La guerra abierta entre vocales progresistas y conservadores dinamita el CGPJ

No es la primera vez que ocurre pero sí la que más han quedado en evidencia las ya insalvables diferencias entre los vocales progresistas y conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El anteproyecto de Ley de Vivienda de Pedro Sánchez que esta semana se ha sometido, por segunda vez, a la votación del Pleno, ha terminado por dinamitar la calma tensa que, hasta ahora, se imponía en la institución, en funciones prorrogadas desde 2018. El aval de los miembros del Consejo, por una amplia mayoría de quince votos frente a seis, al dictamen presentado por los ponentes José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, en contra de la norma socialista, lejos de resolver el trámite –preceptivo pero no vinculante– ha hecho saltar por los aires el consenso, provocando un cruce de pronunciamientos particulares con «importantes» cargas de profundidad. 

Por una parte, dos de los vocales pertenecientes al considerado sector más tradicional del Consejo, Juan Manuel Fernández Martínez y Juan Martínez Moya, se mostraban críticos con la benevolencia del dictamen emitido en lo relativo a la «ocupación» de viviendas. Si bien en su voto concurrente compartieron y asumieron «lo sustancial», afearon a sus compañeros el hecho de que no hubiese una mayor concreción y contundencia en el «ámbito de la coordinación institucional, con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria». 

O lo que es lo mismo, cómo es posible que en un dictamen de semejante calado no se reprobase abierta y directamente la «carga» que deben soportar los propietarios de viviendas -«que pueden ser persona físicas igualmente vulnerable ante los supuestos de impago continuado»- sin poder defenderse con agilidad judicial y en absoluta ausencia de servicios sociales eficaces para dar a los inquilinos en precario una protección real. 

Es decir, Fernández y Martínez Moya elevaban la voz de sus discrepancias, apenas veinticuatro horas después del pronunciamiento oficial, para hacer constar unas «consideraciones» que, a juicio de fuentes próximas al Pleno, «pudieron haberse recogido en el informe» oficial, pero «la opinión de los ponentes» no lo permitió. 

La anunciada discrepancia progresista no se hacía esperar y, apenas unos minutos después de darse a conocer el contenido del voto concurrente, cinco vocales lanzaban su voto particular y lo hacían para oponerse, en bloque, al ya aprobado informe de la Ley de Vivienda: «Es oscuro y fuerza la jurisprudencia constitucional, cayendo en contradicciones evidentes».

Para Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo, el informe de sus compañeros Enrique Lucas y José Antonio Ballestero imputa «de manera grosera» al Anteproyecto de Ley «un intento de burlar el tenor de la Constitución». Y, además, implica «una distorsión e incorrecta versión del contenido y valoración de los términos del Anteproyecto de Ley», así como una diferente interpretación de la Constitución y de la jurisprudencia respecto al alcance del artículo 47 de la Carta Magna relativa «a la existencia de un Derecho de adscripción Constitucional a una Vivienda digna y adecuada».

Según su punto de vista, el Pleno incurre en una «extralimitación» del tradicional enfoque de los informes, sobre otros Anteproyectos de Ley, y «excede» lo que debe ser la función informadora del órgano de gobierno de los jueces. 

A juicio de los vocales progresistas la mayoría restante ha actuado «como si» el CGPJ «se tratase de una tercera Cámara legislativa» y han acusado al resto de sus compañeros de realizar «una forzada y poco constructiva intromisión en aspectos del articulado del texto sometido a su consideración, con apriorismos y juicios de intenciones exageradamente críticos impropios de la función institucional informadora» o de adentrarse en «consideraciones políticas o económicas que no les corresponden».

Unas consideraciones que en general no han sentado nada bien en el seno del máximo órgano de gobierno de los jueces ni,en particular, según apuntan a El Debate fuentes conocedoras del conflicto, al todavía presidente del mismo Carlos Lesmes quien, en todo este tiempo y salvo contadas excepciones, ha buscado un «perfil bajo» tanto para su Presidencia como para la propia institución. A dos años vista de una futura y eventual renovación del CGPJ, en el marco de la próxima legislatura, la unidad interna se ha dinamitado y, lo que es peor, la contienda ha trascendido al exterior. 

En pie de guerra

Desde que PSOE y PP renunciaran a cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de la próxima legislatura, el órgano no ha hecho más que ver cómo se deteriora su maltrecha convivencia ante situaciones inéditas en la historia del órgano constitucional. 

Por ejemplo, el hecho de que los vocales progresistas que conforman la Comisión Permanente votasen en contra del comunicado emitido por el Consejo, en defensa del Supremo, al hilo de los ataques proferidos desde Podemos contra el Alto Tribunal –y encabezados por la ministra Ione Belarra– tras su decisión de retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, condenado en sentencia firme por patear a un policía. Una posición que no obedecía a «ninguna razón objetiva», lamentaron en su momento fuentes próximas al CGPJ.

El escenario se ha replicado en muchas ocasiones más en las que la Comisión se ha visto obligada a emitir  pronunciamientos institucionales en defensa del Poder Judicial -y de su independencia- o a adoptar decisiones extraordinarias y temporales para suplir las vacantes del Tribunal Supremo, al no poder realizar nombramientos discrecionales tras la prohibición incorporada en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por los socialistas y sus socios de Podemos.

No en vano, varios de los vocales que han suscrito el voto particular, insistiendo en la «adecuación» de la Ley de Vivienda que aprobará el Ejecutivo en su próximo Consejo de Ministros, entre ellos Álvaro Cuesta –ponente del primer informe rechazado por el Pleno, el pasado 14 de enero, y favorable a respaldar el nuevo texto normativo– Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, también votaron en contra de la decisión del Consejo de asumir las funciones de gobierno de la Sala Militar Central del Tribunal Supremo. Y lo hicieron, tal y como apuntaban a El Debate fuentes próximas a la institución, «sin emitir un pronunciamiento motivado, y sin más discrepancia jurídica», con la única pretensión de macar una «posición concreta» frente a una prórroga que no comparten. 

Renuncia en bloque

Los vocales del sector progresista del CGPJ siguen manifestándose, a cada ocasión, en contra de sus funciones prorrogadas. El pasado mes de diciembre el vocal más beligerante en este sentido, Álvaro Cuesta –de nuevo con el apoyo de Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo, todos ellos designados por el PSOE, y Concepción Sáez, que lo fue por Izquierda Unida– ya planteó como única solución para forzar la renovación del órgano, una renuncia en bloque de los 21 miembros que lo conforman en la actualidad. La propuesta resultó sin efecto ya que la mayoría de los integrantes del Pleno descartaron que la dimisión fuese una alternativa a su situación. 

Se trata de los mismos miembros de la Comisión Permanente que se negaron a firmar la nota de condena oficial emitida en contra de las acusaciones de Podemos sobre el Poder Judicial, al hilo de la condena del diputado de la formación morada Alberto Rodríguez, por la que éste perdió su acta. Unas manifestaciones que si bien para la  mayoría de sus compañeros constituyeron un exceso absoluto «a los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», no lo fueron para los integrantes del sector progresista de la institución.