Sánchez Galán niega haberse reunido con Villarejo y conocer los pagos de Iberdrola al excomisario

No, no y no. El presidente de Iberdola, Ignacio Sánchez Galán, ha negado en la Audiencia Nacional cualquier vinculación o contacto con el excomisario José Manuel Villarejo, con el que «nunca» se ha reunido. El directivo español ha contestado al magistrado Manuel García-Castellón que «no sabe nada» de los presuntos contratos suscritos, entre 2004 y 2012, entre la eléctrica y el Grupo Cenyt, del que era propietario el principal acusado en el «Caso Tándem». En el auto de imputación que ha llevado a Sánchez Galán a sentarse ante el instructor de la macrocausa, sin embargo, el juez concluyó que, según la contabilidad de la eléctrica Iberdrola habría recibido y abonado al grupo empresarial del excomisario un total de quince facturas, sin pedido previo, a favor de sus empresas, por un importe total que ascendió a 1.040.000 euros. 

Sánchez Galán ha apuntado al que fuera el exjefe del Departamento de Seguridad de Iberdorla, Antonio Asenjo, como el único responsable de los supuestos vínculos entre la compañía y el comisario jubilado. Y a él ha atribuido en exclusiva las posibles irregularidades que se hubieran cometido como resultado de dicha relación. 

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Central número 6, donde se sigue la causa, Joaquín Gadea citó al presidente de Iberdrola, quien ha comparecido esta mañana en el marco de la pieza 16, tras rechazarse la posibilidad de que la intervención de Sánchez Galán se realizase por vía telemática desde su domicilio. La declaración ha comenzado con una hora de retraso y se ha prolongado cerca de las dos de interrogatorio. 

Y, así las cosas, Iberdrola no ha podido evitar el paseíllo judicial de su presidente tras denegarse a su defensa la petición para declarar por videoconferencia, al entender que en los escritos presentados por sus abogados «no se aprecia la concurrencia de presupuestos de utilidad para la causa que justifiquen la declaración en el modo que interesa que garanticen su eficacia y validez».

Cinco contratos por 1,04 millones 

«Arrow» fue, según las pesquisas judiciales, el primer proyecto suscrito entre Iberdrola y Villarejo, en 2004. El encargo de la compañía pasaba por eliminar la oposición municipal, por las presiones de los ecologistas, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en Cádiz, a la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en la zona. En ese mismo año, y hasta 2005, llegó el segundo contrato –«Black Board» o «B-B»– para, supuestamente, conseguir información comprometedora sobre el entonces presidente del máximo competidor de Iberdrola en el sector eléctrico: Manuel Pizarro, al frente de Endesa.

Cuatro años después, en 2009, llegarían «Gipsy» y «Posy». Dos proyectos cuyo objetivo era la confección de un perfil, previo seguimiento, de uno de los propios directivos de Iberdrola, José María Álvarez. «Gipsy» se centró en Álvarez y un proveedor de la eléctrica, Francisco Julián Gutiérrez, entre quienes se sospechaba que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. «Posy» extendió las actuaciones del excomisario a la posible vinculación entre Álvarez y Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.

La última entrega de la trama Villarejo en Iberdrola llegaría en 2011. El proyecto «Wind» fue presuntamente creado para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de actuaciones en Rumanía, pero según fue transcurriendo el tiempo la relación se contaminó. Los conflictos nacidos de aquella apuesta fallida se acabaron resolviendo de manera favorable a la mercantil española, en el marco de un procedimiento arbitral.