El CGPJ sale al paso de la Ley de Vivienda

El borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, elaborado por el vocal Álvaro Cuesta -quien fuera diputado del PSOE-, considera que es un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, pero entiende que se da una «falta de concreción» en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

La propuesta de informe, que el pleno del CGPJ debatirá como único punto el próximo 14 de enero, advierte al Gobierno de que esa falta de claridad «tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada».

«El prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento», se queja el poder judicial.

Compatible con el derecho a la propiedad

No obstante, la propuesta de informe avala que el diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del art. 33 de la Constitución.

«La regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», afirma.

Al mismo tiempo, el borrador del informe echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas.

Sugiere, por ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.

«El hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado –cuya vigencia es de tres años prorrogables-, no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación», apunta.

Informe no vinculante

La propuesta de informe señala asimismo que la «inconcreción» e «imprecisión» de otros enunciados y contenidos del anteproyecto «dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar».

Pone como ejemplos «la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero» y el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.

También echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda, explica el CGPJ en un comunicado.

Argumenta asimismo que, pese a su carácter básico, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo martes, 18 de enero, y remitirlo al Congreso para su tramitación parlamentaria, para lo cual es preceptivo el informe del CGPJ, aunque no vinculante.