Neurona: las macrocausas abiertas contra la corrupción política (III)

En política, como en la guerra, no es buena idea hacer prisioneros. Que se lo digan a Podemos que se encuentra inmerso, como persona jurídica, en varias causas judiciales por presuntos delitos de financiación irregular, a partir de la denuncia formulada por José Manuel Calvente, un exabogado de la formación, purgado por Pablo Iglesias e Irene Montero, en 2019. Las acusaciones del que fuera responsable de cumplimiento normativo apuntan desde entonces al partido morado por presuntos delitos de malversación y administración desleal.

La matriz: Neurona Comunidad

El origen de las sospechas nacía en la contratación, supuestamente ficticia, de la consultora Neurona, una empresa mexicana de consultoría política con base en América Latina, matriz en México, y articulada en diferentes sociedades con sedes en Ecuador, Venezuela y Bolivia, vinculadas entre sí.

Es, sin embargo, la española Neurona Comunidad –que da nombre a la causa judicial– la agencia de comunicación relacionada con Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, que trabajó en varias campañas electorales a través de presuntas «contrataciones ilícitas», para simular gastos y llevarse así «comisiones» ocultas al fisco. Por estas maniobras el partido está siendo investigado por un delito de financiación irregular.

En los autos obrantes en mano del juez Juan José Escalonilla, como parte de una pieza inicialmente secreta, se sostiene que Neurona fue expresamente creada para la suscripción en 2019 de los contratos entre Podemos y la mercantil pese a que ésta no disponía de «experiencia previa en la prestación de tal tipo de servicios en el curso de una campaña electoral» y tampoco constaban empleados de alta en sus registros.

Varias diligencias encargadas por el magistrado mantienen abierta la matriz del «caso Neurona», en la que continúa imputado el partido, de acuerdo con la decisión judicial y siguiendo el criterio de la Fiscalía de Madrid.

Segunda línea: la «caja de solidaridad»

En la trama se habrían visto directamente implicados, siempre según el testimonio de Calvente, varios de los miembros de la cúpula del partido, así como algunos de los trabajadores con mayor peso en la organización, como la gerente Rocío del Val y el tesorero de las misma, Daniel de Frutos, todos ellos inicialmente sospechosos de recibir «sobresueldos» irregulares.

La derivada se centraba en la denominada «caja de solidaridad» del partido –el fondo creado para que los cargos públicos donasen parte de su sueldo para fines sociales– que, en realidad, se empleaban para desviar el dinero recaudado y pagar ciertos «complementos de coordinación», incluidos en las nóminas, o «subidas de sueldo» injustificadas. El juez rastreó si dichos aumentos fueron aceptados por el Consejo de Coordinación de Podemos.

A comienzos de este mismo año, la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba archivar, de manera definitiva, esta segunda línea de investigación.

Tercera derivada: las obras de la sede

Otra de las patas de la trama Neurona fue abierta entorno a las obras de la nueva sede de la formación, que también fueron destapadas por Calvente. La clave radicaba en la diferencia de precios reflejados entre el presupuesto aceptado para el inicio de las misma y el pagado tras su ejecución posterior. El magistrado al frente de la causa decretó hace un mes el sobreseimiento de esta investigación.

Campañas electorales con fondos públicos

El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, es el encargado de la investigación de un caso en el que trata de averiguar si Podemos pagó con fondos públicos una serie de trabajos electorales, para las generales del 28 de abril de 2019, que en realidad nunca llegaron a prestarse. Una fórmula que la organización política habría empleado para financiarse de manera irregular.

De las pesquisas realizadas por la UDEF de la Policía Nacional, así como de la información remitida por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el juez dio por acreditado que en febrero de 2019 Unidas Podemos redactó un borrador de contrato de prestación de servicios con una empresa que no había sido formal, ni oficialmente constituida, en dicha fecha, y por la que la mercantil –Neurona Comunidad– se vinculaba con la formación para desarrollar las estrategias de comunicación de la campaña electoral a las generales de abril de ese mismo año. En el pack, se incluyó el desarrollo de diferentes productos audiovisuales y spots publicitarios, por un valor total de 363.000 euros.

Los pagos, presuntamente efectuados a través de diferentes transferencias, fueron destinados a Elías Castejón –un presunto testaferro que podría estar encubriendo otras maniobras irregulares– y al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por un importe de 26.200 euros.

Por esta última operación, Monedero compareció como imputado ante el magistrado Escalonilla el pasado día 15 de enero. Se trataba de aclarar la «factura falsa» que, según la tesis de la Policía Nacional, emitió para recibir dicho importe.