Aborto, eutanasia, ley Celáa y otros retos que afrontará el Constitucional en 2022

Si bien en 2021 el pleno del Tribunal Constitucional se mostró dividido ante la sentencia relativa al primer estado de alarma y a la 'cogobernanza', la elección de Pedro José González-Trevijano como nuevo presidente de este órgano –cuyo nombramiento oficial tuvo lugar el 23 de noviembre– se votó por unanimidad. Juan Antonio Xiol fue elegido vicepresidente. Previamente, ese mismo mes habían tomado posesión de su cargo los cuatro nuevos magistrados propuestos por el PP y el PSOE para su renovación: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán. 

Desde la llegada de González-Trevijano, el TC se ha comprometido a abordar una serie de retos, entre ellos, como ya informó este periódico, el de «consensuar las sentencias más importantes que están encima de la mesa». Repasamos a continuación algunos de esos asuntos pendientes que afrontará el Constitucional este nuevo año.

La ley de plazos del aborto

El Tribunal Constitucional «no puede estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto», afirmó el presidente de este órgano en una entrevista en la cadena Ser a principios de diciembre. González-Trevijano se mostró entonces convencido de que el TC podría tener un texto para someterlo a votación en unos meses. Y es que el Partido Popular presentó un recurso que fue admitido a trámite hace 11 años, el 30 de junio de 2010, contra la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada durante el gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

Esta polémica ley introdujo el criterio de plazos, permitiendo abortar durante las catorce primeras semanas de gestación, y bajo la decisión meramente de la madre. El entonces coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, declaró que esto «nos parece contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional desde sus comienzos».

El magistrado Enrique Arnaldo ha sido designado como encargado de redactar la sentencia que responda al recurso. La tramitación del mismo, más de una década después, va a llegar previsiblemente en un momento en el que desde el Gobierno se está impulsando la reforma del Código Penal para castigar con penas de prisión las concentraciones provida a las puertas de los centros abortistas. 

La ley de eutanasia

El pasado 24 de marzo fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso la ley orgánica de regulación de la eutanasia, en medio de la pandemia, después de que el PSOE presentara en enero de 2020 su proposición de ley a la Cámara Baja. El PP y Vox, que votaron en contra, han manifestado su rechazo a la nueva norma, abogando por una ley integral de cuidados paliativos. Ambas formaciones presentaron un recurso de inconstitucionalidad. El de Vox fue admitido a trámite por el TC el 25 de junio, y el del Partido Popular, el 17 de septiembre.

La ley Celáa

Otra de las leyes polémicas ha sido la nueva ley educativa, la LOMLOE, más conocida como Ley Celáa, que entró en vigor el pasado 19 de enero, aunque no estará completamente desarrollada hasta mediados de 2024. Tanto la formación de Santiago Abascal como la de Pablo Casado la recurrieron en marzo. Por su parte, Vox acusó a la nueva ley de «sectaria» y de atacar a la enseñanza concertada, a la educación religiosa, la especial y la diferenciada, y criticó su «carácter excluyente del castellano como lengua vehicular». 

Asimismo, el Partido Popular presentó un recurso cuatro días después, junto a Unión del Pueblo Navarro. El líder del PP la calificó como «atentado contra la libertad» y aseguró que la derogaría cuando su partido gobierne, manifestando su defensa de la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos. 

Ambos recursos fueron admitidos a trámite por el Constitucional el pasado abril, y es otro de los asuntos que han quedado en el tintero, y que previsiblemente se gestionará en los próximos meses. Son Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, dos magistrados del sector conservador, los ponentes encargados de estudiar sendos recursos.

La ley de infancia y adolescencia

Otra de las leyes que se suman a las aprobadas durante el mandato de Pedro Sánchez es la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el pasado junio. Contó con el apoyo de todo el Congreso, excepto Vox, único partido que votó en contra calificándola como «ley Herodes». 

El partido de Santiago Abascal presentó un recurso contra varios artículos de esta nueva norma alegando, tal y como recoge la nota informativa del propio TC, que podría vulnerar «la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva». Tal recurso fue admitido a trámite el pasado 13 de octubre. 

La reforma de la ley del Poder Judicial

También está pendiente la resolución de los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PP y Vox contra la reforma de la ley que modificó el régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Se trata de una reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos que entró en vigor el 29 de marzo, tras haberse aprobado por mayoría absoluta en el Congreso. 

El partido de Pablo Casado y el de Santiago Abascal argumentaron que esta ley podría contradecir varios artículos de la Carta Magna por «defectos formales en su tramitación parlamentaria», así como por «vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ», según informa el TC. Las impugnaciones presentadas fueron admitidas a trámite el 17 de septiembre. 

Los recursos de amparo de los líderes del 'procés'

El Constitucional se enfrenta a varios asuntos relativos al procés que abordar en los próximos meses, dados los recursos contra las resoluciones del Tribunal Supremo que han presentado los líderes independentistas condenados por sedición, entre ellos el del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el del exvicepresidente, Oriol Junqueras. 

Recientemente, ambos exdirigentes, junto a otros implicados en el proceso soberanista catalán, han promovido una serie de recusaciones contra dos de los magistrados del TC, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, los dos propuestos por el Partido Popular, alegando «falta de imparcialidad» y pidiendo que se les apartara de los recursos relativos al 'procés'. No obstante, en el primer pleno de este órgano desde su renovación, el pasado 15 de diciembre, se rechazaron por unanimidad todas estas impugnaciones presentadas contra los magistrados.