La Fiscalía esperará a una comisión rogatoria de Suiza para cerrar las diligencias sobre Don Juan Carlos

No habrá cambios judiciales que afecten al Rey Felipe VI en su próximo discurso institucional de Nochebuena. El equipo de fiscales que investigan las finanzas del rey emérito Juan Carlos I, liderados por el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, no cerrarán la causa antes de final de año. Tal es así que esperarán a tener sobre su mesa los documentos solicitados a Suiza, a través de una de las últimas comisiones rogatorias, antes de de dar carpetazo a un asunto que, fuentes próximas al Ministerio Público confirman a El Debate que está agotado. Por ello, tampoco se descarta que los fiscales soliciten una prórroga, ya que el plazo legal actualmente habilitado finaliza en diciembre.

En dicho caso, el responsable de la solicitud, vía decreto motivado, será el fiscal Campos. Si bien tendrá que contar con el visto bueno de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado. En el mejor de los escenarios, y teniendo en cuenta los pasos intermedios, las diligencias contra Don Juan Carlos no quedarían archivadas hasta después de Navidad. 

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press han señalado que, si bien la intención del Ministerio Fiscal es siempre acabar con las diligencias de investigación lo más rápido posible, esto a veces no es realista, y ante un caso de la envergadura como el del emérito, prefieren actuar con prudencia y ser garantistas, y esperar a esa comisión que es relativa a unas aclaraciones sobre varios movimientos bancarios que afectan a los ejercicios 2015 y 2016, de la que no se esperan grandes novedades ni sobresaltos. 

Hace escasamente una semana se supo que el decreto que pondrá fin a las pesquisas recabará las firmas tanto del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, como por el titular del Ministerio Público al frente del Supremo, Juan Ignacio Campos. 

Fue a finales de este verano cuando se supo que los fiscales que dirigen esta investigación barajaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable (y, por tanto, previos a su abdicación en 2014), que otros habrían prescrito y que al resto se les daba una falta de peso probatorio, especialmente a partir de las regularizaciones fiscales efectuadas por el emérito por valor de 5 millones de euros.

Los tres frentes de la investigación

Las investigación iniciadas, hace más de un año, por la Fiscalía del Supremo, se centraron en tres aspectos diferentes sobre el emérito: el presunto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; la supuesta utilización por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y, la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe del Estado en la isla de Jersey, considerada un paraíso fiscal.

Ante las diferentes sospechas, y tras ser informado por la Fiscalía de las investigaciones que pesaban sobre él, el antiguo monarca realizó hasta dos regularizaciones fiscales, oficiales, en fecha 9 de diciembre de 2020, por importe de 678.000 euros, para atender las obligaciones tributarias vinculadas al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y, 25 de febrero por cerca de 4,4 millones de euros por las rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka a favor del rey emérito. 

Exilio voluntario en Abu Dabi

El rey emérito Juan Carlos I de España, puso rumbo a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020: «Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», señalaba el monarca en un comunicado emitido para notificar su salida de nuestro país y facilitar, así, el reinado de su hijo Felipe VI «en el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad».

El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas fue el penúltimo episodio de una serie de acontecimientos y sospechas, que se precipitaron a partir de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que terminaron situándole en el punto de mira de la Justicia. Ahora, a las puertas de un sobreseimiento de todas las actuaciones por parte de la Fiscalía, Don Juan Carlos podría plantearse su próximo regreso a España.