La «famiglia» de Villarejo, el «chivato» de Iberdrola y la prórroga del BBVA

Desde que arrancase el primero de los juicios del «caso Tándem» en la Audiencia Nacional -piezas Land, Iron y Pintor- las cosas no se habían puesto tan feas para el principal acusado en la macrocausa de corrupción. El comisario jubilado José Manuel Villarejo, cómodo en los titulares excéntricos y la sobreactuación procesal, se ha asomado esta semana a una de las sesiones más difíciles de la vista oral durante la declaración del inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional al frente de la investigación que, desde 2017, se sigue contra él. 

Más de tres horas, ciento ochenta minutos, diez mil ochocientos segundos invertidos en desmenuzar la «compleja estructura societaria» -Grupo Cenyt- diseñada por el excomisario para supuestamente extrosionar, chantajear y blanquear las importantes sumas de dinero que Villarejo obtenía de los supuestos «encargos» irregulares que particulares y empresas le trasladaban, por diferentes razones, para espiar a terceros usando sus influencias policiales. Y, sin embargo, como bien corresponde a una trama a la española, el acusado tejió su red empresarial entorno a «una estructra de carácter familiar». 

La «famiglia» ha irrumpido en escena para desbaratar, sin querer, la línea defensiva de un Villarejo que, hasta la fecha, se ha mantenido firme al asegurar que todas sus compañías no eran más que una tapadera para ocultar sus operaciones como agente encubierto del Estado. Sea como fuere, las pesquisas policiales apuntan un capital social del orden de «más de 20 millones de euros» -el juez embargó al excomisario patrimonio valorado en más de 25 millones de euros- en el que tanto su mujer, Gemma Alcalá, como su hijo, José Manuel Villarejo Gil, y otros allegados de confianza, también imputados, habrían participado. Nada mejor que lavar los trapos sucios en casa para blanquearlos.

Así las cosas, y con e objetivo de arrojar algo más de luz sobre el caso, el instructor de la macrocausa, el juez Manuel García-Castellón decidía, en paralelo, ampliar durante seis meses más, hasta el próximo día 27 de julio, la pieza 16 de Tándem, donde se investigan los presuntos contratos que, desde 2004, Iberdrola supuestamente suscribió con la empresa de Villarejo para superar, en un primer momento, las dificultades de la eléctrica en la construcción y arranque de una central de ciclo combinado en Cádiz.

El magistrado quiere practicar nuevas diligencias, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, apenas una semana después de que tanto el actual presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como otros directivo de la compañía, se veían obligados a declarar en sede judicial. En los próximos días lo harán una quincena de testigos, entre ellos, quienes fueran objeto de los seguimientos de Villarejo. Además del comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, quien se habría concertado para cooperar con Villarejo, en base a una probable «conexión delictiva», y  proporcionarle datos reservados sobre los terceros a los que rastreaba, en este caso, a petición de la eléctrica cotizada. 

Y mientras unos no han podido evitar el paseíllo, ni la 'tirada larga' de las pesquisas, el que fuera directivo de Iberdrola José Antonio del Olmo se ha adelantado para marcar un gol: García Castellón ha planteado a la Fiscalía la posibilidad de concederle un paraguas legal epecífico al ser quien documentó las presuntas irregularidades en las que incurrió la empresa durante la contratación de Villarejo. Del Olmo aportó al magistrado los documentos más relevantes para motivar la imputación de Sánchez Galán, varios de sus directivos, y de Iberdrola Renovables. ¿Merece el «chivato» (whistleblowers) protección?, ha preguntado el juez a Anticorrupción. Y, según el Derecho Comunitario de la UE todo apunta a que así será. 

No ha corrido mejor fortuna el BBVA pese a su actividad. La dimensión de la pieza separada número 8 de la causa la ha convertido en una causa en sí misma, por la cantidad de ramificaciones que han ido surgiendo, según ha avanzado la instrucción. Quedan pendientes varias pruebas, incluidas seis testificales y las declaraciones de ocho investigados -como el jefe de grupo del equipo de Seguridad del BBVA, Nazario Campo; el exdirector de la red de Banca Comercial Ignacio Pérez Caballero; o, el exresponsable del área de regulación y control interno de la entidad, Eduardo Arbizu- que tras acogerse a su derecho a no declarar, ahora quieren hacerlo de forma voluntaria.

La investigación interna, abordada por la propia entidad bancaria, determinó que un total de once de sus directivos -incluidos el expresidente de la entidad Francisco González, el representante legal del banco Adolfo Fraguas, el exjefe de Seguridad Julio Corrochano o el ex consejero delegado Ángel Cano, todos ellos imputados- y el banco como persona jurídica participaron en la contratación del excomisario. Además de ellos, una veintena de personas más que tuvieron algún tipo de conexión con los espionajes ilegales de Villerajo en esta derivada que afectó a periodistas, empresarios y políticos.