La telaraña de Moncloa con los Fondos Europeos que salpica a Iván Redondo

El ex jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, acaba de regresar al primer plano de la actualidad. La Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a la Fiscalía Europea para investigar si ha cometido un delito por reunirse con representantes de la patronal de Cataluña, Foment de Traball, con el objetivo de explicar a empresarios proindependentistas el manejo del reparto de los 144.000 millones de los Fondos Europeos.  

Las alarmas han saltado en el marco investigativo del caso Volhov, que investiga la posible financiación irregular del procés independentista. La Guardia Civil escuchó a David Madí, empresario y ex cargo de CIU, anunciarle a un ejecutivo de una consultora que se había visto con el ex jefe de gabinete cuando el paquete de ayudas europeas todavía no había sido aprobado por el Gobierno. «Se ha de establecer un canal para entrar. Me vi con Foment. Formo parte de Foment. Tuvimos una reunión en pequeño comité con Iván Redondo. Esto será una merienda de negros… ¡Son 140.000 millones!», indicaba en una conversación David Madí a Joan Ferran Oliva, el apoderado de RSM Spain Consultores con el que Madí también mantiene vínculos familiares. 

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona envió a la Fiscalía Europea la documentación con las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, y la Audiencia de Barcelona, como avanzábamos más arriba, acaba de dar luz verde a la Fiscalía Europea para que investigue a Iván Redondo. 

La posible implicación de Redondo resulta llamativa por la relevancia del personaje público, pero no es el único nombre del entorno de Moncloa dedicado a la gestión de los Fondos sobre el que gravitan interrogantes.  

También es el caso de Santiago Fernández Muñoz, quien ostenta desde el pasado enero el puesto de jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adscrito a la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; un cargo discreto aunque de máxima importancia, dado que fiscaliza los 144.000 millones de euros que España recibirá del fondo de reconstrucción. De ellos, 72.700 millones en ayudas directas. 

Avales nunca ejecutados 

Antes, durante ocho años, de 2011 a 2019, Santiago Fernández ejerció de concejal de Urbanismo y Medioambiente en el ayuntamiento de Torrelodones, Comunidad de Madrid, dentro de la formación Vecinos por Torrelodones (VxT), una agrupación local independiente. De 2015 a 2019, VxT, que ya venía de gobernar una legislatura con mayoría simple, logró la mayoría absoluta. La alcaldesa durante este periodo, Elena Biurrun Sainz de Rozas, además de miembro fundador de la formación, es la esposa de Fernández Muñoz. 

Fuentes próximas al consistorio municipal señalan para El Debate que «durante la etapa de mayoría absoluta, en el que Fernández era concejal de Urbanismo, ordenó la devolución de 100.000 euros de un aval que había entregado a una constructora, pese a que dicha constructora nunca llegó a ejecutar la obra. Es más, había dos sentencias que ordenaban no devolver el dinero. Aun así, poco antes de abandonar su cargo, el 19 de marzo de 2019, una de sus últimas decisiones fue la orden de entregar ese aval de 100.000 euros al proveedor, Destajos, S.A.» 

Según estas mismas fuentes, el procedimiento de Fernández Muñoz para sortear las sentencias y ejecutar su decisión fue encargar un informe ad hoc a un técnico del ayuntamiento que, pese a reconocer que nunca se habían ejecutado las obras, recomienda en cualquier caso la devolución del aval. 

Fernández Muñoz, cuando era concejal de Urbanismo, ordenó la devolución de 100.000 euros de un aval que había entregado a una constructora, pese a que dicha constructora nunca llegó a ejecutar la obra

El propio ayuntamiento de Torrelodones, que hoy continúa gobernado por VxT, ha tenido que realizar en 2020 una declaración de lesividad en un pleno extraordinario debido a esta decisión de Fernández Muñoz. «La resolución de devolución de un aval se debió a un error administrativo que esta administración lamenta y está tratando de subsanar», indica textualmente el ayuntamiento en una declaración oficial. 

La decisión, en cualquier caso, no ha supuesto un retroceso en la trayectoria política del ya exconcejal. Por el contrario, parece haberle impulsado dentro del PSOE. En 2019 le fichó el ahora ministro José Luis Escrivá, quien durante su periodo como director de AIREF, de 2014 a 2020, contrató a Fernández Muñoz nada más abandonar la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. Pese a su polémico paso por Torrelodones, Escrivá asignó a Fernández Muñoz, que es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Carlos III, funciones de análisis presupuestario en políticas públicas, infraestructuras y entidades locales. Primero detentó el rango de analista; luego, al cabo de cuatro meses, le otorgó el cargo de jefe de proyecto. 

Las amistades de Escrivá  

El paso siguiente de Santiago Fernández Muñoz ha sido dentro de La Moncloa, en el ya citado cargo de Jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación. Su jefe directo es Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos de la Presidencia y encargado de elaborar los planes de Reformas que abrirán la puerta a los 144.000 millones de euros de los Fondos Europeos. En este caso, De la Rocha no procede de VxT, sino de una familia con tradición de políticos socialistas, todos ellos residentes en Torrelodones. Por encima de De la Rocha solo está el presidente, Pedro Sánchez. 

En cuanto a Elena Biurrun, la ya mencionada exalcaldesa y esposa de Fernández Muñoz, ha ejercido de jefa de Gabinete del ministro José Luis Escrivá, que también vive en el municipio madrileño de Torrelodones. De hecho, la primera decisión que tomó Escrivá como ministro consistió en nombrar a Biurrún jefa de su propio gabinete; un nombramiento que coincidió con la previa salida de la ya exalcaldesa de la política municipal. Biurrun acaba de dejar la dirección del gabinete para ser nombrada nueva directora general de Programas de Protección internacional y Atención Humanitaria, por lo que continúa dentro del ministerio de Escrivá. 

Estos nombramientos han suscitado recelos en el área económica del Gobierno, especialmente en el ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes próximas al mismo señalan para El Debate que este equipo, encargado de supervisar el reparto de 72.000 millones de euros, debería de tener mayor veteranía profesional y estar ajeno a cualquier presunta red de contactos e influencias políticas.