El CGPJ aprueba por 15 votos el informe que tumba el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Sánchez

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado la nueva propuesta de informe preceptivo, pero no vinculante, que se opone al anteproyecto de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. El segundo texto que ha sido presentado este jueves, ponencia de los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas -tras el rechazo del pasado día 14 a la versión planteada en sesión extraordinaria por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta- ha recibido, esta vez sí, el apoyo mayoritario de los miembros del órgano: 15 vocales del total de los 21 que lo conforman. 

Entre los 15 integrantes del Consejo que han apoyado el informe crítico con el proyecto socialista se encuentran el propio presidente, Carlos Lesmes; los 11 vocales propuestos por el Partido Popular: José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea; el miembro designado por el PNV, Enrique Lucas Murillo de la Cueva; y, dos de las consejeras propuestas por el PSOE, Roser Bach y Victoria Cinto. 

En contra de la posición mayoritaria se han situado la vocal de Izquierda Unida y los cinco vocales restantes de perfil progresista: Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, quienes avanzan la emisión de un voto particular. 

Desde que se hiciese público el contenido del anteproyecto de la que será la nueva norma en materia habitacional, se ha suscitado un amplio y polémico debate en torno a las dudas sobre la seguridad jurídica del texto. En concreto, el CGPJ apunta en su informe, ya aprobado, la falta de concreción en algunos conceptos como «vivienda digna» o «infravivienda». Además de incurrir en una «expropiación» de las competencias de vivienda que descansan en las Comunidades Sutónomas lo que, a juicio de los miembros del Consejo, podría generar importantes diferencias territoriales.

No en vano, el anteproyecto de ley establece que serán las administraciones competentes (comunidades autónomas) las que tendrán el poder de declarar, «de acuerdo con su normativa reguladora», las zonas de mercado residencial tensionado, tanto en lo relativo a la compraventa como al alquiler.

Para ello, deberán constatar que «la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares». En estos casos, se proponen límites en los precios.

Serán, a su vez,  las comunidades autónomas las que decidan o no declararse como zona tensionada. Además, la normativa establece que serán los ayuntamientos los que impongan la cuota del IBI de hasta el 150 % a los propietarios con más de diez viviendas desocupadas en el mismo municipio durante más de dos años.

La decisión institucional frustra los planes del Gobierno, que tenía previsto aprobar el texto el pasado 18 de enero en Consejo de Ministros dando inicio a una tramitación parlamentaria que ha quedado postpuesta. El Ejecutivo, por su parte, ya ha advertido de que revisará el informe aprobado con respeto pero también que aprobará la norma a pesar del mismo. Insistiendo en que se trata de un trámite obligatorio aunque no vinculante.