Dos magistrados progresistas instan a que el Pleno del Constitucional falle un caso inédito sobre los derechos del no nacido

El tema es «complejo» y «delicado» y, en el seno del Constitucional, el sector progresista no quiere hacer concesiones en materia provida de forma anticipada al fallo sobre el recurso del PP contra la «Ley Aído» del aborto, aplazado desde hace once años. Por ello, durante la última convocatoria de la Sala Segunda del Tribunal, celebrada el pasado lunes, los magistrados Cándido Conde-Pumpido y el recién incorporado Ramón Saéz Valcárcel pidieron al ponente de la sentencia sobre una causa inédita del parto domiciliario, Antonio Narváez, que renunciase a la deliberación programada entre los seis magistrados que conforman la Sala y la elevase al Pleno integrado por los 12 miembros del órgano. De fondo, el recurso de amparo presentado por una mujer embarazada a término, partidaria del parto natural en casa, contra la juez de instrucción que la obligó a ingresar en un centro hospitalario para dar a luz -en contra de su voluntad- y proteger, así, la vida del no nacido.

Aunque en el procedimiento en discusión «no hay una conexión directa» con ninguna otra cuestión viva en el Tribunal de Garantías, se hace difícil ocultar que del resultado del fallo sobre la reclamación de una mujer gestante a cuya voluntad se ha antepuesto la vida de su hijo, surgirán razonamientos útiles y, lo que es más importante, «de consenso» para la futura resolución de la posible inconstitucionalidad de las normas sobre el aborto, actualmente regulado en nuestro país por el sistema de plazos aprobado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, ni Conde-Pumpido ni Sáez Valcárcel han querido que se iniciase el debate entre sus compañeros -Concepción Espejel, Enrique Arnaldo (ponente de la sentencia del aborto), Juan Antonio Xiol (vicepresidente) y Antonio Narváez (ponente de la sentencia de la causa de la polémica)- de mayoría conservadora o que se sentasen, en el caso concreto, las premisas que servirán para futura doctrina. Ambos manifestaron al resto su deseo de «evitar las filtraciones y comparaciones», entre causas que son «totalmente independientes» y las conclusiones anticipadas sobre el sentido de la futura sentencia que ya está redactando el magistrado Enrique Arnaldo. 

No en vano, en el Constitucional han entrado en conflicto «dos bienes jurídicos muy sensibles» para los que, sin embargo, se necesita valorar el contexto específico. «Hay que tener en cuenta que se trata de una mujer que ha llevado su embarazo a término y que, por lo tanto, quiere tener a su hijo al que hubo que proteger porque, de no haberlo hecho, ninguno de los dos, ni la madre, ni el bebé habrían sobrevivido» apuntan a El Debate fuentes próximas al caso. «Ningún otro juez de España habría tomado una decisión distinta», subrayan las mismas fuentes que apuntan indirectamente a la posición que adoptaría la Sala Segunda de haberse encargado del tema en solitario. 

Por ello, ha adquirido una especial relevancia el razonamiento que justificará la futura decisión del Pleno así como «la norma de respaldo» en la que se apoyará la misma. Primero «porque será doctrina novedosa» tanto para los jueces de instrucción como para perfilar «el papel de la Sanidad» en un caso que puede llegar «a reproducirse» en otras ocasiones. Segundo porque el celo de los magistrados del sector progresista del Constitucional evidencia su interés por neutralizar un tema sensible del que no quieren extrapolar, a priori, «una lectura» provida en sentido amplio. 

El Pleno pisa el acelerador

Aunque tras la decisión de ayer, aún no se conoce la fecha del Pleno que habrá de resolver el caso concreto sobre el ingreso forzoso de la gestante en un hospital para garantizar la viabilidad del parto, el Constitucional ha pisado el acelerador para sacar adelante todo el trabajo pendiente y desde el próximo mes de febrero retomará las dos reuniones mensuales prepandemia. 

Además, y en lo que respecta al recurso contra la ley del aborto, la voluntad del órgano de Garantías es resolver antes de su próxima renovación, el próximo mes de junio, y por lo tanto antes de que cambie el equilibrio de su actual sensibilidad conservadora, en la próxima renovación prevista, por ley, en el mes de junio. Entonces, tres de los actuales miembros concluirán su mandato y tendrán que ser reemplazados, pivotando el Pleno del órgano hacia una mayoría progresista.

Pese a las dificultades propias de una materia que, salvo sorpresa, no encontrará el consenso unánime del Pleno del Tribunal, sea cual sea el sentido de la resolución –porque en el seno del órgano «cohabitan» varias visiones distintas sobre la cuestión, y no se reducen a dos bloques– el horizonte temporal del actual presidente, Pedro González-Trevijano, pasa porque el ponente designado, el magistrado Enrique Arnaldo, confeccione un primer borrador para someterlo a deliberación al menos en un par de ocasiones, antes de intentar la votación.