El Gobierno insinúa que se saltará el informe del CGPJ sobre la Ley de Vivienda

«Esta ley va a ser una realidad y llegará pronto y contará con todas las garantías y seguridad jurídica». Así ha reiterado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la decisión firme del Gobierno de aprobar la Ley de Vivienda independientemente de lo que diga al respecto el Consejo General del Poder Judicial en su pleno del 27 de enero sobre la limitación de los precios de los alquileres en las que sean declaradas «zonas tensionadas».

El Ejecutivo no oculta su malestar por el hecho de que el pasado viernes el CGPJ tumbara, por amplia mayoría, el informe que había elaborado el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE. Puesto que la idea inicial era que el Consejo de Ministros aprobara este martes el proyecto de ley definitivo para iniciar la tramitación parlamentaria.

Sánchez ha insistido en dos ocasiones en que el informe del CGPJ es «preceptivo pero no vinculante», abriendo la puerta a no atender a las consideraciones del órgano consultivo. Que es, precisamente, lo que desde la semana pasada está pidiendo Unidas Podemos como respuesta al CGPJ, que según ellos ejerce como «abogado defensor de los grandes propietarios».

El Ministerio de Transportes estaba obligado a pedir el informe porque la Ley de Vivienda afecta a tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero puede hacer caso omiso. Y es, de hecho, lo que se inclina por hacer, aunque en público la ministra ha preferido esperar a conocer el informe definitivo. 

Eso es algo en lo que, según Sánchez, están de acuerdo ella e Ione Belarra, coproponente de esta ley como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. «Es pronto para hacer hipótesis sobre un informe que no existe (…). Pero tenemos el convencimiento compartido de que es una ley sólida desde el punto de vista jurídico, que está bien armada técnicamente», ha insistido.

Críticas al CGPJ

Es más. Desde el Ministerio dejan caer que el CGPJ se está extralimitando porque solo tendría que pronunciarse sobre una parte muy concreta del anteproyecto, el que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y que además va con mucho retraso: pidieron el informe al órgano de gobiernos de los jueces el 1 de diciembre por el procedimiento de urgencia, así que en 15 días debería haber estado. Pero desde el CGPJ les comunicaron que probablemente se iba a demorar por la carga de trabajo.

En Transportes no quieren tropezar también en la piedra del Consejo de Estado. Por eso el departamento de Sánchez ha decidido finalmente no solicitar también su dictamen, como adelantó El Debate. Desde Transportes explican que sus servicios jurídicos lo estudiaron y no era estrictamente necesario pedir opinión al máximo órgano consultivo del Estado. Por tanto, no lo harán. Aunque niegan intencionalidad política. Hablan, por el contrario, de evitar más demoras de las que ya de por sí arrastra esta ley.

La ministra ha enviado un mensaje a las comunidades del PP que, como Madrid, han anunciado que no aplicarán la futura ley. «Todavía nos queda el trámite parlamentario. Sería interesante que conocieran el alcance, no invade competencias autonómicas. Les pido que reflexionen, que analicen la ley, es un salto sustancial en la garantía al acceso a la vivienda. Si se niegan serán ellos los que tendrán que rendir cuentas ante sus ciudadanos», ha afirmado la ministra. Ésta se ha quejado de la «actitud negacionista y obstruccionista del PP».