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La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores DelgadoEFE

Como ya avanzó El Debate

El Supremo resolverá juntos los dos recursos contra los nombramientos de Dolores Delgado

El Alto Tribunal ha postpuesto la decisión sobre el fondo del asunto y acumulará, en una única sesión y sentencia, la decisión sobre la legalidad, o no, de las polémicas designaciones a dedo de la fiscal general

No ha habido discusión de fondo, ni el más mínimo resquicio de discrepancia entre los magistrados. La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acumulará los dos recursos planteados -por la Asociación de Fiscales (AF) y el fiscal José Miguel de la Rosa Cortina- contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón, como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores, para dictar una única sentencia. Tal y como avanzó El Debate, el resultado de la deliberación de los magistrados, reunidos este martes, se ha centrado en esta primera cuestión formal. La decisión sobre el fondo del asunto tendrá, por tanto, que «esperar» a que el ponente del segundo asunto, el del candidato al puesto que fue descartado, «termine la redacción» del mismo. Fuentes próximas a la causa confían en que la nueva fecha para debatir sobre el recurso se fije «lo más rápido posible», en el transcurso de este mismo mes o principios de marzo.

Una vez más, el Alto Tribunal se enfrenta a una polémica que afecta a Dolores Delgado y tendrá que resolver si la designación discrecional de Esteban Rincón se ajustó a la legalidad. Tanto para la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo, como para el otro aspirante al puesto, José Miguel de la Rosa Cortina, la elección de la titular del Ministerio Público no respetó los criterios mínimos de «idoneidad» para las vacantes.

Delgado defendió, en su día, la elección de Esteban Rincón exfiscal Jefe de Madrid, por su capacidad para dirigir la circunscripción más numerosa y compleja de todo el país «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos». Sin embargo, a juicio de la AF, de la Rosa Cortina, que también se postuló para el mismo cargo, atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala, un escalafón superior al del elegido.

Un caso más que, a juicio de la entidad profesional, y del propio descartado, vendría a confirmar la opinión casi unánime en el seno de la Carrera sobre la «querencia» de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció antes de adquirir dimensión pública– en sus procesos de selección.

De confirmarse esta tesis sobre la falta de transparencia y el sesgo de la titular del Ministerio Público en sus designaciones se vería mermado, todavía más, el prestigio de una institución en la que el Supremo tendrá que intervenir. Y es que, en las próximas semanas, tendrán que cubrirse varias jefaturas de la Fiscalía, al caducar el mandato de sus actuales titulares, entre las que se encuentran la de la Audiencia Nacional, Antidroga, Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática y Cooperación Penal Internacional. Además, Delgado tendrá que decidir el reemplazo o la confirmación del fiscal de Sala contra los delitos de la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales.

La asociación mayoritaria en el Consejo (AF), con cinco miembros electos y presidida por Cristina Dexeus, que ha llegado a exigir la dimisión de la socialista, se quejaba en el recurso planteado ante el Alto Tribunal de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia sólo conocida por la fiscal general del Estado».

No en vano, si bien es cierto que Delgado dispone de una amplia discrecionalidad para cubrir vacantes, sus excompañeros critican que su método sea como «norma general» que «sus propuestas lo sean de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros».