Interior ya ha trasladado a la mitad de presos de ETA al País Vasco y Navarra como pago a Bildu

El 16 de noviembre, a la vez que el nuevo líder del socialismo vasco, Eneko Andueza, abría la puerta a pactar con Bildu la próxima legislatura, se producía discretamente el traslado de cuatro presos etarras más, la última hornada de una larga lista: Juan Carlos Herredor, Jesús Guinea e Íker Lima fueron llevados a la cárcel de Bilbao y Santiago Vicente, a la de San Sebastián.

Seis días después, este lunes, Arnaldo Otegi y Mertxe Aizpurua anunciaron el apoyo entusiasta de sus cinco diputados a las cuentas públicas de 2022. «Era evidente que esto era un presos por Presupuestos», se lamenta la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, en consonancia con lo dicho por el propio Otegi en octubre ante su militancia.

Ladrón de Guevara estuvo en una reunión con el ministro del Interior en septiembre de 2018, muy poco después de la moción de censura, en la que Fernando Grande-Marlaska prometió que solo habría una veintena de acercamientos; y solo por motivos muy tasados.

Marlaska prometió a las víctimas que no habría más de 20 acercados y van 93, de los que 12 ya están libres

La realidad, y sobre todo la alianza estratégica –y vital– del presidente del Gobierno con Bildu, han desbordado por los cuatro costados aquella promesa del ministro. Tres años y medio después de la llegada de Sánchez a La Moncloa, el Gobierno ha acercado a las cárceles del País Vasco y Navarra a 93 etarras de 202, prácticamente la mitad.

Entre medias, una docena de ellos han abandonado la prisión y ya disfrutan de la libertad. Y siempre han salido con sus respectivos ongi etorris, los homenajes que la izquierda abertzale sigue organizando sistemáticamente a los presos que van volviendo a la calle. Sin que Interior haya modificado la Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para al menos multar a los organizadores y participantes, otra promesa incumplida de Grande-Marlaska al colectivo de víctimas.

A día de hoy quedan 186 etarras entre rejas: de ellos, 81 en las prisiones vascas (69) y navarra (12) y el resto repartidos fuera. Pero todos en una zona de confort para sus familias, de Madrid hacia arriba.

El Ejecutivo de coalición ha vaciado las cárceles andaluzas: en ninguna de las 14 queda un solo etarra. Hay 22 en Logroño, 21 en Dueso (Santoña, Cantabria), siete en Asturias, seis en Burgos… todos cerca de casa. Cuando no directamente en casa, según la estadística que va actualizando el Departamento Jurídico de la AVT.

Y aun así nunca tienen suficiente. Los colectivos Sare y Etxerat, de apoyo a los presos de ETA y sus familias, emitieron el lunes un comunicado pidiendo el tercer grado para Gregorio Vicario Setién, enfermo del corazón, que cumple condena por asesinato y por el secuestro de los empresarios Cosme Delclaux y José María Aldaya, entre otros delitos.

Sería cerrar el círculo: el Gobierno de Sánchez trasladó a Vicario de la cárcel de Salamanca a la de Burgos el año pasado por estas fechas, en plena negociación de Sánchez con Bildu por los Presupuestos de 2021. Que también apoyaron sus cinco diputados. Entonces Interior justificó así la decisión: «Asume la legalidad penitenciaria, rechaza el uso de la violencia y ha mostrado su respeto hacia el dolor de las víctimas».

Durante la pandemia, los movimientos de presos de ETA estuvieron muy limitados. Pero después de la pandemia se produjo el estallido: la AVT empezó a contabilizar traslados semanales, por tantas de entre cinco y seis etarras. «Al principio eran presos sin delitos de sangre. Luego ya presos con asesinatos y muchos años de condena», explica su abogada, que considera que el final del segundo estado de alarma fue el punto de inflexión.

Hay 97 terroristas que han sido traslados en estos tres años y medio, ya sea al País Vasco y Navarra o cerca, con delitos de sangre. En concreto la de 296 víctimas inocentes en 216 atentados.

Condenados por asesinato y acercados

Conviene poner nombre y apellidos a la frialdad de los datos: Iurgi Garitagoitia, asesino del empresario vasco Ignacio Uría, trasladado el 28 de julio de Madrid a Logroño. Imanol Miner Villanueva, asesino del ertzaina Iñaki Totorika, trasladado el 31 de agosto de Palencia a Cantabria. 

Agustín Almaraz, asesino de los policías Rafael Leiva Loro y Domingo Durán y del guardia civil Emilio Castillo López, trasladado el 22 de junio de Zaragoza a Bilbao; Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’, asesina del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cotizo Alonso, trasladada el 4 de junio de Madrid a Álava; Igor Martínez de Osaba, asesino del guardia civil Alfonso Parada, trasladado el 16 de abril de Zaragoza a Álava. Y así sucesivamente.

Para el presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, la mayor «tomadura de pelo» es que el Gobierno y Bildu intenten hacer creer que esto va de que los niños navarros puedan ver los dibujos en euskera. «Todo esto es el señuelo y la nube de humo», según el popular.