El juez del 'caso Dina' agotará el plazo para decidir sobre el futuro judicial de Pablo Iglesias

«Lo que está claro es que la tarjeta está destruida», han apuntado fuentes judiciales próximas al denominado 'caso Dina' tras conocerse el informe policial que ha confirmado al magistrado instructor, el juez Manuel García-Castellón, que es imposible acceder al contenido de la tarjeta de memoria del teléfono de la que fuera asistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. El magistrado titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional encargó, sin éxito, un dictamen pericial con el objetivo de arrojar luz sobre el recorrido temporal del dispositivo de almacenamiento de datos móviles. Ahora, el juez tendrá que decidir, por tanto, si se olvida de todo y decreta el archivo libre de la causa o si, por el contrario, procesa a Pablo Iglesias en base al resto de las evidencias disponibles, por un delito de daños informáticos, en cuyo caso, tendrá que remitir el procedimiento a la Justicia madrileña ordinaria, al ya no ser Iglesias aforado. Sea como sea, se tomará su «tiempo para hacerlo», apuntan las mismas fuentes consultadas por El Debate. 

Y es que, aunque el juez instructor ha apuntado siempre a Iglesias como presunto responsable de esa destrucción, que ahora ha quedado confirmada, se ha topado con las dificultades de no poder acreditarlo de manera irrefutable. Eso sí, las pesquisas realizadas han determinado que quien recibió la tarjeta previamente robada a Bousselham fue el exlíder de Podemos y que los datos almacenados en su interior no fueron accesibles una vez éste la hubo devuelto a su legítima propietaria. 

Por ello, el juez García-Castellón solicitó al Supremo que imputara a Iglesias, entonces aforado, por varios presuntos delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Sin embargo, el Alto Tribunal entendió que dicha petición debía apoyarse en un mayor número de pruebas. Una vez concluidas las diligencias que se han ido practicando durante más de un año, para intentar el acceso a una tarjeta irrecuperable, el caso se complica desde el punto de vista procesal.

Despejada la incógnita sobre la mini SD, el magistrado decidirá sobre el futuro procesal de la investigación y la responsabilidad de Iglesias en la misma

El escenario actual se remonta al pasado mes de marzo de 2021, fecha en la que el juez instructor solicitó el dictamen pericial informático sobre el estado real de la tarjeta del móvil y la «viabilidad técnica» de acceder a la misma que este miércoles se ha confirmado imposible. 

García-Castellón quería conocer las causas que impedían, desde un primer momento, acceder a la información de la tarjeta, la técnica empleada para proceder al borrado de los datos desaparecidos, el motivo de la eliminación de los mismos, el deterioro o inservibilidad de los archivos y si éstos eran recuperables tras la última fecha de acceso que tampoco ha podido ser determinada. 

Difuminado el delito de daños informáticos, el magistrado tendrá que confirmar la supuesta revelación de secretos en la que habría incurrido Iglesias queda también salvada por el perdón de Bousselham en lo referente a su derecho a la intimidad. Para ello tendrá que citar la de nuevo a declarar a sede judicial.