir la institución que está generando una crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal».

Pidiendo explicaciones

Por su parte, la semana pasada, los miembros de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) sostuvieron en una comunicación remitida al Consejo Fiscal que «el asunto» Stampa «está presuntamente plagado de irregularidades y que causa un daño muy grave a la institución». En la misiva, solicitaban formalmente al órgano que respondiese a varias de las cuestiones más sangrantes en las informaciones que han trascendido sobre el tema en cuestión. 

«¿Conocía el Consejo Fiscal en la votación de fecha 27 de octubre de 2020 sobre determinadas plazas en la Fiscalía Anticorrupción a la que concurría el Sr. Stampa, que en la causa Diligencias Previas 96/2017 (en las que intervenía el Sr. Stampa por la Fiscalía), ejercía la defensa de varios implicados el despacho que lidera la pareja sentimental de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, y que él mismo había intervenido en alguna diligencia en defensa de alguno de los investigados?», arrancaba el cuestionario.

Y proseguía: «¿Es cierto que el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscal General del Estado, D. Álvaro García Ortiz, en al menos dos ocasiones, por medio de 'sugerencias' por escrito, se dirigió al Ilmo. Sr. Instructor de las Diligencias de Investigación número 32/20, abiertas al Sr. Stampa en la Fiscalía del TSJ de Madrid, para hacerle reconsiderar su propuesta de archivo de las actuaciones e instándole a practicar nuevas diligencias?».

«¿Conoce el Consejo Fiscal que la denuncia que da lugar a las Diligencias de Investigación 32/20, por las que se acuerda la investigación al Sr. Stampa, provenía de una denuncia contra el citado y otro compañero al que no se investigó por la Fiscalía General?», interpelaban a Delgado los fiscales de la APIF.

Stampa ha venido sosteniendo que los vocales electos del Consejo Fiscal «fueron informados, en octubre de 2020, y después de haber emitido sus votos, de que todos los expedientes de la Inspección Fiscal por sus  'polémicas', estaban archivados por falta de fundamento»

«¿Es cierto que dichos escritos del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica 'sugiriendo' al instructor la continuidad de la investigación han sido eliminados del expediente de las citadas Diligencias de Investigación penal, a pesar de ser la razón por la cual las Diligencias se prolongaron más allá de la fecha 27 de octubre de 2020?», denunciaban en su misiva, apuntando a una eventual destrucción de pruebas en el seno de la institución que dirige Delgado.

E insistían: «¿Es cierto que cuando el Instructor de dichas Diligencias de Investigación se negó a seguir prolongando la investigación, fue avocada la dirección de las mismas por el Fiscal Jefe del TSJ?. ¿Se dio cuenta al Consejo Fiscal de que fueron esas supuestas 'sugerencias' de la jefatura de la Secretaría Técnica las que determinaron la avocación? ¿Lo solicitó así el Sr. Stampa? ¿Considera el Consejo Fiscal que no atender a “sugerencias” debe determinar el apartamiento de un fiscal del conocimiento de un asunto?».

«¿Se ha informado al Consejo Fiscal de la existencia de esas 'sugerencias' realizadas supuestamente por el Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, y del título jurídico que permite a un Fiscal Jefe hacer “sugerencias” a otro fiscal no subordinado a él en el ejercicio de sus funciones? ¿Tenía el Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica el beneplácito de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado para hacer esas 'sugerencias' a un fiscal que dirige una investigación contra otro fiscal?», reiteraban en su escrito.