La UDEF apunta que Podemos infló los trabajos entregados al juez para justificar el pago de 360.000 € a Neurona

De todas las acusaciones vertidas por el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, contra el que fuera su partido, la Fiscalía sólo ha visto sospechas de delito en los contratos suscritos entre la formación morada y la consultora Neurona, para la realización de la campaña del candidato Pablo Iglesias a las elecciones generales de 2019. Así lo expuso la fiscal del caso, Lorena Álvarez, el pasado 7 de septiembre: «Existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil, [más de 360.000 euros], no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado». 

En el mismo sentido apunta un reciente informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso El Debate. Tras un análisis pormenorizado de la información registrada en el chat de Telegram de los responsables de aquella campaña electoral, los agentes han concluido que lo vertido en las conversaciones facilitadas por una de ellos, en calidad de testigo, «no se ajustaría a lo plasmado en la factura emitida por la mercantil Neurona Comunidad, S.L. por un importe de 363.000 euros». No en vano, para justificar dicho pago, y según las pesquisas de la UDEF, Podemos entregó al juez instructor Juan José Escalonilla una memoria de almacenamiento con más de 1400 «productos» que, en realidad, no se corresponden con los utilizados en las campañas diseñadas y lanzadas durante los días previos a los comicios según se desprende del volcado de los datos de Telegram.

Así consta en el literal del documento policial cosido al tomo 15 de las diligencias judiciales previas a las que ha tenido acceso El Debate: «Los vídeos enviados en el chat», mantenido entre el responsable de Neurona C.P. y una trabajadora de Podemos K.A., citada como testigo, una vez comparados con los más de 1.400 «trabajos entregados» por la formación al juez instructor, Juan José Escalonilla, ponen de manifiesto que dichos vídeos diseñados para la campaña electoral de 2019 se corresponden «con una mínima parte de los archivos que contiene la memoria de almacenamiento masivo analizada». Un total de cinco. 

Además, «tanto en el detalle de la factura, así como en el contrato de prestación de servicios», suscrito entre Podemos y la consultora, «los vídeos comprometidos son de alta definición» mientras que la realidad es que en un momento de la conversación entre C.P. y K.A., el primero reconoce a la segunda que no puede facilitarle resultados de mejor calidad porque «las imágenes originales son viejas y no existen en alta». 

«Ciertas discrepancias»

Podemos siempre ha defendido el elevado importe de la factura bajo la lupa, en los más de 1.400 productos que, según el partido, habría hecho Neurona: grabaciones, ediciones, imágenes, coberturas de debates e intervenciones en medios, producción de actos... Además de la participación presencial de varios de los miembros de la consultora en nueve actos de campaña. Entre ellos, el celebrado en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid el 23 de marzo, y los de inauguración y cierre de los comicios. 

Sin embargo, la comparativa de estos documentos con la colección de vídeos contenidos en Telegram «evidencian la existencia de ciertas discrepancias entre el producto entregado por Podemos en la memoria de almacenamiento masivo y lo analizado en el chat». Como, por ejemplo, «la distinta denominación de algunos de los archivos y otros, bien sea videográficos, fotográficos y documentales, no constan en la memoria de almacenamiento masivo». 

Algunos de los vídeos enviados en Telegram no coinciden en la denominación del archivo con el producto entregado en la memoria de almacenamiento masivo analizada, aunque a priori sí parecen tener el mismo contenido visual para los agentes de la UDEF, mientras que otros sí son coincidentes. Por otra parte, «ninguno de los archivos enviados» en formato PDF en el chat, una vez puestos en comparativa con lo aportado por Podemos en la memoria de almacenamiento masivo entregada al juez, «ha sido hallado». 

En lo relativo a los archivos fotográficos enviados en el chat de Telegram, el informe policial señala cómo «de las seis imágenes enviadas, una vez que han sido puestas en concordancia con lo aportado en la memoria de almacenamiento masivo» faltaría una «denominada como 'PO_025.jpg'». Uno de los interlocutores, C.P. «reenvía al chat un archivo denominado como 'PO_022.jpg' que previamente le ha sido enviado por una persona desde una cuenta de la aplicación de mensajería Telegram que según consta ha sido eliminada» del hilo de la misma, apuntan los agentes en su informe. 

Podemos se queja del exceso de la UDEF

En los últimos días, Podemos ha presentado un escrito al juez del caso en el que denuncia el «exceso de celo» de la  UDEF en el análisis de las conversaciones de un chat de Telegram que la formación ha calificado de «confidencial» y del que, a su juicio, el magistrado solo ordenó estudiar los vídeos contenidos en el mismo. 

Se trata del informe en el que la UDEF analiza el contenido extraído de una conversación mantenida en Telegram, entre el 9 de abril y el 9 de agosto de 2019, entre la trabajadora de Podemos citada como testigo K.A. y el responsable de Neurona C.P. Podemos mantiene que los agentes policiales encargados del mismo se «extralimitaron».

Sin embargo, en las cuestiones previas del documento, los agentes hicieron constar cómo «en sede judicial» y «en un acto previo a la extracción del contenido realizado por la UCC», la propietaria del móvil K.A. «procedió al borrado de determinados mensajes de texto y otros contenidos que figuraban en la conversación» que era objeto de análisis, «ya que según su valoración personal estos contenían información que comprometía la estrategia política de la formación Unidas Podemos y que a su juicio 'no eran relevantes para la investigación'». 

Presuntos sobrecostes

La consultora Neurona remitió al Tribunal de Cuentas un documento en el que describía las actividades desarrolladas para Podemos, en el marco de la campaña electoral a los comicios generales de abril de 2019, y los importes concretos asignados a cada uno de ellos en virtud del contrato de prestación de servicios de consultoría estratégica y marketing político suscrito entre ambos. En dicho texto se distribuía el trabajo en tres bloques:

• «Elaboración de líneas estratégicas de precampaña y campaña electoral», con una atribución económica de 60.000 euros.
• «Cobertura gráfica y audiovisual para la precampaña y la campaña electoral», por importe de 110.000 euros. 
• «Racionales de acción y diseño, creación, desarrollo, producción, integración y operación de soluciones audiovisuales y productos comunicacionales», con un coste de 130.000 euros. 

El informe de la UDEF, que ahora apunta a trabajos inflados por Podemos para justificar los pagos efectuados a Neurona, entra en conexión con esta última partida. Y, sobre la misma, es sobre la que el juez instructor Escalonilla decretaba, este jueves, como avanzó El Debate en primicia, la práctica de una prueba pericial específica para que un diseñador gráfico independiente cuantificase los presuntos sobrecostes aplicados a los trabajos concretos que sí se han comprobado como servicios reales prestados por la consultora al partido. 

En concreto, el magistrado ha decidido «acordar la práctica de pericial sobre el precio o coste de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting S.A. de CV, expuestos en el apartado de hecho único de la presente resolución. Dicho informe pericial será realizado por un diseñador gráfico, en lo relativo a los 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda, y en lo relativo a los 48 vídeos por un técnico de realización y edición de vídeos, o una mercantil cuya actividad mercantil comprenda la edición de vídeos, y que haya participado en campañas electorales, teniendo que valorar igualmente el trabajo estratégico de segmentación llevado a efecto por los trabajadores de Neurona Consulting S.A.». Dicha segunda pericial «comprenderá el valor del coste de cobertura de los siete actos electorales».