La Fiscalía utiliza los casos de abusos para abrir una gran causa contra la Iglesia

De nada ha servido que la Iglesia se haya abierto a cooperar con el Gobierno en la revisión pormenorizada de los bienes inmuebles inmatriculados a su nombre, o que la reciente visita de Pedro Sánchez al cardenal Omella –presidente de la Conferencia Episcopal– haya transcurrido en un ambiente de cordialidad. La izquierda española vuelve a señalar a la institución para desprestigiarla. La Fiscalía General del Estado abre un nuevo «vía crucis» para la reputación de la Iglesia utilizando los casos de pederastia en el seno de la misma. 

En una decisión inédita hasta la fecha, el Ministerio Público ha solicitado a los diecisiete fiscales superiores que, en un plazo máximo de 10 días, le remitan los expedientes de todas las denuncias y querellas en proceso de investigación, tanto en sede judicial como fiscal, relativos a agresiones y abusos sexuales cometidos contra menores de edad en cualquier espacio o por cualquier persona, pero que cumpla con un filtro en común: origen o vinculación religiosa. Una «causa general» que la Fiscalía ha justificado aludiendo a la necesidad de investigar el estado de la situación de manera inmediata. 

Lo más polémico del caso es que la decisión se ha activado a raíz de las cerca de doscientas cincuenta denuncias recogidas en un dossier periodístico confeccionado por El País que contiene supuestos casos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos o trabajadores seglares de la Iglesia, y que ya obra en poder tanto del propio Papa Francisco como del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella. 

Sin embargo, el Ministerio Público ha querido dar un paso más allá y tratar la cuestión en bloque, con el único criterio de la raíz común de la dedicación de quien cometió los deleznables abusos que ya están siendo investigados tanto dentro de las propias órdenes religiosas, como de los tribunales competentes para hacerlo. Y, dejando al margen, al resto de víctimas de abusos sexuales que lo hayan podido ser en otros entornos: centros deportivos, gimnasios, redes sociales, ...

Comisión de investigación parlamentaria

Tal ha sido el coste de oportunidad de la campaña contra la Iglesia iniciada por la Fiscalía General que, horas después de conocerse la posición- Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron en el Congreso de los Diputados una solicitud para convocar una comisión parlamentaria de investigación de los delitos enunciados. La Mesa se ha reunido este mismo martes para debatir la admisión a trámite de la iniciativa que, después, tendrá que ser debatida en el pleno de la Cámara.

La Mesa del Congreso –presidida por el PSOE, y con presencia de PP, Vox y Unidas Podemos– se ha reunido esta misma mañana para calificar dicha comisión y dar el visto bueno a su tramitación parlamentaria, una vez que los letrados de la Cámara Baja dictaminasen, unas horas antes, que no había impedimentos jurídicos para abordarla.

La propuesta ha sorteado así el primer filtro del Congreso, con el rechazo de los populares y Vox. Ambas formaciones han votado en contra de crear dicha comisión de investigación monográfica sobre los presuntos abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica. No en vano, tanto Pablo Casado como Santiago Abascal han defendido que las conductas objeto de análisis, y en su caso de condena, deberían ser materia exclusiva de los tribunales de Justicia porque no es competencia del Gobierno el control de la Iglesia. 

Por parte de la Conferencia Episcopal Española, los obispos han asegurado que «todas las investigaciones que haga el Poder Judicial» en materia de abusos cometidos contra menores en el seno de la Iglesia, y también en la sociedad, donde se producen la inmensa mayoría de casos, son «bien recibidas». Este hecho va de la mano con la política establecida desde la Santa Sede en los dos últimos pontificados para acabar con «esta lacra».