La sombra que arrastra la vicepresidenta Yolanda Díaz: mantuvo como asesor a un acusado de compartir material pedófilo

Un episodio oscuro de su etapa en la política gallega continúa persiguiendo a la hoy vicepresidenta Yolanda Díaz. En 2009 mantuvo su confianza en un asesor de Izquierda Unida, a pesar de que era sospechoso de consumir material pedófilo a través de un ordenador del partido. Díaz no solo no lo apartó, sino que se lo llevó con ella al Parlamento de Galicia cuando inició su etapa allí como diputada de Alternativa Galega de Esquerra (AGE), una coalición de Izquierda Unida y Anova, partido nacionalista dirigido por el veterano Xosé Manuel Beiras. El asesor, llamado Ramiro Santalices, fue finalmente detenido en abril de 2016 por reincidir en el consumo de archivos pedófilos, esta vez a través de un ordenador de la oficina de su partido en la sede del Parlamento de Galicia.

En el momento de la detención, Beiras pidió explicaciones a Yolanda Díaz por no haberlo advertido del precedente de 2009, cuando su asesor en el Ayuntamiento de Ferrol fue denunciado por utilizar un ordenador municipal para visionar y compartir material de carácter pedófilo. 

Aquella denuncia no habría supuesto ninguna implicación de Yolanda Díaz si no fuera porque la actual ministra se llevó al implicado al Parlamento gallego cuando fue elegida parlamentaria por Alternativa Galega de Esquerda (Age). A día de hoy, cinco años después de aquella exigencia, lo sucedido con aquel asesor continúa ejerciendo como una sombra en la carrera de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.

Reincidente

Todo comenzó en febrero de 2009 en la sede de Izquierda Unida en Ferrol. El día 2 de ese mes, una militante del partido se da cuenta al hacer una consulta en un ordenador del partido que en el historial de búsquedas de Google hay varias páginas de contenidos pedófilos. De inmediato sospechan de Santalices, porque tenía llave de la sede, vivía solo y se solía quedar hasta altas horas en la oficina. Dos militantes denuncian la situación a la cúpula local del partido, en la que figura Díaz. Pero sus superiores ignoran la acusación contra Santalices. Y no solo eso, acaban expulsando de Izquierda Unida a los militantes que han advertido sobre el posible caso de pedofilia digital. Díaz sigue confiando en Santalices, y se lo lleva como asesor al Parlamento de Galicia, pese a la grave sombra que lo rodea.

 El denunciado no solo no fue apartado e investigado, sino que en 2012 fue ascendido a asesor de Alternativa Galega de Esquerda dentro de la cuota que Esquerda Unida tenía en aquella coalición electoral en el Parlamento gallego. Todo ello, tanto su trabajo en el Ayuntamiento de Ferrol como en el Parlamento de Galicia, de la mano de Yolanda Díaz.

Aquella denuncia de 2009 quedó archivada porque aunque había contenían archivos claramente delictivos en el ordenador no se pudo probar a ciencia cierta quién los había consumido. Pero siete años después, en 2016, la Policía Nacional tuvo que entrar en el Parlamento gallego y detener al asesor por consumir y distribuir material pedófilo. Esta vez sí, Ramiro Santalices fue suspendido de militancia en Esquerda Unida y despedido de su trabajo en la Cámara gallega.

Transcurridos cinco años de la conclusión de aquellos sucesos, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Trabajo y Economía Social continua sin dar explicaciones ni argumentar por qué se llevó a aquel asesor al Parlamento gallego, a pesar de que ya había sido denunciado por consumo y distribución de pornografía infantil. Díaz mantiene actualmente una activa campaña de imagen y promoción personal para encabezar una alternativa de izquierda radical de cara más amable que Podemos.

El caso de pedofilia en Galicia y su minusvaloración cobra ahora interés político, pues en la controvertida sesión de control del pasado miércoles, Casado acusó a Sánchez de que la izquierda ha dejado sistemáticamente desprotegidos a menores atacados. Como ejemplo citó el caso de abusos de las menores tuteladas de Baleares; el del ex-marido de Mónica Oltra, que abusó de una menor tutelada, o el indulto a Juana Rivas, cuando según el juez encubrió abusos sexuales a uno de sus hijos de corta edad.