Las protestas policiales dejan tocado a Marlaska y con su enésimo frente abierto

El cargo de ministro del Interior es uno de los más complicados dentro del Consejo de Ministros. Por eso es fundamental que el titular del mismo tenga mano izquierda para mantener el máximo apoyo de sus subordinados. Fernando Grande-Marlaska se ha granjeado la desafección de todos.

Las concentraciones celebradas este miércoles por parte de los sindicatos y asociaciones policiales y, especialmente, la que tendrá lugar este próximo sábado, evidenciaron y evidenciarán la soledad en que se ha envuelto el actual ministro del Interior. Miles de agentes, las principales entidades dependientes de Interior, en la calle, reclamando la dimisión del ministro.

Los agentes consideran que el Gobierno, donde Grande-Marlaska es su representante y, por lo tanto, defensor, les dejará «a los pies de los caballos» si finalmente se aprueba la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que les deja «indefensos jurídicamente» ante la acción de la delincuencia.

No obstante, el enfado de los distintos cuerpos de Policía no es de ahora. Pese a los más de tres años que lleva en el cargo, el actual Ministerio del Interior todavía no ha cumplido el acuerdo firmado con el Gobierno del Partido Popular para equiparar los salarios de las distintas policías.

Pero no es el único frente que tiene abierto el ministro del Interior. Ni es la única polémica en que se ha visto envuelto Fernando Grande-Marlaska a lo largo de los casi tres años y medio que lleva en el cargo.

Con Podemos

El más próximo, y que todavía ronda por el despacho del Paseo de la Castellana, le ha puesto en contra a los mismos socios de Gobierno. La utilización de una tanqueta, un vehículo BMR concretamente, durante los disturbios producidos en Cádiz por la huelga del sector del metal, ha lanzado a todos los ministros de Podemos o sus aledaños, contra Grande-Marlaska, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Resultado? El BMR ha dejado de utilizarse.

El sector podemita del Gobierno también logró su objetivo con el Ministerio del Interior cuando el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias consiguió que ante su casa de Galapagar se instalara un voluminoso contingente de seguridad, primero de guardias civiles y luego de Policía Nacional.

La concesión del tercer grado a Francisco Javier Almeida, a la postre, presunto asesino del niño de Lardero destapó la política de premiar a los directores de prisiones que más terceros grados concedieran.

El ministro tampoco cuenta con el respaldo de los funcionarios de prisiones. La subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante) denunció que había sido agredida por dos funcionarios de la prisión. El Ministerio del Interior emitió una nota de rechazo e indignación sin haber certificado dicha acusación. Posteriormente la subdirectora fue detenida por denuncia falsa. 

Marlaska ya tenía un precedente similar en la denuncia, que resultó inventada, de una agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña el pasado mes de septiembre. Marlaska dio por cierta la denuncia sin esperar la investigación policial que desde el primer momento mostraba sus dudas sobre la veracidad. Incluso llegó a acusar a Vox de generar un caldo de cultivo preocupante para que se produjeran ese tipo de agresiones.

Inmigración

La gestión de la inmigración tampoco le ha dado buenas noticias al ministro Marlaska. En noviembre de 2020 fueron hacinados cientos de inmigrantes en el puerto canario de Arguineguín. Unos meses más tarde, con la crisis migratoria provocada por Marruecos, el ministro tampoco salió bien parado con las acusaciones de devoluciones en caliente y el frente judicial que tiene abierto por la entrega de niños sin presuntamente cumplir la legislación. 

Pero si una polémica ha rodeado desde el primer momento a la gestión del ministro Marlaska es el acercamiento de los presos de ETA, que se dispararon desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, gracias a los votos, entre otros, de Bildu. Las asociaciones de víctimas del terrorismo vienen denunciando una y otra vez que los presos etarras se están siendo trasladados sin que se hayan arrepentido ni que colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos que todavía quedan por aclarar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya tuvo la oportunidad de evitar la acumulación de más polémicas con la crisis de Gobierno producida el pasado verano. Pero decidió mantenerlo en su puesto a pesar de que el descontento entre sus subordinados continúa en aumento, como se verá en la manifestación de este sábado contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.