Los Presupuestos no van a descarrilar por la cuota de catalán en Netflix

Cuando todo parecía atado y bien atado desde ERC han amenazado con hacer descarrilar los Presupuestos Generales de Estado en el Senado si la cuota de un 6 % de catalán en las plataformas digitales no es efectiva. El Gobierno de Pedro Sánchez alegó para excluir a las grandes operadoras como Netflix, Amazon Prime o HBO de dicha obligatoriedad que Europa no lo permitía y los republicanos alegaron justo lo contrario, que Europa avala su exigencia.

Así las cosas, podría parecer que estamos frente a un debate jurídico sobre la interpretación del artículo 13 de la directiva europea de medios audiovisuales, pero no es así. El debate sobre el uso, e imposición, del catalán tiene que ver con la voluntad, manifestada desde siempre del nacionalismo, de que el catalán sea la lengua única de uso en Cataluña.

De hecho, el artículo 6 del Estatuto de autonomía afirma que «la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones y los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». El punto 2 de dicho artículo reza: «El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano que es la lengua oficial del Estado español».

El marco estatutario no deja dudas, el catalán es propio, el castellano es oficial …. porque no hay más remedio. El termino propio versus la oficialidad enmarca el debate sobre la lengua, que estos días se ha colado en la agenda política nacional, al condicionar ERC su validación definitiva en el Senado a que las plataformas digitales incorporen de forma efectiva un mínimo de un 6 % de su catálogo en catalán.

En medios políticos de Barcelona nadie ve en riesgo la aprobación de las cuentas; no obstante la semana empezó con la visita de Su Majestad el Rey a Barcelona y en la cena del 250 aniversario de Fomento del Trabajo el Presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, prometió estabilidad.

División secesionista

En un contexto de creciente división del independentismo, con ERC y Junts per Catalunya constantemente enfrentados, el catalán se ha convertido en el último elemento de consenso entre unos y otros.

La resolución del Tribunal Supremo no admitiendo a tramite un recurso de la Generalitat catalana sobre la impartición de un 25 % del horario lectivo en lengua española es el, hasta ahora, último intento del independentismo de unir filas y movilizar la calle. Jordi Cuixart, líder de Omnium Cultural, uno de los condenados por los hechos de otoño de 2017, indultados por el Gobierno, compareció al frente de 50 organizaciones y convoco una gran manifestación para el próximo 18 de diciembre que reivindicará la vigencia de la inmersión y el blindaje del catalán en los centros educativos.

Esta convocatoria fue inmediatamente posterior a que el consejero autonómico de Educación, Josep González-Cambray, se dirigiera por carta a los 5.000 directores de centros docentes en Cataluña animándoles a no hacer caso de la resolución judicial. Esta carta ha provocado inquietud entre altos cargos y funcionarios de la Generalitat que recuerdan como el incumplimiento por parte de la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, de los apercibimientos del Tribunal Constitucional tuvieron para ella consecuencias penales y penitenciarias. 

De hecho, a lo largo de esta semana, se ha consumado la dimisión de Maite Aymercih, directora general de currículum de la Consejería de Educación y responsable de la aplicación de horarios y carga lectiva. La ya exdirectora general alego, para dimitir, su la necesidad de dedicarse al 100 % a la política local, pero a nadie escapa que el motivo real de su dimisión fue no verse frente al banquillo de los acusados y más tras la presentación de la primera de las demandas a cargo de la asociación Hablamos Español. La dimisión de Aymercih no es la de un alto cargo que, de repente, tiene un instante de lucidez o un ataque de cobardía, es mucho más, dado que es una persona de estricta confianza de Oriol Junqueras.

La imposición independentista ha convertido a la lengua catalana en algo antipático e impuesto para muchos catalanes

La ofensiva para blindar el catalán en la educación tiene por objetivo presentar un nuevo agravio frente a España y crear un clima que reviva conceptos a los que el independentismo está abonado como represión e imposibilidad de convivir con España por incomprensión.

El momento ha sido utilizado para dar un vuelta de tuerca a la imposición del catalán en el ámbito educativo. Esta semana se ha sabido que, en una reunión la secretaria de la consejería de Educación, Nuria Mora, con directores de centros, esta exigió a los mismos que el requisito para contratar a empresas que organizan actividades extraescolares es que las mismas fueran exclusivamente en catalán.

Retoceso del catalán

En esa misma línea, el Sindic de Greuges, defensor del pueblo catalán, lanzo una encuesta dirigida a alumnos de entre 5º de primaria y 3º de ESO en la que se pregunta a los niños y adolescentes sobre la lengua que usan los profesores en las aulas. La asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe ha pedido a las familias que sus hijos no respondan a dicha encuesta.

A pesar de los esfuerzos del independentismo por imponer el catalán, o quizás porque dichos esfuerzos han convertido a la lengua catalana en algo antipático e impuesto para muchos catalanes, entre los dirigentes políticos, que gobiernan en la Generalitat, causa mucha preocupación el retroceso del uso del catalán. Una macroencuesta reciente del Ayuntamiento de Barcelona lo cifra en un 28 % entre los jóvenes barceloneses, siete puntos menos que en la encuesta anterior de 2015.

El PSOE, alineado con el secesionismo

El PSC anunció inicialmente que veía razonable el mandamiento judicial  y que la sentencia tenía que cumplirse, pero esta semana rectificó su postura y en el Parlament de Cataluña se alineó con Junts, ERC y Comunes (la marca catalana de Podemos) y apoyo la inmersión y el incumplimiento de la sentencia.

Si bien para el independentismo gobernante el catalán es una cuestión sagrada y su objetivo último es la extinción del español, no solo de las aulas, sino de la vida social y económica en Cataluña, la percepción de los catalanes no es que su vida este en peligro por este proceder. Una encuesta de GAD 3 publicada esta semana pone de manifiesto que si bien más del 50 % de los catalanes cree que la educación debe impartirse en la lengua materna de los alumnos, solo el 20 % de los encuestados considera que el actual modelo educativo es una desventaja y menos de uno de cada tres, el 28 %, cree que el sistema educativo actual, con la preminencia del catalán, suponga un inconveniente para el acceso al mercado laboral en el futuro.