Sánchez tiene un mal plan: acelerar sus leyes ideológicas para tapar la economía

Puede que Iván Redondo guarde cierto resentimiento hacia Pedro Sánchez, pero el que fuera todopoderoso jefe de Gabinete del presidente del Gobierno lleva semanas haciendo una advertencia que no ha caído en saco roto.

Allá donde le lleva la promoción del libro escrito por el periodista Toni Bolaño, Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve, el spin doctor lanza un mensaje: ojo –les dice a los socialistas– con convertir la economía en el eje de esta segunda y definitiva mitad de la legislatura. Porque entonces «ganará el PP». Palabra de Redondo.

En La Moncloa hacen como que no le escuchan, pero intramuros del palacio presidencial saben que el gurú donostiarra tiene más razón que un santo. No hay más que ver cómo acabó José Luis Rodríguez Zapatero, atrapado en las fauces de una feroz crisis económica que primero negó y después minimizó. Mariano Rajoy solo tuvo que sentarse a esperar.

Sánchez necesita como sea espolear al electorado de izquierdas

¿Cuál es el plan? Sencillo. Acelerar la tramitación de las leyes ideológicas –la oposición las llama «frentistas»– con las que polarizar a los españoles y espolear al electorado de izquierdas. Para ver si así se olvidan de que están sufriendo como los que más el encarecimiento de la luz, los carburantes, la cesta de la compra y la vida en general. Porque ojo: muchos de los que están «metiendo fuego» –en palabras del alcalde gaditano– a Cádiz en la huelga del metal son obreros de izquierdas.

Durante los dos primeros años de mandato, marcados por la pandemia, la producción legislativa del Ejecutivo ha sido mínima y ha estado básicamente fundamentada en decretazos. Más de un centenar, como contó El Debate la semana pasada. 

Ahora el Gobierno irá en sexta marcha: antes de llamar a las urnas, el presidente quiere tener aprobadas al menos siete leyes de alto voltaje ideológico. Todas comparten otra característica: el PP y Vox dudan de su constitucionalidad, así que es probable que acaben ante el TC.

La Ley de Memoria Democrática de la que tanto se ha hablado esta semana es una de ellas. La Transición, los consensos de hace más de cuatro décadas y hasta la Ley de Amnistía de 1977 son utilizados como material altamente inflamable. El Ejecutivo asegura que no busca revancha ni azuzar viejos rencores sino justicia y reparación, pero actúa de pirómano.

Este periódico ha venido informando también de la reforma que los socialistas están tramitando del Código Penal –una ley orgánica– para crear un tipo penal ad hoc con el que poder castigar con penas de cárcel a los provida que se manifiesten junto a las clínicas abortistas. ¿Había necesidad? Jamás ha habido una condena judicial por acoso en un caso así en España. Eso responde a la pregunta.

Siguiendo por esa senda llegamos a la reforma de la Ley del Aborto de 2015 que prepara Irene Montero. Entre otras cosas revocará el permiso paterno que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo como condición sine qua non para las menores de 16 y 17 años. Amén de la creación de listas negras de médicos objetores y la introducción de la salud sexual en el currículum escolar.

El Ministerio de Igualdad es la cantera de otras dos leyes muy polarizadoras –incluso entre la izquierda– cuya aprobación quiere acelerar Sánchez. Por una parte la Ley sobre la Libertad Sexual, que las feministas de Montero llaman ley del solo sí es sí. La ministra fantasea con tenerla aprobada definitivamente para el próximo Día de la Mujer (el 8 de marzo). Por el otro, la ley sobre el colectivo LGTBI y trans, que ha acentuado el cisma entre las feministas clásicas y las de nuevo cuño.

El PSOE y Unidas Podemos hablan de una  «ley mordaza» que no existe

La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha cogido la directa en el Congreso. El PSOE y Unidas Podemos han conseguido colocar el marco mental de que esta del PP es una ley mordaza que durante años ha limitado el derecho de manifestación en España. El lingüista norteamericano George Lakoff, autor de la celebérrima obra No pienses en un elefante, que el PSOE de Zapatero idolatró durante años, ya hablaba de la importancia de los marcos. Aunque la foto que haya dentro sea una falacia, como es el caso.

La Ley de Vivienda, por su parte, hace un butrón en el derecho a la propiedad privada, pero como solo alquilan casas los ricos qué más da. Sánchez y sus socios también quieren aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que permita desclasificar los archivos secretos de la dictadura, la transición, el golpe de Estado del 23-F, los GAL... Precisamente ahora que el régimen del 78 está en el punto de mira.

La economía no ayuda

Aunque Sánchez y sus ministros lo disimulen, saben que la economía española no va bien. O no todo lo bien que dicen. La semana pasada la Comisión Europea rebajó las previsiones de crecimiento hechas por el Gobierno del 6,2 % al 4,6 % del PIB para este año y del 6,3 % al 5,5 % el que viene. Antes ya lo habían hecho el FMI, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el BBVA y este mismo jueves Funcas, que engloba a las principales cajas de ahorro.

¿Servirán todas estas leyes para que los españoles miren para otro lado? Será muy difícil, por no decir imposible. Sánchez siempre podrá echar la culpa al psicólogo estadounidense Abraham Maslow, que jerarquizó las necesidades humanas en una pirámide muy utilizada en marketing y publicidad (y la política tiene ahora mucho de eso). 

Lo que sostiene Maslow es que no le hables a alguien que no tiene para sus necesidades más básicas –comer, vestirse…– de comprarse una casa o del feminismo. En definitiva. No le hables de Franco a un español que este mes ha pasado un 30 % más en el recibo de la luz de su casa o negocio. Franco (re)vive, la lucha contra su fantasma sigue, pero Sánchez va perdiéndola.