La Audiencia Nacional citará a Dina para decidir si sigue contra Pablo Iglesias

El terminal que fue presuntamente robado a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, en un centro comercial, ha traído de cabeza a quien fuera su jefe de filas, Pablo Iglesias, quien a punto estuvo de ser imputado ante el Supremo, en su entonces condición de aforado, por esta cuestión. Sobre él pesaban las sospechas de un posible delito de descubrimiento de secretos y otro de daños informáticos, ya que la propia Dina confirmó inicialmente al juez instructor de la causa judicial, Manuel García-Castellón, que la tarjeta mini SD que contenía su móvil estaba en perfecto estado cuando se lo sustrajeron pero no así cuando Iglesias se la entregó, seis meses después de tenerla en su poder. Sin embargo, Bousselhan se desdijo de su primera versión y complicó las pesquisas al juez que, el pasado mes de marzo, encargó a la policía acceder, sin éxito, al dispositivo de almacenamiento de datos. Una posibilidad que la propia Dina recurrió, a juicio del instructor, para «evitar toda posibilidad de esclarecimiento de unos hechos con apariencia delictiva».

Así las cosas, como ya avanzó El Debate, García-Castellón ha acordado citar a la principal perjudicada -además de a su exmarido Ricardo Sa Ferreira y a dos de los responsables policiales a cargo de la investigación, entre ellos el ex responsable de la DAO Eugenio Pino -tal y como ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, determinar si había alguna investigación policial que justificase que Villarejo tuviera esta información- para decidir si mantiene vivas, o no, las acusaciones que pesan sobre el exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de la formación morada. Será a lo largo de próximo mes de marzo.

Al hilo de lo que suceda en la nueva comparecencia de Dina ante el titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, se abrirá un triple escenario judicial para Pablo Iglesias. Por una parte, García-Castellón podría archivar la investigación, dado que al no poder accederse al contenido de la tarjeta móvil ha quedado disipada la posibilidad de acusarle de un delito de daños informáticos que, por otra parte, está claro que ha existido.

También podría el juez decidir la continuidad, si es que Bousselham se inclinase por no perdonar a Iglesias, un requisito imprescindible para librarle de una acusación por revelación de secretos. Escenario éste que parece poco probable ya que, hasta la fecha, y pese a que Iglesias entró «en conocimiento de los archivos de la tarjeta de su titularidad» sin que ella lo supiera, no ha supuesto que Dina presentase «querella, ni denuncia, ni ha instado acciones contra el Sr. Iglesias». «La Sra. Bousselham ha puesto de manifiesto la amistad que, más allá de la relación laboral o política, mantiene con el Sr. Iglesias durante estos últimos años» para justificarlo, criticaba el juez García-Castellón.

O bien, como última opción, cabría que García-Castellón no archive pero derive el expediente a un juzgado madrileño, el que por turno corresponda, para que sea la Justicia ordinaria la que decida si hay motivos para continuar indagando o amerita decretar el sobreseimiento. Un escenario que Pablo Iglesias trata de evitar. De ahí que tanto él como su exasesora hayan recurrido la decisión del juez de dar por finalizada la instrucción.

La teoría de las «cloacas»

Iglesias y Bousselham recurrían, este miércoles, la decisión del juez de García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de Tándem para esclarecer en qué circunstancias se produjo el robo del teléfono móvil de Dina, apuntando a la teoría de las «cloacas»: pudo ser un «encargo» al comisario José Manuel Villarejo similar a 'Kitchen'.

En su recurso, Iglesias alegó que las pesquisas deben prolongarse seis meses más para indagar en las posibles conexiones entre el robo del móvil de Bousselham y Villarejo y la cúpula policial de la época en la que se produjeron los hechos, el año 2015. Y, por ello, ha insistido en que debe rastrearse «cómo llegó al investigado Villarejo la meritada información de la tarjeta, y el recorrido que la misma hubiera podido tener respecto de la Dirección Adjunta Operativa».

Bousselham ha solicitado, por su parte, que se investigue si hubo «un encargo al señor Villarejo, por miembros del Gobierno o del Ministerio del Interior, o de la DAO, con fines partidistas, que consistiese en el robo a mi representada de su terminal móvil con el objeto de perjudicar al señor Iglesias».

El juez encargó a la Policía un dictamen pericial informático

El pasado 26 de enero, la Policía Judicial entregaba a García-Castellón el informe que certifica que el contenido de la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos es inaccesible, lo que imposibilitaba recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella.

Las conclusiones de los agentes encargados de las pesquisas remitidas al Juzgado Central de Instrucción Número 6 han puesto de manifiesto que la mini SD estaba destruida cuando se dispusieron a analizarla y, por lo tanto, fue imposible determinar si el contenido de la misma se manipuló, de algún modo, por alguien.

El pasado mes de marzo de 2021, el juez instructor García-Castellón, al frente del conocido como 'caso Dina', solicitó a los expertos de la Policía un dictamen pericial informático sobre el estado real de la tarjeta del móvil y la «viabilidad técnica» de acceder a la misma. García-Castellón quería conocer las causas que impedían, desde un primer momento, acceder a la información de la tarjeta, la técnica empleada para proceder al borrado de los datos desaparecidos, el motivo de la eliminación, deterioro o inservibilidad de los archivos y si éstos eran recuperables tras la última fecha de acceso.

Ahora, despejada la incógnita sobre la mini SD, el magistrado deberá decidir sobre el futuro procesal de la investigación y, en concreto, la responsabilidad de Iglesias en la misma. No en vano, García-Castellón solicitó al Supremo imputar a Pablo Iglesias por esta causa que, ahora, perdida la condición de aforado del expolítico, en caso de prosperar tendría que ser conocida por la Justicia ordinaria en primera instancia.