El Supremo desarma al Gobierno ante sus socios tras anular la inmersión lingüística en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenció en 2014 que si los alumnos lo solicitaban, tenían derecho a recibir, como mínimo, el 25 % de las asignaturas en castellano. Años más tarde, en diciembre de 2020, el mismo tribunal obligó a la Generalitat catalana a implantar el porcentaje de forma «efectiva e inmediata» en la enseñanza obligatoria. La reciente decisión del Supremo avalando, en firme, la nulidad de la inmersión lingüística en Cataluña sitúa al Ejecutivo de Pedro Sánchez en una disyuntiva crítica frente a sus socios de Gobierno: instarles al cumplimiento de la ley o seguir negociando nuevas cesiones en la materia –como el cupo de producción en lenguas cooficiales en la próxima Ley Audiovisual– a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Los responsables del Govern de la Generalitat ya han anunciado que, lejos de acatar la histórica decisión judicial, continuarán animando a los centros escolares a mantener sus proyectos lingüísticos. La entrada en vigor de la llamada Ley Celaá, pendiente de revisión en el Constitucional, se ha convertido en la excusa perfecta para negar la efectividad de la decisión judicial sobre el catalán en los colegios. 

Sin embargo, el propio TSJC ha insistido en que su decisión trasciende la reforma educativa nacional impuesta por los socialistas ya que se refiere al marco jurídico admisible en lo relativo al uso vehicular de las lenguas en la enseñanza y se extiende al ámbito de aplicación del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Educación catalana, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la doctrina vigente del Tribunal Constitucional. En dos sentencias concretas dictadas para dos colegios públicos catalanes lo hizo constar así.

Ahora corresponderá a Sánchez decidir si, como asegura la Generalitat, pese al estrepitoso fracaso de su recurso ante el Supremo, la LOMLOE o ley Celaá blinda la inmersión de los escolares catalanes en el idioma cooficial de la autonomía o si, por el contrario, lejos de hacer concesiones en esta cuestión se sitúa al lado del TSJC y de la resolución motivada que impide a los responsables del Govern continuar con la parte anulada de su modelo educativo. 

No en vano, más allá del caso concreto, la decisión del tribunal sienta un precedente para el resto de autonomías sobre el uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza, en un contexto político en el que el Gobierno depende del apoyo de sus socios para sacar adelante los PGE y agotar la legislatura. 

La Abogacía del Estado recurrió, en 2015, en nombre del Ministerio de Educación, entonces del PP, la política lingüística de la Generalitat en materia de enseñanza

El actual consejero de Educación de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray ha asegurado, en abstracto, que la Generalitat cumplirá con el ordenamiento que pide garantizar al final de la etapa de escolarización obligatoria que los alumnos catalanes dominarán ambos idiomas. Un objetivo que ha dicho compartir con la ministra de su ramo en el seno del Gobierno socialista, Pilar Alegría. 

Cambray animaba, al mismo tiempo, a profesores, docentes y directores de centros escolares a continuar con su tarea al margen de la cuota del 25 % del español. Cabe recordar cómo, tras su llegada al cargo en mayo de este año, el consejero animó a los profesores a ser «protagonistas» de «la nueva Generalitat republicana». 

Desobediencia y prevaricación

Nada más hacerse pública la providencia del Supremo que ha tumbado la inmersión lingüística en Cataluña, el líder de la oposición, Pablo Casado, instaba al presidente del Gobierno a hacerla cumplir a sus socios de legislatura y apoyos fundamentales en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), bajo riesgo de prevaricación en caso contrario. Así lo advertía el presidente del PP en su cuenta oficial de Twitter:

En el mismo sentido se pronunciaban los portavoces de las principales plataformas en defensa de la cooficialidad y de la presencia del castellano en la educación. La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, se dirigía a Sánchez, para instarle a obligar a la Generalitat catalana a acatar la decisión de la Justicia. «Lo hacemos responsable si se permite que esta situación de discriminación y merma de derechos que sufren tantas familias hispanohablantes en Cataluña continúe, es decir, si no atiende su obligación de hacer cumplir las sentencias firmes», ha exigido Lago. 

Si bien, según apuntan los expertos juristas consultados por El Debate, habrá que esperar a que «la ejecución de la sentencia» del TSJC, y los problemas relativos a la misma, despliegue sus efectos plenos. Para entender que los poderes públicos han «incurrido en un delito de desobediencia será indispensable que el órgano sentenciador les requiera personalmente con apercibimiento directo y personal de cometer un delito si no lo cumplen», han indicado. 

Los PGE hablarán catalán y vasco

Y todo ello, en el día en el que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) anunciaba su apoyo a los PGE de Sánchez a cambio de ciertas cesiones. Las formaciones nacionalistas como la propia ERC, PNV o Bildu le han exigido que la próxima Ley Audiovisual que prepara el Gobierno incluya un cupo de producción audiovisual en lenguas cooficiales. Es decir, la obligación legal de que grupos de comunicación y plataformas como Amazon Prime, HBO y Netflix produzcan por lo menos un 6 % en catalán y vasco.

La exigencia de los socios del Gobierno se ha producido no sólo en los preliminares de la redacción de una norma que será elevada al Consejo de Ministros próximamente, sino en plena negociación de Sánchez con ERC para impulsar la mesa de diálogo bilateral sobre Cataluña y en la búsqueda de un apoyo definitivo para sus Presupuestos Generales. La patata caliente de la legalidad está en el tejado de Sánchez.