Anticorrupción despeja el futuro de Don Juan Carlos a la espera de que Delgado autorice el archivo final

Los tiempos dependen únicamente de la fiscal general del Estado. Dolores Delgado tiene en su mano la decisión de cuándo archivar, de manera definitiva, las tres líneas de investigación abiertas contra Don Juan Carlos por su fortuna en el extranjero. Fuentes próximas al procedimiento han apuntado a El Debate que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón –quien firmará en solitario los tres decretos confeccionados– no tiene ya, objetivamente, ningún motivo para continuar con la instrucción que pesa sobre el patrimonio del rey emérito.

Aunque hace varios meses que Anticorrupción anunció su intención de cerrar las pesquisas, los fiscales se vieron obligados a solicitar una nueva prórroga de seis meses sobre las mismas, hasta el próximo mes de junio, en espera de varios documentos bancarios procedentes de comisiones rogatorias libradas a Suiza. Sin embargo, tras el sobreseimiento de la causa contra Corinna Larsen en el país helvético y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de anular la norma española que obligaba a declarar todos los bienes en el extranjero, los trámites para dar carpetazo a los asuntos judiciales del monarca –que nunca han llegado a formalizarse en acusaciones concretas– se han ido aclarando hasta el punto en el que la fecha concreta para liquidar el tema cuelga de Delgado.

Primera línea: el Ave a la Meca

La primera línea de investigación –la relativa al AVE a La Meca– se inició precisamente en el seno de la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección del propio Luzón. En sospecha las presuntas comisiones que habría recibido Don Juan Carlos por la intermediación internacional realizada a favor del régimen saudí para la construcción del trazado de la línea de ferrocarril de alta velocidad. En el punto de mira de los investigadores: hasta tres movimientos, a favor de familias reales, de 100 millones de dólares, 120 millones de euros y 98 millones de euros.

Fue la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, quien decidió trasladar las pesquisas al Supremo por la condición de aforado del antiguo monarca y designar como responsable de la causa a su entonces número dos, el ya fallecido fiscal Juan Ignacio Campos por su amplia experiencia en delitos económicos. La situación no fue sencilla pues se produjeron algunas desavenencias que, ahora, han vuelto a su posición de origen.

Segundo capítulo: tarjetas 'black'

El segundo capítulo de las investigaciones de los fiscales Paloma Iglesias y Juan Carlos López Coig, del equipo de Alejandro Luzón fueron las denominadas tarjetas black, emitidas por la Fundación Zagatka, de las que el padre del Rey Felipe VI, presuntamente, se habría beneficiado, a partir de 2014 cuando ya no era titular de la Corona ni estaba protegido por la inmunidad de la misma. Sin embargo, la prescripción de los delitos y la falta de indicios para atribuir algún mal comportamiento al monarca –según la información de Suiza, recibida a finales del año pasado– fueron suficientes para que Anticorrupción se pusiese manos a la obra hacia el cierre definitivo de la misma.

Además, las regularizaciones realizadas voluntariamente por Don Juan Carlos, en diciembre de 2020 y en febrero de 2021, coincidieron con los supuestos pagos en especie que dicha fundación realizó en forma de vuelos al emérito. Los funcionarios de la Agencia Tributaria ya han comprobado los números para entregar a la Fiscalía el visto bueno sobre el archivo de esta derivada de las investigaciones, al «dar por buenas las regularizaciones tributarias efectuadas»

Don Juan Carlos registró dos regularizaciones por importe de 678.393 euros y 4,4 millones de euros.

Fue la Fiscalía del Supremo la que notificó a Don Juan Carlos que estaba siendo investigado por su fortuna, buena parte de ella oculta en el extranjero. Fue el propio teniente fiscal del Alto Tribunal, el ya fallecido Juan Ignacio Campos –responsable directo de las pesquisas en cooperación con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón– quien comunicó formalmente a Juan Carlos I la apertura de las tres causas contra él, en junio, noviembre y diciembre de 2020. Lo que provocó que el monarca se dirigiese voluntariamente a la Agencia Tributaria para consignar sendas regularizaciones y disipar, así, las dudas sobre un presunto delito fiscal, que ya ha quedado disipado.

El tercer fleco: cuentas en paraísos

Ni rastro de indicios «que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón», reza el borrador del decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción sobre la fortuna del rey emérito en la isla de Jersey. El equipo de fiscales encargados de la investigación del patrimonio del padre del Rey, con el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, al frente, apunta que por lo tanto «procede acordar el archivo de las diligencias» 44/2020, abiertas hasta la fecha sobre esta materia.

Bajo la lupa una supuesta cuenta bancaria con fondos de más de 10 millones de euros a nombre de Don Juan Carlos, localizados en el paraíso fiscal que, tal y como ha adelantado el periodista Carlos Herrera en su programa radiofónico de la cadena COPE, ha quedado limpia de sospechas, tras las pesquisas practicadas por el Ministerio Público donde se trabaja a destajo para cerrar las tres patas del expediente sobre el emérito.

«Desde 2014 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M.D. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas», afirma el documento de resolución en sus conclusiones.