El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe
Estudiarán una nueva propuesta
El Poder Judicial tumba el informe de la Ley de Vivienda
El Pleno del CGPJ rechaza el informe de la Ley de Vivienda, cambia al ponente y lo verá a finales de mes
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.
El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por 15 votos a 6, rechazar esa propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentada por el vocal Álvaro Cuesta y designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
Durante los últimos días, la Ley de Vivienda ha generado un gran debate en torno a las dudas sobre la seguridad jurídica del texto. En concreto, el CGPJ aprecia falta de concreción en algunos aspectos de la norma en conceptos como «vivienda digna», o «infravivienda».
La decisión del órgano judicial frustra los planes del Gobierno, que tenía previsto aprobar el texto el próximo 18 de enero en Consejo de Ministros dando inicio a su tramitación parlamentaria.
En un borrador inicial, el CGPJ ya señalaba la problemática de aplicación del texto, dado que las competencias de vivienda residen en las comunidades autónomas, lo que podría generar diferencias territoriales.
Desde la presentación de la ley -el pasado mes de octubre- los expertos ya dudaban de su viabilidad. En declaraciones a El Debate, José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra e investigador del IVIE alertaba de la «enorme cantidad de litigios que la ley» podría provocar.
Un texto cuestionado también desde el punto de vista de su efectividad. «Puede desincentivar la oferta», afirmaba Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas a este diario.
Deja en manos dela autonomías los puntos clave
El texto deja en manos de las administraciones autonómicas y locales los puntos más relevantes de la ley.
El anteproyecto de ley establece que serán las administraciones competentes (comunidades autónomas) las que tendrán el poder de declarar, «de acuerdo con su normativa reguladora», las zonas de mercado residencial tensionado, tanto en lo relativo a la compraventa como al alquiler.
Para ello, deberán constatar que «la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares». En estos casos, se proponen límites en los precios.
Serán las comunidades autónomas las que decidan o no declararse como zona tensionada. Además, la normativa establece que serán los ayuntamientos los que impongan la cuota del IBI de hasta el 150 % a los propietarios con más de diez viviendas desocupadas en el mismo municipio durante más de dos años.
