Anticorrupción baraja pedir declaraciones de cargos de la CAM como investigados en el contrato del hermano de Ayuso

Desde que se hiciese público el presunto espionaje de la cúpula del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato desde la Comunidad de Madrid (CAM) a la empresa Priviet Sportive SL, de la que es proveedor el hermano mayor de la presidenta- Tomás- la sombra de la judicialización ha cobrado cada vez más fuerza. Varios días de acusaciones, comparecencias y alguna dimisión han puesto, finalmente, el polémico documento en manos de Anticorrupción que, el pasado martes, abría una investigación para determinar si en los hechos denunciados por la izquierda madrileña -PSOE, Mas Madrid y Unidas Podemos- hay indicios de criminalidad. Fuentes próximas al Ministerio Público han señalado a El Debate las diligencias que prepara el fiscal jefe Alejandro Luzón, personalmente encargado de las pesquisas, más allá del análisis de los documentos aportados: varias testificales y la declaración como investigado de algún cargo de la CAM.

El primer paso será, según apuntan las mismas fuentes, la solicitud de un informe a la Unidad Adscrita de la Intervención General del Estado en la Fiscalía para que se pronuncie sobre la legalidad en la tramitación y en la concesión del contrato bajo sospecha. Y, una vez en disposición del mismo, si éste es concluyente sobre la existencia de indicios de irregularidad, la citación de la persona o personas involucradas en la adjudicación. Entre ellas, el responsable o responsables de autorizar el gasto con cargo al erario público que provocó el suministro contratado, una partida de 250.000 mascarillas FPP2-3.

Además, ya en clave policial, Luzón tendrá que acreditar el vínculo del hermano mayor de la presidenta de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, con el adjudicatario de la operación.

No en vano, las «mínimas» pesquisas iniciadas se centrarán en determinar «quiénes fueron los protagonistas del contrato» que permitió la adquisición de las mascarillas-esto es, los «términos de la intervención» de las partes en el procedimiento- dónde participó cada una de ellas y cuál fue el fallo de su actuación, si es que lo hubiera.

«La excepcionalidad de la situación vivida con la pandemia justificó un marco también excepcional de contratación administrativa» en el que «superar las cuantías que permite una adjudicación directa» en circunstancias normales, «en este caso, ya no es inidicio de irregularidad». El trabajo de la Fiscalía excluirá, por tanto, valorar la adecuación, o no, de los importes de la operación o lo elevado del porcentaje de las contraprestaciones derivadas a terceros.

El propio Luzón reconocía en su decreto de apertura de diligencias que la tramitación se llevó a cabo en un contexto de «indiscutible trascendencia social» para atender la «necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».

Así que, de existir algo indebido en el contrato de la polémica, serán las indagaciones básicas de Anticorrupción las que determinen si «la adjudicación singular del mismo pudo estar condicionada» o derivarse «de la relación de parentesco o amistad con cualquiera de los intervinientes» en el proceso administrativo del contrato público bajo la lupa.