Varapalo del Supremo a la Generalitat: anula la inmersión lingüística e impone el 25 % de la educación en español

Adiós a la inmersión lingüística diseñada por Jordi Pujol para convertir el catalán como lengua vehicular del sistema educativo en detrimento del español. El Supremo ha confirmado en una providencia el rechazo al recurso planteado por la Generalitat de Cataluña contra la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad (TSJC), publicada en diciembre de 2020, que obligaba a todos los colegios a impartir una de cada cuatro clases en español, en el marco de un periplo judicial iniciado, en 2015, por el Gobierno del PP al oponerse a la norma regional. El Alto Tribunal no ha entrado ni siquiera en el fondo del asunto, ya que el escrito de la Generalitat «incumple» los requisitos que la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa establece para los recursos de casación. Una resolución que convierte en firme la decisión anterior por la que el 25 % de las clases que se impartan a los escolares en Cataluña tendrán que serlo en castellano. 

El Supremo ha refrendado el fallo de la sección quinta de la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaró en contra de la Generalitat la obligatoriedad de «adoptar las medidas necesarias para que se garantice que todos los alumnos reciben de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso», en referencia directa a la coexistencia del castellano y el catalán.

Las primeras valoraciones oficiales desde el Ejecutivo catalán, en una rueda de prensa de urgencia convocada por el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, han calificado la sentencia de «ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán». Al mismo tiempo, Cambray ha lanzado un mensaje de calma los profesionales educativos en una declaración pública de la que se desprende que no tienen ninguna intención de acatar la resolución de forma inmediata. 

Por su parte, las plataformas en defensa del español y del bilingüismo en Cataluña como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) han instado al Gobierno central a que haga ejecutar las decisiones judiciales a sus socios de legislatura y ha avanzado que la entidad peleará por ello dado que los alumnos son afectados directos del contenido de la resolución. En caso contrario ya han avanzado de los riesgos de incurrir en un delito de prevaricación e incluso de inhabilitación de los cargos públicos que se nieguen a atender una sentencia firme. 

No en vano, el Supremo «acaba de reconocer el derecho a ser escolarizado al menos en un 25 % en cualquiera de las lenguas oficiales. El modelo queda abierto, pero con unos topes mínimos». Por ello, desde AEB han solicitado a la Generalitat que dejen de tergiversar la realidad y olviden el relato de la persecución al catalán. «Los discriminados son aquellos que quieren estudiar en un modelo bilingüe con la presencia equilibrada del castellano y del catalán y no pueden hacerlo porque los nacionalistas anhelan un imposible: cambiar los usos lingüísticos de los ciudadanos e imponer la lengua catalana como lengua común de Cataluña», han recalcado. 

Por su parte, los sectores más afines al catalanismo han señalado la decisión del Supremo de ataque a la inmersión lingüística. Así consta en varios mensajes publicados en redes sociales desde entidades como Plataforma por la LLengua: 

En los tuits se tilda de antidemocrático el hecho de que un tribunal invalide un modelo avalado por la sociedad y por su Parlamento: