El caso Plus Ultra llega al Congreso con nueve preguntas demoledoras para el Gobierno

Un año después del polémico rescate de Plus Ultra, la aerolínea mimada por Nicolás Maduro y rescatada por el Gobierno de España sin dar detalles y entre sospechas, la coraza puesta para no dar cuentas de la operación puede caer en breve por la combinación de la acción parlamentaria y la legal.

El PP ha registrado ya la que tal vez sea su mayor ofensiva parlamentaria de la legislatura a propósito de este caso que nació con la concesión de 53 millones de euros públicos a una empresa con apenas actividad, muchos lazos con Caracas y un cúmulo de pérdidas previas a la pandemia con la que se justificó un préstamo de la SEPI desde un fondo aprobado por el Consejo de Ministros.

Hasta nueve preguntas tendrá que responder el Gobierno, en el Congreso, firmadas por los diputados populares Javier Merino y Elena Castillo, un volumen que ya da cuenta de la reactivación del caso desde que este martes El Debate publicara, en exclusiva, la conjura del Ministerio de Hacienda y de Plus Ultra para no dar cuentas del expediente de rescate que entre ambos tejieron.

Pero si el volumen ya atestigua la magnitud del desafío contra el Gobierno, su contenido puede hacer saltar por los aires su empeño por esconderlo todo. La precisión de las mismas, a las que ha accedido El Debate y que ya están consignadas en el Congreso, presagia muchos apuros para el Ejecutivo, al que se interrogará de aquí a un mes sobre aspectos muy concretos de la operación a los que deberá contestar sin subterfugios o quedar expuesto de manera evidente.

En una de ellas, por ejemplo, la oposición va directo al corazón de la polémica, al insistir en la utilización de un fondo que solo podía dedicarse a empresas con problemas por la pandemia, pese a que, como documentó El Debate, Plus Ultra acumulaba pérdidas en todos los ejercicios inscritos en el registro mercantil. Para, después de esa decisión, confinar todos los detalles bajo un manto de secreto.

«¿Conocía el Ministerio de Hacienda la importantes pérdidas que acumulaba la empresa Plus Ultra en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, ambos inclusive? ¿Qué argumentos y documentos aportó Plus Ultra para que el Gobierno aprobara un rescate de alto riesgo? ¿Por qué los mantienen en secreto si es dinero de todos los españoles?».

Ábalos y Montero, en la mirilla

La ofensiva parlamentaria toca todas las sombras de la operación y cita a todos los personajes clave: a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende el organismo que dio el dinero, la SEPI; al destituido ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fundamental en la elaboración de informes a favor del rescate que siguen ocultos pese a que el Consejo de Transparencia los ha calificado de «indudable interés general» e, incluso, de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español que actúa internacionalmente como «embajador» oficioso de Maduro.

A este respecto, los populares, preguntan de manera directa si el Gobierno de España nombró a Zapatero «interlocutor con la aerolínea Plus Utra para negociar la subvención que recibió dicha empresa del Gobierno».

Y aún van más lejos al interrogar a Sánchez, a través de sus ministros, si el expresidente «ha estado presente en alguna de las reuniones mantenidas con la aerolínea y el Gobierno y en calidad de qué».

Las puntillosas preguntas aspiran a diseccionar la operación que, al calor de la situación de excepcionalidad sanitaria, se justificó al considerar estratégica una empresa cuidada por Maduro, hasta el punto de que es una de las tres que desde hace semanas tiene una especie de «permiso especial» de Caracas para actuar en conexión de la aerolínea estatal venezolana. Y que este jueves reanudó su ruta propia entre Madrid y Venezuela con vuelos de ida y vuelta una vez a la semana.

Los silencios del Gobierno

El Debate desveló a principios de esta semana una novedad crucial en un caso plagado de dudas por la naturaleza del rescate en todos sus puntos y las conexiones empresariales y políticas de los protagonistas de un episodio incluido en una larga historia de complicidades entre el Gobierno de Sánchez y el de Maduro que tienen, en el extraño encuentro en Barajas entre el destituido Ábalos y la viceministra chavista Delcy Rodríguez, la punta más vistosa del iceberg.

La SEPI se ha negado a explicar cuáles fueron los argumentos y documentos recibidos desde Plus Ultra para liberar una cantidad de dinero en un país donde 30.000 empresas han cerrado en 2021 afectadas por la crisis. Y la aerolínea se ha escudado en esa actitud para hacer lo mismo, ambas con el paraguas de al menos dos Ministerios: ni Hacienda ni Transportes, pese a la controversia y las derivas judiciales que ya ha tenido, han practicado la transparencia que el Gobierno se comprometió a aplicar, hoy olvidada a tenor de los cientos de resoluciones formales, del Consejo e incluso de la Audiencia Nacional, que han señalado su opacidad. Quizá hasta ahora.